El general director de Carabineros busca por todos los medios legales no llegar al 7 de mayo. Ese día la Fiscalía le imputará el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social, motivando su salida forzada de la institución; sin embargo, aún se resiste a esa idea y en 72 horas ya ha hecho cuatro presentaciones judiciales. El objetivo es claro: lograr llegar a noviembre y ser el primero -en 14 años- en poder finalizar su periodo al mando de la institución y no engrosar la lista de lo que hoy llaman -entre los uniformados- como “la maldición del uno".

El jefe de la policía uniformada alista su salida luego de que el TC rechazara suspender la formalización en su contra. Aunque un último camino que activó con el recurso de amparo, la decisión ya está tomada si es que todo sigue su curso para el 7 de mayo. Por estos días busca el proceso menos "traumático" para la institución, pues vivirá la cuarta salida forzada de los últimos tres generales directores que lo antecedieron, en lo que algunos llaman "la maldición del uno" o del "cuatro estrellas". El 3 de mayo asoma como su último día como máxima autoridad de la institución.

Luego de que la UAF reportara transferencias por parte de Catalina Pérez al partido, la colectividad informó a la Fiscalía que los traspasos correspondían a las cuotas que "cada autoridad representativa" debía pagar al partido. Fueron $14 millones entre 2021 y 2023, y en los registros que adjuntaron al Ministerio Público también figuran aportes hechos por Giorgio Jackson y el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, a la colectividad. Los documentos también dan cuenta de carencias económicas que les hizo solicitar cuotas por adelantado a parlamentarios de la tienda con sede en Esmeralda 761.

El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco declaró culpable al fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por delitos sancionados en la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta de predio, hurto simple y atentado contra la autoridad. Arriesga hasta 25 años de cárcel.

El jefe policial entró en la recta final para definir su futuro al mando de la institución, pues a solo 15 días de enfrentar cargos por su responsabilidad de mando en el estallido social, deberá liderar el aniversario de la institución el sábado 27 de abril, día en que -según su entorno- definiría públicamente su futuro. Sin embargo, el Tribunal Constitucional asoma como su última esperanza para suspender la formalización y terminar su mandato en noviembre.

La exjefa de gabinete del subsecretario Alfonso Vargas presentó una demanda luego de ser desvinculada tras el arribo de la nueva autoridad de gobierno, Galo Eidelstein (PC). La acción judicial, con la cual exige el pago de más de $100 millones, se da luego de que fuera desvinculada mientras contaba con fuero maternal.

Los fallecimientos al interior de los penales representan una gran preocupación para las autoridades. Por lo mismo, se adoptan protocolos especiales, donde las causas que más se repiten son tres: enfermedades, riñas y suicidios. La primera representa el 44% de los decesos registrados entre 2015 y 2024.

El tribunal de alzada capitalino revirtió la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y ordenó que el socio del factoring cumpla su medida cautelar en la cárcel.

La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, solicitó al OS-9 hacer un informe técnico sobre los peritajes que están llevando en la policía civil para recuperar las escuchas telefónicas del alcalde de Recoleta con el gerente general de Itelecom, Marcelo Lefort. En esta causa, existen dos oficiales de la PDI investigados en calidad de imputados: Gonzalo Vicencio y Marcelo Martínez. El primero declaró, y el segundo, guardó silencio.

Ramón Sepúlveda, abogado del alcalde de Recoleta, pidió una audiencia de cautela de garantías al Tercera Juzgado de Garantía de Santiago. El tribunal fijó audiencia para mañana a las 13.00 de la tarde.

La policía envió al Ministerio Público un análisis de las circunstancias en que desaparecieron los registros de las llamadas entre el alcalde de Recoleta y el gerente general de Itelecom, en el marco de la investigación del 'caso led', donde ambos figuran como imputados. Además, en la causa declaró uno de los dos detectives que figuran como sospechosos: "El fiscal nunca ordenó el respaldo masivo de todas las llamadas", dijo.

La Policía de Investigaciones alertó del viaje a la fiscalía. El jefe comunal, que está siendo investigado por corrupción, contaba con una invitación del gobierno de Nicolás Maduro.

El exmilitante de RD fue un constante promotor del rol de la fundación, tanto así que desde marzo de 2023 intentaba reclutar seremis de Vivienda para cerrar estos contratos. Un militante del partido, Pablo Troncoso, presentó ante la Fiscalía los chats con sus métodos de persuasión: "Vamos a empezar a hacerlo con Biobío y Atacama", dijo el ingeniero. Acto seguido describió lo que hacía supuestamente Democracia Viva: “Acompañamiento de campamentos que reciben ayuda en el Minvu, radicación, construcción de infraestructura liviana, etc.".

Aunque públicamente lo han defendido, en el gobierno transmiten que las intervenciones de la tercera autoridad del partido que encabeza Lautaro Carmona han sido motivo de conversación en algunas reuniones de comité político de ministros y, según algunas versiones, algunos le han pedido moderar sus declaraciones. Sus dichos sobre Venezuela han despertado una ofensiva de la derecha para que deje el cargo.

La Fiscalía logró que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara la solicitud de las defensas del general director de Carabineros; de su antecesor, Mario Rozas, y del exsubdirector de la institución Diego Olate. Los altos mandos pedían que se les comunicara cuáles eran los hechos por los cuales estaban imputados, pues en la última actualización de la carpeta investigativa ya hay mas de 1.300 causas adjuntadas. En el horizonte, la formalización del 7 de mayo aparece como inamovible para el jefe policial, lo cual complica sus aspiraciones de permanecer en el cargo.