La Contraloría General de la República emitió un informe en el que cuestionó el desempeño de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) -unidad dependiente del Ministerio del Medio Ambiente- por no realizar gestiones ante un alto número de denuncias recibidas.

El estudio del pasado 8 de mayo determinó que 2.508 denuncias, correspondientes al 44,2% de 4.671 denuncias ingresadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, no tuvieron asociada alguna de las gestiones que establece la Ley Orgánica de la SMA. Según el informe, que cuenta con 150 páginas, “no consta que la entidad haya ejecutado alguna actividad de fiscalización ambiental o iniciado un procedimiento sancionatorio, ni tampoco que haya ordenado su archivo por falta de mérito”. Asimismo, en visitas a las sedes de la Superintendencia en Valparaíso y O’Higgins, que “cuenta con un número indeterminado de denuncias ingresadas en los años 2013 al 2016, que no fueron respondidas ni atendidas en su oportunidad”.

Sobre este punto, la Contraloría General anunció que iniciará un procedimiento disciplinario, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas en cada uno de los hechos descritos. Asimismo, ordenó a la SMA realizar un catastro de la totalidad de las denuncias pendientes de atención, incluyendo aquellas que se encuentran en soporte papel en sus oficinas regionales, y elaborar un plan de acción para su tratamiento, con el correspondiente cronograma para la debida atención de cada denuncia, detallando el titular o la unidad fiscalizable que se trate. Todo lo anterior debe ser informado a la Contraloría en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del informe.

“Se evidenció que la SMA no ha establecido o incorporado dentro de sus gestiones internas un procedimiento o instructivo, así como otras medidas de control y gestión que permitan medir, controlar y alertar ante eventuales dilaciones en las etapas de la tramitación de las denuncias recibidas y que son atendidas por cada oficina regional”, concluyó la autoridad fiscalizadora. Por lo mismo, ordenó a la SMA emitir un informe en el que detalle las medidas de gestión para uniformar el control en oficinas regionales en un plazo de 60 días hábiles.

Pero los cuestionamientos de la Contraloría no sólo apuntaron a la gestión, sino que también abordaron eventuales conflictos de interés interno. En efecto, el informe sostuvo que el analista de sistemas de la SMA y líder de Equipo de Desarrollo, Renzo Stanley Cotrozo, ha participado en la elaboración de requerimientos de personal externo, selección y contratación de servicios para el desarrollo y mantención de sistemas informáticos. “Entre las empresas que han contratado está Ingeniería Informática ‘Kibernum S.A., la cual prestó servicios entre septiembre de 2017 y enero de 2018. Al mismo tiempo, en su calidad de líder del equipo, le ha correspondido efectuar las validaciones de los productos de Kibernum, S.A. y controlar trabajos de profesionales de dicha empresa, sin que hubiere manifestado a su superior directo la concurrencia de una causal de abstención a este respecto”, consignó el informe.

Otro de los problemas que detectó en su fiscalización es que la SMA realizó sucesivas adquisiciones para el desarrollo y mantención de sus sistemas informáticos, a la empresa de Ingeniería Informática Kibernum S.A. De esta forma, fragmentó las respectivas órdenes de compra en cada año calendario por un monto inferior a las 1.000 UTM, pudiendo hacer una gran compra. En ese sentido, la Contraloría advirtió que la SMA “no contaba con la documentación y/o la relación y ubicación de esta, que permitiese acreditar la ejecución de las labores contratadas a la empresa Ingenieria Informática Kibernum S.A., tales como desarrollo y mantenciones informáticas, por la suma total de $ 258.347.530”.

Luego de recibir los descargos la autoridad fiscalizadora concluyó que la información proporcionada “no permite acreditar la efectiva prestación del servicio contratado y pagado por la entidad, ya que las planillas Excel entregadas para acreditar las horas trabajadas por los profesionales informáticos no permiten identificar la fuente -origen- del dato de la marcación horaria y, con ello, verificar la trazabilidad de la misma”.

Según el informe, las contrataciones sin acreditación sumaron en 2016 $ 33.404.716. Luego en 2017 subieron a $ 77.533.968. En 2018 llegaron a $ 97.857.865 y durante 2019 bajaron a $ 49.550.981.

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad y uno de los denunciantes, sostuvo que “es urgente una reingeniería tanto en la SMA como en el SEA, servicios de la institucionalidad ambiental que han demostrado no tener las competencias necesarias para cautelar el cumplimiento de la ley ad hoc”.

Frente al informe, en conversación con La Tercera el superintendente Cristóbal de la Maza hizo un mea culpa, asegurando que “históricamente ha habido una lentitud para procesar denuncias que va más allá de lo razonable”. “A mi llegada existían tiempos de tramitación de denuncias de más de 300 días para llevarla a un procedimiento sancionatorio o a su archivo si es que no había mérito”, explicó.

El superintendente aclaró que han hecho una serie de cambios para mejorar la gestión de la SMA, como por ejemplo, poner en marcha una clasificación de las denuncias ingresadas para actuar con mayor rapidez cuando los hechos son de mayor gravedad.

“Lo que dice Contraloría es un síntoma que ha tenido para instalarse la institucionalidad ambiental, y la labor que nos propusimos desde finales de 2019 es cerrar la fase de instalación y construir una SMA para abordar casos de manera masiva”, dijo. Además, añadió que esta es una de las superintendencias que recibe el menor monto de presupuesto para realizar sus gestiones con $ 11 mil millones. De hecho, la entidad cuenta con tres fiscalizadores por región.

“Se entiende el malestar ciudadano, porque este es el tipo de situaciones en toda la administración del Estado y es parte de los síntomas que estamos viviendo que hacen que la ciudadanía finalmente ya no confíe en las instituciones y no denuncie o no solicite ejercer sus derechos a través de la institucionalidad”, sostuvo De la Maza.

“Acá la institucionalidad de la SMA no había logrado procesar estas denuncias y es un problema que existe hoy. El informe de Contraloría habla hasta mayo de 2019 y yo asumí a finales de ese año. Al asumir me encontré con múltiples denuncias en papel en oficinas regionales que no habían sido documentadas ni sistematizadas. Eran personas que no habían recibido el servicio público que habían solicitado”.

El primer camino que tomó la SMA para enfrentar el problema es contratar a la Universidad de Santiago para que digitalizara todos los documentos, a fin de revertir estos números. Al día de hoy, de las cerca de 16 mil denuncias ingresadas a la SMA, siete mil denuncias siguen en curso y tres mil tienen investigaciones avanzadas, y otras tres mil que no han iniciado su investigación.

“Acá estamos frente a un problema mayúsculo de la institucionalidad ambiental. Quiero ser muy transparente, es algo que hay que reconocer y solucionar. Nosotros el 2020 fue el primer año en que el número de denuncias gestionadas superó a las denuncias que se mantienen en curso sin tramitar”, acotó el jefe del servicio.