La Primera Sala del organismo, de forma unánime, decidió visar el primer trámite con que el exsenador UDI busca declarar inconstitucional la norma del Código Orgánico de Tribunales que permite que haya sido condenado por mayoría y no de forma unánime, lo que, a su juicio, afecta la presunción de inocencia y el estándar probatorio que exige la ley, que es dictar una condena "más allá de toda duda razonable". A juicio de la defensa del exparlamentario, el que haya sido absuelto por una de las juezas del Tercer Tribunal Oral instala esa duda. El TC dio 10 días para que el Ministerio Público conteste a esta arremetida.

Luego de dos meses de investigación por una presunta omisión de denuncia de parte de la superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, acusada de no informar que Enjoy desarrollaba apuestas en línea, el Ministerio Público decidió sobreseerla. El fiscal jefe Patricio Cooper llegó a la convicción de que no había delito ni falta penal, tras recibir un informe de la entidad que dirige Villagrán que detalla qué hicieron en relación a dicha cadena de entretenimiento y apuestas. Esta causa es paralela a la que indaga el jefe regional de la Fiscalía Centro Norte y que involucra una denuncia de diputados que menciona al Presidente Piñera.

Hasta hoy se sabía que la causa, que es reservada por estar siendo investigada por la Ley de Lavado de Activos, apuntaba a once municipios del país en el que se habrían pagado coimas a cambio de millonarias licitaciones con la empresa Itelecom. Sin embargo, hace algunos días el Ministerio Público tuvo que abrir su investigación ante el SII para ir a la caza de presuntos delitos tributarios cometidos por los imputados, dando cuenta que son muchas más aristas las que indaga en la actualidad. Entre ellas hay sospechas de emisión de facturas y boletas ideológicamente falsas a la firma de luces Led, de propiedad de Marcelo Lefort, que ocultarían el pago de sobornos, pues esos servicios nunca se habrían prestado.

En lo que va de 2021, el Ejecutivo ha devuelto a sus países a 321 extranjeros por ingresar ilegalmente a Chile. Las deportaciones masivas están en la mira de la justicia y ha suspendido algunas, declarándolas ilegales. Mientras, las cortes reforzaron horarios para revisar amparos y “salvaguardar derechos que emanan de la dignidad humana”.

Este viernes se cumplen dos años desde que se creó esta plataforma que principalmente ha sido ocupada para afrontar trámites no presenciales en Chile debido a las restricciones de tránsito por el Covid-19. De acuerdo a cifras de la institución, desde que comenzó la pandemia se han requerido a través de este servicio on line 663 millones de permisos, siendo la mayoría de ellos (329 mil millones) temporales, además de 322 mil millones colectivos y 11 millones de salvoconductos individuales. Además, ha servido para entregar información de personas para más de 15 mil casos judiciales y se calcula que -hasta el 20 de abril- 337 de los documentos entregados han sido falsificados o mal usados por la ciudadanía.

El jueves y viernes de la semana pasada, Marcelo Lefort, dueño de la empresa de luminarias investigada por millonarias coimas a empleados municipales y del Ministerio de Energía, entregó una nueva declaración ante la fiscalía. Lo hizo luego de entregar al tribunal una serie de minutas con hechos que quería detallar en relación a alcaldes y funcionarios públicos que estarían involucrados en actos de corrupción, entre ellos los jefes comunales de Coyhaique, Alejandro Huala (PS), y de Puerto Natales, Fernando Paredes (UDI). Sin embargo, el empresario se quita responsabilidad y apunta que eran sus exejecutivos quienes hacían estas actividades ilegales.

La querella presentada por el abogado Juan Ignacio Piña, en representación de la empresa Fedir SpA, argumenta que tres firmas del grupo Aliservice aumentaron artificialmente sus estados financieros, lo que les habría permitido adjudicarse contratos por $ 500 mil millones en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). También se interpuso un recurso de invalidación ante el organismo, se pidió oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presunto fraude al Fisco y llamar a declarar al director de la Junaeb, Jaime Tohá, junto a la comisión evaluadora.

