Si el miércoles fue la Fiscalía quien sorprendió al gobierno y Revolución Democrática al iniciar una investigación de oficio por los contratos entre la fundación Urbanismo Social y su vínculo con el seremi del Maule, Rodrigo Hernández (RD), el jueves fue el turno del contralor Jorge Bermúdez.

“Lo que se hizo acá es paralizar la tramitación de la toma de razón (de los contratos del Estado con fundaciones), recabar más antecedentes que puedan existir y luego poder, si corresponde, tomar razón”, anunció el contralor Bermúdez desde el Consejo Constitucional, en el ex Congreso Nacional, a través de un punto de prensa.

La decisión se da en medio de un verdadero sismo político que se vive en uno de los partidos centrales del oficialismo, Revolución Democrática, luego de que el 14 de junio quedara al descubierto -en la publicación del medio regional Timeline- que desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta se transfirieron mediante trato directo $ 426 millones a la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade, militante RD y en ese entonces pareja de la diputada Catalina Pérez.

Sin embargo, hoy no sólo ese contrato está siendo cuestionado. En el Maule y también en Los Lagos se abrieron investigaciones penales para determinar la legalidad de las transferencias a distintas fundaciones que mantienen vínculos con autoridades regionales del oficialismo.

Es en ese contexto que llegó el último golpe del contralor Bermúdez, quien tomó la decisión de paralizar la toma de razón de los contratos entre el Estado y fundaciones, a raíz de las millonarias transferencias desde la administración estatal a organismos sin fines de lucro para la concreción de proyectos regionales.

A pesar de que el anuncio de Contraloría se oficializó este jueves 29, lo cierto es que la decisión se tomó y materializó la semana pasada, por expresa petición de Bermúdez, y sin previo aviso a La Moneda, por ser un organismo autónomo.

El abogado se reunió con sus encargados de Jurídica, Auditoría y de la División Contable, determinando que lo que correspondía era suspender la toma de razón de todos los contratos del gobierno con fundaciones, pues era la medida preventiva más expedita que se podía tomar a estas alturas.

La duda estaba instalada, pues estimaron que no podían seguir dando check a convenios o traspasos mientras exista una situación irregular que no se ha aclarado, pues el caso de Democracia Viva dejó al descubierto que la legislación en materia de traspasos a entidades privadas tiene una serie de falencias.

Por ejemplo, explican en Teatinos 56, la Contraloría sólo revisa tratos que superen las 5 mil UTM, pero existen vacíos, lo que permitiría que se fraccionen los pagos para evitar el control de la entidad fiscalizadora. Y eso es lo que se quiere revisar.

Por lo mismo el freno de la toma de razón de los contratos. “Como es un hecho por todos conocido, hay un cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos. Es decir, recursos públicos que se transfieren a entidades privadas”, señaló Bermúdez.

Asimismo, explicó que la entidad tomó “la decisión de suspender la tramitación de aquellas que pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios”.

Sin embargo, en distintos círculos del Ejecutivo surgieron dudas y algunas “consideraciones” a lo anunciado por Bermúdez. La primera es que si la Contraloría tiene un decreto para tramitarlo solo tiene dos opciones: o tomar razón del decreto o representarlo. Y para ello tiene un plazo de 15 días.

En esa misma línea, hacen otra advertencia, pues en ese escenario -estiman en el gobierno- la Contraloría tendría atribuciones para “suspender” la toma de razón. Tiene que resolver dentro de 15 días, de lo contrario -estiman en el Ejecutivo- estarían actuando al borde de la constitucionalidad.

Quienes conocen estos procesos explican que se trata de un “trámite interno”, es decir, la paralización de la toma de razón es una facultad propia de la Contraloría.

Además, en el ente contralor comentan que no será un proceso muy largo. Aunque aún no se maneja un catastro de todos los convenios que serán revisados y que fueron paralizados, advierten que no son grandes cifras.

Se estima -a primera vista- que serían cerca de 20 los convenios paralizados y que, por lo mismo, no será un proceso largo. ¿Cuánto? No más de 10 días, advierten. ¿Y si se detectan irregularidades? Se hacen las observaciones legales y administrativas a los organismos gubernamentales que ingresaron los decretos para corrección. Es decir, se devuelven, se esperan correcciones y se vuelven a ingresar (si así lo quisieran).

La revisión de los convenios no es lo único que Contraloría revisa en este caso, pues el 22 de junio le dio un plazo de cinco días al Ministerio de Vivienda para remitir todos los contratos entre el Serviu de Antofagasta y las fundaciones, entre 2022 y 2023.

Esa respuesta deberá llegar en las próximas horas, pues el plazo vence este viernes y hasta el cierre de esta edición aún no llegaba a la Contraloría.