El llamado a la disciplina oficialista que hizo el Presidente Gabriel Boric, el martes de la semana pasada en la reunión en el Palacio de Cerro Castillo, tendrá su gran testeo una vez que se reanude el trabajo legislativo, a partir del 8 de mayo.

Después de las elecciones de consejeros constitucionales, la Comisión de Seguridad de la Cámara retomará la discusión en particular de la moción que tipifica como delito “el ingreso clandestino al territorio nacional”.

Esta iniciativa, diseñada por la oposición, volvía a instalar un tema incómodo para el oficialismo, justo en momentos en que la crisis migratoria comienza a escalar, incluso con el despliegue de tropas por parte Perú a la frontera con Chile, además de otros episodios de violencia delictual protagonizados por extranjeros.

En un principio, el gobierno abordó la iniciativa con una postura zigzagueante. De hecho, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, a inicios de abril expresó la apertura del Ejecutivo a legislar, al menos para sancionar faltas graves en materia de ingresos irregulares.

No obstante, el lunes pasado, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), finalmente despejó los titubeos y expresó su objeción a la iniciativa.

“En la época en que se produjo la mayor crisis de ingresos irregulares al país, era delito el ingreso irregular. El efecto que eso tuvo fue cero. Ahora sería menos cero, porque estas expulsiones que estamos haciendo, las reconducciones, entre diciembre y marzo, se han reconducido mensualmente entre 800 y 1.500 personas. Si llega a ser delito el ingreso irregular, no se van poder hacer expulsiones, no se van a poder hacer reconducciones, porque cada persona que atraviese irregularmente la frontera va a quedar sometida a un proceso (judicial) que va a paralizar cualquier posibilidad de reconducción o expulsión”, dijo Tohá en la sala de la Cámara.

Ese día, también debutó en el Congreso el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), quien entre sus primeras gestiones y conversaciones con parlamentarios ya comenzó a bajar las instrucciones del Ejecutivo frente a esta reforma de autoría de diputados de RN y de la UDI, de exmilitantes del PDG y de Renovación, pero también patrocinado por Andrés Jouannet (Amarillos) y el independiente-PPD Jaime Araya.

Según transmiten legisladores oficialistas, al Presidente Boric le interesa frenar a toda costa este proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque difícilmente podría ser detenido en el Senado, donde a la oposición sólo le falta un voto más para aprobarlo y despacharlo a ley. Ello obligaría al Mandatario a tener que vetar el texto, asumiendo el costo de las críticas de parte de la derecha, probablemente en un contexto de opinión pública hipersensible con los extranjeros.

Dentro del conjunto de iniciativas en materia de inmigración que ha discutido el Congreso en estas semanas, el proyecto para penalizar los ingresos clandestinos es considerado como el más extremo y perjudicial, a juicio del gobierno. Ese análisis es sustentado, además, por la opinión de algunos expertos que han disertado en la Comisión de Seguridad de la Cámara, ya que podría judicializar expulsiones que se pueden resolver administrativamente, sin la intermediación de un tribunal, que, incluso, puede frenar una orden de abandono del país.

Antes de que La Moneda zanjara su postura, la opinión más crítica ya la habían expresado los diputados del Frente Amplio y el PC. Y según algunos asistentes a la reunión de Cerro Castillo, la semana pasada, este proyecto fue mencionado como uno de los temas sensibles que se abordaron ese día.

Sin embargo, a diferencia de otras iniciativas de seguridad y migración, en esta oportunidad la mirada del Ejecutivo sintonizó con la visión de frenteamplistas y comunistas, lo que obliga a Tohá y a Elizalde a reforzar sus gestiones en legisladores de Socialismo Democrático (PPD, PS, liberales y radicales) para que no apoyen el proyecto.

Al menos desde el PS, sus diputados aseguran que no habrá votos a favor.

Una situación más compleja se vislumbra en las bancadas del PPD-independientes, de los radicales y liberales, que en materia de migración han actuado en forma más cercana a la derecha. De hecho, el lunes pasado algunos PPD y radicales dieron los votos para que se aprobaran dos puntos dentro del proyecto que facilita la notificaciones de expulsiones, que a juicio de La Moneda, eran inconstitucionales, pues obligan al Ministerio del Interior a deportar a extranjeros en situación irregular.

Si bien para La Moneda ya sería una noticia positiva que el oficialismo actuara alineado en contra del proyecto que penaliza la migración clandestina -texto que hoy está en una fase de correcciones (indicaciones) y aún no está listo para ser debatido en la sala-, ello no es suficiente para rechazar la iniciativa. Inevitablemente, Elizalde y Tohá requieren convencer a diputados de la DC, del PDG e independientes (algunos de ellos exmilitantes de esas colectividades).

Esta tarea se vislumbra compleja, según explica el diputado Eric Aedo, jefe de bancada de la DC. “El gobierno no ha tenido ningún acercamiento con nosotros, pero por ahora veo poco probable que un proyecto de esas características sea rechazado en la Cámara”, indicó.

Sin embargó, Aedo admitió que en lo personal aún él tiene dudas, pues hay que considerar la opinión de los expertos que advierten efectos nocivos de esta iniciativa para concretar expulsiones.

En tanto, el diputado y jefe de bancada del PC, Boris Barrera, señaló que en este tema hay plena sintonía con La Moneda. “Hemos conversado con algunos ministros y especialistas y todos dicen que la ley va a perjudicar las expulsiones... Casi todos los proyectos que ha ingresado el gobierno los hemos apoyado. Y cuando hemos tenido diferencias con los otros partidos, por ejemplo, en la Ley Nain-Retamal, el gobierno también estaba en contra y trató de morigerar sus efectos”, añadió.

El diputado Araya, si bien es patrocinante, explicó que está abierto a reconsiderar su postura debido a que el proyecto se presentó en un contexto en que no había legislación adecuada para frenar la inmigración irregular. No obstante, en las últimas semanas se aprobó un control preventivo (cuya promulgación está pendiente) y están avanzando iniciativas para facilitar notificaciones, el registro de identidad y la prisión provisoria en caso de quienes no sean individualizados. “Yo estoy en la lógica de hacer una indicación para que esto sea aplicable, en el segundo o tercer ingreso irregular, para que no se obstáculo para las reconducciones (expulsiones materializadas en la misma frontera)”, dijo Araya.

La diputada Javiera Morales, una de las jefas de bancada del Frente Amplio, señaló que “la ministra Tohá fue bastante clara y el gobierno no está de acuerdo. No sólo por un tema de cumplimiento de tratados internacionales, sino también por un tema práctico, porque la tipificación de este delito va a impedir procedimientos (de expulsión)”.

Incluso, Morales añadió que el Frente Amplio presentó una moción para que la Fiscalía, con el apoyo del Registro Civil, pueda solicitar la identidad de extranjeros que no sean individualizados si es que han cometido delitos.