La mujer fue víctima de impacto de bomba lacrimógena en San Bernardo cuando iba a su trabajo, el 26 de noviembre de 2019. En total, la fiscalía lleva investigando este caso un año y medio. El 27 de mayo, el Juzgado de Garantía de San Bernardo resolvió -a raíz de una petición de la fiscal Paola Zárate- fijar una audiencia para discutir la ampliación del plazo de la indagatoria para el 3 de septiembre de 2021. Ante el aplazamiento del proceso judicial, se inició una campaña con el objetivo de exigir celeridad a la justicia en este emblemático caso del estallido social.

Este domingo el tribunal de alzada capitalino se reunió excepcionalmente para ver la situación de una mujer que ingresó ilegalmente al país y el gobierno ordenó expulsarla. Es la primera vez que durante este año los jueces se reúnen un día inhábil para ver un caso migratorio. La razón de la inédita conformación de esta sala se debe a que se trata de una materia urgente para el Poder Judicial. Al interior del Palacio de Tribunales hay cierta molestia con el Ejecutivo, pues aseguran que los vuelos al exterior con extranjeros se hacen casi siempre los fines de semana, impidiendo en algunos casos el actuar diligente de la justicia.

Ambas instituciones firmaron un acuerdo de cooperación que contempla desde el intercambio de información hasta coordinación en el ámbito operativo, para combatir la delincuencia de manera efectiva.

El Centro Nansen, dirigido por el chileno Alfredo Zamudio, ha estado en contacto directo con autoridades locales, como senadores, agricultores y el obispo de Temuco, para intentar acompañar un diálogo. La idea inicial del gobierno era que el Presidente anunciara un rol formal de esta ONG en su mensaje del martes, pero ello hasta la fecha no se ha concretado. Sin embargo, ya está asesorando a entidades del gobierno. La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, dijo que "estamos en un proceso de talleres con Alfredo y su equipo, donde estamos aprendiendo para poder aplicar en los distintos diálogos”.

La Corte de Apelaciones se negó al traslado del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena a la Sección de Alta Seguridad, donde podría compartir con otros internos, y cuestionó esta decisión que había adoptado el tribunal de garantía. Además, puso en duda los informes del Colegio Médico y del INDH. "Dichos informes, en lo sustancial, no contienen antecedentes que permitan modificar la situación constatada y la necesidad de la mantención del régimen carcelario al que se encuentra sujeto", dice el fallo. La defensa del "comandante Ramiro" recurrirá de queja a la Corte Suprema.

El jueves pasado, a las 11.40 horas, tres policías llegaron a Recoleta 2774 y pidieron al director de Obras de la municipalidad entregar los libros de su repartición, desde 2018 hasta 2021. Este último se los entregó voluntariamente. Se trata de una diligencia clave para la fiscalía, que investiga a la empresa de luminarias Itelecom por la adjudicación de millonarias licitaciones de alumbrado público a cambio de presuntos sobornos a funcionarios de al menos 11 municipalidades del país. Entre los imputados está el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Hoy fueron formalizados dos jóvenes de 17 años por daños, luego que ayer atacaran las sedes de la UDI y RN y el memorial de Jaime Guzmán. Uno de ellos, A.J.A.A. (17), es el mismo que cayó al río Mapocho el 2 de octubre, hecho por el que formalizaron a un carabinero por presunto homicidio frustrado. Cuando lo detuvieron ayer, le encontraron al interior de su mochila "un molde de papel con la leyenda A LXS P.P y el otro molde con un dibujo similar a una mano sosteniendo, aduciendo un lanzamiento de molotov y una bandera mapuche con las leyendas newen Anthony”, declaró el uniformado que lo detuvo.

La abogada, quien desde el 2003 ocupa un asiento de notaria y archivera judicial, decidió presentar una querella en contra de quienes están detrás de este fraude virtual en que se comete el delito de usurpación de funciones. A ojos de la profesional, la aparición de este caso perjudicaría la agenda modernizadora que ella ha impulsado, ya que muestra las supuestas vulnerabilidades de los sistemas tecnológicos que ella busca imponer para el trabajo de los ministros de fe, idea frente a la cual ha recibido una dura oposición de algunos de sus pares.