Consejo Constitucional ingresa enmiendas con fuertes modificaciones de la derecha en normas de seguridad y reducción de diputados

A las 23.59 de este lunes el formulario digital especial que preparó la Secretaría General del proceso constitucional se cerró. Ese es el límite que tuvieron las bancadas de consejeros para ingresar sus enmiendas al anteproyecto de nueva Constitución que redactó la Comisión Experta. Durante todo el día los asesores de los consejeros trabajaron contrarreloj enviando sus indicaciones y se quedaron hasta la noche para terminar su trabajo.

Las primeras enmiendas aparecieron a las 17.22 cuando los únicos dos correos que están asociados al formulario recibieron un paquete de 50 indicaciones para modificar las normas de los capítulos I y II del anteproyecto. Luego, a lo largo de la tarde, empezaron a llegar los textos preparados por los consejeros. El conteo en la derecha es más o menos así: la bancada republicana ingresó cerca de 370 enmiendas, la UDI menos de 250 y la bancada RN-Evópoli más de 170 indicaciones. El oficialismo contaba 150 aproximadamente.

Si se mantienen las cifras, serán cerca de mil modificaciones. Una cifra similar a la de la Comisión Experta que cuando cambió sus normas aprobadas en general, ingresaron más de 900 enmiendas. La Secretaría recibió 1.099 enmiendas, pero vienen archivos duplicados y en otros formatos, por lo que el conteo oficial se afinará el martes.

El trabajo final para cerrar las indicaciones ocurrió en dos lugares. La derecha trabajó en distintas salas del primer y segundo piso de la Cámara en Santiago. Cada bancada por la suya. El oficialismo estuvo toda la mañana y parte de la tarde fuera del edificio donde sesiona el Consejo.

La izquierda escogió la sede de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) para trabajar. Hasta allá llegaron los consejeros, comisionados y asesores para discutir los últimos detalles, afinar las redacciones y preparar el material para comenzar a ingresar las enmiendas a la plataforma de la secretaría. Solo en la tarde, pasadas las 16.00, empezaron a llegar hasta la sede del Congreso en Santiago para terminar el trabajo.

La primera bancada en detallar el foco de sus enmiendas fue la UDI. A las 16.20 la bancada de seis consejeros gremialistas convocó a un punto de prensa para comunicar los cambios que pensaron al anteproyecto. El delegado Arturo Phillips (Ind.-UDI) fue el encargado de dar el anuncio general. “Presentaremos enmiendas que van a los siguientes ejes: queremos que esta sea la Constitución de la seguridad, del futuro, para las personas y no para los privilegiados”, afirmó el representante de La Araucanía.

En materia de seguridad los cambios de la UDI apuntan a crear una obligación del Estado para indemnizar y acompañar a víctimas del terrorismo. También pretenden crear una nueva causal para invocar el estado de sitio que apunta al “estado grave de amenaza grave terrorista”. Asimismo, presentaron indicaciones para que el Estado impulse medidas para una “migración segura, regular y ordenada” y quieren robustecer el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.

Además, incorporaron una norma sobre “escuelas seguras”, un nuevo capítulo sobre seguridad pública y mayores facultades a los municipios para que colaboren con las policías.

Una de las novedades fue que la UDI se sumó a la idea promovida por los republicanos de disminuir la cantidad de diputados. La Cámara actualmente tiene 155 escaños y la bancada UDI quiere que termine en un rango entre 135 y 150. Esto, luego de un redistritaje mandatado al Servel cuyo objetivo es tener zonas electorales más chicas que distribuyan entre dos y cinco escaños.

Actualmente existen 27 distritos que reparten entre tres y ocho bancas parlamentarias. “Queremos distritos más pequeños donde sean menor el número de diputados que se elijan porque eso permite que haya más cercanía entre la gente”, explicó el consejero Edmundo Eluchans (UDI).

Casi a las 18.00 horas fue el turno de la bancada de RN y Evópoli. Sus representantes dieron un punto de prensa para dar a conocer las líneas generales de sus indicaciones. La delegada Pilar Cuevas (RN) partió leyendo un documento con los 10 puntos más importantes.

Ese listado incluyó una agenda anticorrupción con mayores exigencias para el ingreso al servicio público, muerte cívica a condenados a pena aflictiva por corrupción y también por terrorismo y la creación de una agencia anticorrupción. A diferencia de la UDI, esta bancada quiere crear un nuevo capítulo para el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.

La bancada presentó con sus socios de la UDI el nuevo capítulo de seguridad pública, el cual tiene el objetivo, según explicó Cuevas, de incorporar a Gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad y también establecer el trabajo colaborativo de las municipalidades en esta materia.

Respecto de la libertad de las personas, las enmiendas buscan proteger la libertad de elegir en derechos sociales como salud, educación y seguridad social. Otro eje apunta a la modernización del Estado con enmiendas de “fin al pituto, Estado eficiente, cercano y profesional” y una Alta Dirección Pública autónoma.

La bancada ingresó indicaciones sobre sala cuna universal y protección a la maternidad. También tienen enmiendas para fortalecer la identidad nacional, mejorar la gobernabilidad, descentralizar y otorgar mayor protección a la salud con temas vinculados al acceso a los medicamentos, los cuidados paliativos e insumos médicos.

En materia de sistema político, RN y Evópoli no reducirán los escaños de la Cámara, sino que el tamaño de los distritos (no la cantidad).

“Creemos que distritos entre tres y cinco diputados electos nos parece una cifra razonable y va justamente en el sentido de dar mayor gobernabilidad y que el Parlamento ya no esté tan atomizado”, dijo el consejero Germán Becker (RN).

La bancada más grande del Consejo, los 22 representantes republicanos trabajaron con calma sus enmiendas en el segundo piso de la Cámara en Santiago. Ahí, sin aparecerse por los pasillos ni por los patios, el jefe de asesores Jorge Barrera iba liderando el trabajo de revisión, redacción final e ingreso de las indicaciones a la plataforma digital.

La bancada se vio ordenada y en calma, tal como ha sido la tónica en este primer mes de trabajo. Los republicanos escogieron un hotel en la comuna de Las Condes como su base de operaciones para el trabajo de las indicaciones. Ahí se juntaron la semana pasada y el sábado afinando este tema. De esa manera, el grupo de más de 20 asesores se quedó con la carga principal del trabajo para ver las modificaciones al anteproyecto.

En este tema la bancada perdió el factor sorpresa. No porque sus modificaciones al texto de los expertos sean menores, sino que porque su estrategia se enfocó en adelantar los temas más relevantes durante la semana pasada y especialmente este fin de semana. Por lo mismo, sus temas ya son conocidos y apuntan a modificar aspectos sustantivos del texto acordado de manera transversal por la Comisión Experta.

Por eso no resulta extraño que, al cierre de esta edición, el conteo de enmiendas iba en casi 400 indicaciones. El anteproyecto, en su totalidad, tiene 211 normas permanentes.

Las modificaciones de los republicanos son sustantivas y apuntan a todos los temas centrales del proyecto y que son sensibles para la izquierda. El delegado Luis Silva, afirmó en radio Duna, que su bancada quiere “que la identidad del Partido Republicano sea reconocible a través de nuestras enmiendas”.

Por eso, reducirán la Cámara a 132 diputados, redistritarán para tener zonas electorales entre tres y cinco escaños, darán rango infraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, crearán un capítulo especial para las Fuerzas Armadas (FF.AA.), agregarán otro acápite especial para la seguridad, le devuelven el nombre al Tribunal Constitucional, reponen el control preventivo sustantivo, eliminan la iniciativa popular para derogar las leyes, van con enmiendas para tener una “robusta protección del derecho a la vida y del que está por nacer”, entre varios otros asuntos.

Los anuncios de sus enmiendas provocaron que la izquierda reaccionara diciendo que “imposibilitaban un acuerdo político transversal”, pero los republicanos desdramatizaron el escenario. “Yo diría que es prematura la reacción de quien acusa a una bancada por presentar sus enmiendas de estar cerrando el debate o de estar pasando máquina o imponiendo sus términos. Lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir a partir de hoy a la media noche es que el debate se abre”, replicó Silva.

Toda la derecha finalmente ingresó enmiendas en conjunto en un acotado abanico de contenidos. Si bien esa conversación partió con un diálogo que tenía 15 preacuerdos, finalmente serán solo cuatro asuntos que contarán, desde un inicio, con el respaldo de las bancadas que suman 2/3 del órgano. Los temas fueron: libertad de elección en salud, derecho preferente de padres para elegir la educación de sus hijos, el capítulo especial para las FF.AA. y propiedad de fondos, inexpropiabilidad y heredabilidad. No lograron ir juntos con la idea de un plan de salud básico, solidario y universal.

Los consejeros de izquierda, por otro lado, se propusieron presentar en unidad enmiendas acotadas con el objetivo de resguardar los acuerdos logrados en la Comisión Expperta y que habilitaron un anteproyecto transversal. Para eso mantienen sin tocar los puntos más importantes de ese texto y escogieron sus batallas.

Así, revivirán indicaciones presentadas por los comisionados oficialistas sobre derecho al cuidado, derechos de niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, escaños reservados, paridad, listas electorales cerradas, gratuidad en la educación, normas sobre seguridad y anticorrupción, entre otros. Pero además innovarán con normas para reconocer el derecho de personas con discapacidad, adultos mayores, entre otras materias.

“Nosotros actuamos con absoluta responsabilidad y entendiendo lo que significa este proceso como una mirada hacia el futuro y por supuesto cuidando lo que significa el anteproyecto”, dijo el delegado RD Julio Ñanco.

A partir de este martes el Consejo empezará una segunda fase: la discusión de las enmiendas. Ese debate se alojará en cada una de las cuatro comisiones temáticas. Cada una de esas instancias deberá tomar los acuerdos para dirigir esa discusión y todo agosto está destinado para ese trabajo. Luego, en septiembre el asunto estaría en condiciones de ser votado en el pleno. El órgano debe evacuar su propuesta a la Comisión Experta para el periodo de observaciones el 7 de octubre y un mes después se debe entregar el texto final al Presidente de la República para que convoque al plebiscito del 17 de diciembre.