De manera unánime el pleno del TC declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad del exmilitante del PS y alcalde electo de San Ramón, que buscaba declarar inconstitucional el artículo 241 bis del Código Penal con que el Ministerio Público le imputa el delito de enriquecimiento ilícito.

Tras la orden del fiscal nacional, Jorge Abbott, de revisar las causas por presunta violencia institucional, en el marco de las protestas por la crisis social, hoy la Fiscalía Centro Norte -que concentra gran parte de estos casos por estar en la jurisdicción del sector de Plaza Italia- comenzó la revisión de cerca de 3.000 casos. Destinará a 35 abogados a llenar una planilla con 70 datos necesarios para determinar el futuro de estos casos, lo que podría incluir volver a tomar declaraciones a víctimas, y elaborarán un plan de persecución penal para estos delitos. Abbott dio como plazo máximo el 16 de agosto.

A través de una carta al general director de la policía uniformada, Ricardo Yáñez, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, destacó el rol que jugó ayer Carabineros en el control del orden público con la aplicación del nuevo protocolo policial. Los pilares fundamentales del nuevo plan son el derecho a manifestación, la acción policial sobre delitos y auditorías vigiladas. Y busca generar un diálogo entre la policía y los civiles. “Hizo un uso diferenciado, necesario y proporcional de la fuerza policial”, afirmó.

Luis Antonio Vásquez Ferreira (66), apodado “el loco chico”, ingresó por primera vez a la cárcel el 17 de octubre de 1978, cuando era un joven de 23 años de edad. Hoy, cuatro décadas después, sigue en prisión, convirtiéndose -de acuerdo a los registros de Gendarmería- en el reo que lleva más tiempo privado de libertad en el país. Podrá salir recién el 21 de enero de 2041, es decir, cuando cumpla 85 años. Esta es su historia.

Hace seis meses circuló un mensaje de WhatsApp en que el jefe del Ministerio Público del sector Oriente socializaba su intención de dejar la institución, pese a que aún le quedaban tres años en el cargo. La situación generó malestar en algunos al interior de la fiscalía, debido a que algunos sostenían que ese tipo de anuncios no se hacían, sino más bien se concretaban, y otros porque pasó el tiempo y no ejecutaba su dimisión hasta este jueves 1 de julio, cuando envió un correo a persecutores y funcionarios. Pese a que se irá recién en un mes más, la carrera para ocupar el escaño que deja el abogado ya empezó, y hay quienes corren con ventaja.

Este martes la Corte Suprema reeligió a Rodrigo Pica como ministro del Tribunal Constitucional (TC), por un periodo de nueve años. El abogado había asumido el puesto por primera vez en marzo de 2020 y es el único juez que TC que ha realizado una carrera interna en el organismo. En total lleva 12 años, desde que comenzó como abogado asistente hasta la fecha. En su primera entrevista desde que fue escogido, analiza cuáles deberían ser las mejoras que la Convención Constitucional le podría hacer al tribunal y argumenta la importancia de mantener el rol que juega una institución que podría desaparecer en medio del proceso constituyente.

Tras formalizar al excarabinero Patricio Maturana en agosto pasado por las lesiones graves que le provocaron la ceguera a Fabiola Campillai, la fiscalía pidió al Servicio Médico Legal realizar un examen sicológico y siquiátrico a la víctima, de acuerdo a las normas del Protocolo de Estambul. Esta pericia es necesaria para el Ministerio Público, con el objetivo de establecer si se configuran o no responsabilidades penales y poder llevarlo ante la justicia para lograr condenas.

Marcelo Lefort cuenta con dos privaciones de libertad ordenadas en distintos procedimientos. Una, la del 7° Juzgado de Garantía y la otra, por la misma causa, acogida Chillán, en el Tribunal de San Carlos.

Andrés Cox es un empresario agrícola y ganadero, propietario de un fundo de 470 hectáreas en Cañete. Tras una serie de atentados, su terreno dejó de ser productivo. Ahora quiere venderlo al Estado y que mapuches puedan desarrollarlo en su reemplazo.

Ayer, la jueza Carolina Fajardo, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, decidió que seis de 26 imputados en la causa -que se relaciona a las detenciones masivas que hizo Carabineros cerca de Plaza Italia por desórdenes públicos en marzo de 2020- deberán "abstenerse de transitar, si hay protestas", en un cuadrante que comprende los alrededores de Plaza Baquedano durante un año. El resto irá a juicio. Solo uno fue condenado debido a que no cumplía con los requisitos para llegar a este acuerdo ni para ir a juicio. Le dieron 71 días de presidio menor por desórdenes públicos.

Hoy fueron informados de la decisión los tres postulantes al cargo para reemplazar a Andrés Mahnke. Según fuentes de gobierno, ninguno cumplía con el perfil que se está buscando.

A diferencia de las conclusiones realizadas por el equipo legista del organismo de Concepción, exámenes realizados por PDI dan cuenta de un presunto hallazgo de fluidos que darían cuenta de un delito sexual en contra del niño de 3 años y 7 meses que desapareció y luego fue encontrado muerto en el sector de Caripilún, en Lebu. Los antecedentes fueron informados hoy por la fiscalía a la familia del pequeño, debido a que con esto se reactiva la persecución penal en contra del principal sospechoso del caso, el tío abuelo de la víctima.

Hoy pasarán a control de detención dos de los 12 imputados identificados por el secuestro de dos personas en Collipulli, hechos que se habrían producido desde el 8 de junio. Uno de ellos logró escapar y el otro habría sido descuartizado por sus captores para ocultar el cuerpo. Según fuentes del caso, una de las hipótesis es que las víctimas eran mecánicos que estaban arreglando un auto de los imputados y en ese contexto les habrían robado unas armas. Las policías sospechan que existiría un nexo entre este caso y el homicidio del cabo Francisco Benavides, asesinado el 24 de mayo pasado.

Eduardo Rodríguez Romero (38) tiene un amplio prontuario. Partió con condenas por robos violentos y en 2013 fue declarado culpable de violar a una mujer frente a su hijo de 2 años. Cumplió la mitad de la sanción penal y fue beneficiado con libertad condicional en diciembre de 2018. Dos años después fue detenido por violar a otra mujer en la vía pública, en La Granja y volvió a prisión. Pero no fue la única víctima de Rodríguez mientras disfrutaba del beneficio carcelario. En mayo pasado, el Servicio Médico Legal se dio cuenta -mediante pericias genéticas- de que también había violado a dos niñas de 13 y 15 años en noviembre de 2019, al interior de una casa abandonada, ubicada al costado del Templo Votivo de Maipú. Hoy será formalizado.

En ambos programas de las principales cartas a La Moneda aparece la iniciativa de incluir en el proceso criminal la decisión de la ciudadanía a través de un jurado como está incorporado en el sistema penal estadounidense. La propuesta es valorada por una parte del mundo judicial, aunque advierten que no puede ser para todos los delitos, sino para aquellos más graves que provocan mayor impacto en la sociedad. También hay quienes de plano la consideran una idea "populista" e impracticable en una sociedad como la chilena.