El 12 de mayo pasado, Carabineros detuvo a los conductores de siete camiones con madera presuntamente robada en la Ruta 160 de la comuna de Los Álamos, provincia de Arauco. Según la investigación, las especies eran del Fundo Cuyinco, perteneciente a Bosques Arauco. El día anterior, el 11 de mayo, también fueron detenidos otros cuatro conductores por el mismo delito en Arauco. Estos hechos son una situación común en el sector y su cada vez mayor frecuencia preocupa a las autoridades.

¿La razón? En la Macrozona Sur del país hay 14,6 millones de hectáreas de bosque nativo y el recurso forestal en Chile corresponde al 24% del territorio nacional. Además, da 300 mil puestos de empleo directos e indirectos y existen 19 mil pymes y 794 vinculadas a la actividad. Es el 8% de las exportaciones del país, el 73% del Biobío y 55% de La Araucanía. Todas estas cifras son parte de un documento del gobierno -del primer trimestre de este año- que describe la importancia del recurso maderero y cómo se está viendo afectado por el robo, vinculado, según el texto, al crimen organizado, a ilícitos comunes y a las organizaciones radicalizadas y que tiene como excusa las reivindicaciones del pueblo mapuche.

De acuerdo al documento, el 72% del total de la violencia, entre enero y marzo de 2021, fue generada en la Macrozona Sur. Además, desde 2014 hasta febrero de 2021 van 578 máquinas forestales quemadas y 253 ataques. Y en 2020 se denunciaron 2.531 robos de madera, delito que se ha triplicado en relación a los años anteriores.

Según el texto de la Coordinación de la Macrozona Sur, existe un circuito del delito que parte por la usurpación y protección, continúa con el blanqueo y termina en compradores ilegales o siendo exportado o entregado a intermediarios para su posterior venta.

Estiman que solo en 2020 han robado madera con una avalúo de US$ 68 millones. En tanto, en 2019 US$ 45 millones y en 2018 US$ 20 millones. Y se proyecta que si no se toman medidas, este año podría avaluarse en US$ 100 millones la madera sustraída.

A raíz de esta situación, la Coordinación de la Macrozona Sur propone en su plan contra el robo de madera tres líneas de acción: alarma temprana con vigilancia aérea, control carretero de Carabineros y Conaf en puntos estratégicos y auditorías del Servicio de Impuestos Internos (SII). Esto último, para hacerse cargo de los compradores ilegales, el acopio y el blanqueo.

Asimismo, el gobierno está impulsando el proyecto de ley contra el robo de madera que se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y que hoy se encuentra en discusión en particular. Esta iniciativa busca elevar las penas de robo de madera y dar más facultades para su fiscalización.

“El robo de madera es de especial relevancia en la Macrozona Sur, debido a que sirve como financiamiento de las organizaciones radicalizadas y terroristas que operan en la zona, por lo que este plan aborda los aspectos estratégicos para enfrentarlo, incorporando distintos actores de un modo integrado como lo son las policías, Conaf, el SII, entre otros”, dijo el delegado presidencial de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar.