El gobierno no ha tenido días fáciles. El martes el Ejecutivo sufrió una derrota en la Cámara de Diputados tras la aprobación del cuarto retiro del 10% de las AFP, y este miércoles no tuvo un mejor escenario en la votación en particular que hicieron los diputados de la Comisión de Trabajo sobre la ley corta de pensiones.

Esto, porque los parlamentarios de oposición pasaron por alto las advertencias de inconstitucionalidad y terminaron modificando aspectos claves del proyecto que ingresó el gobierno al Congreso. Es más, introdujeron varios cambios relacionados con el funcionamiento de las AFP y el sistema de pensiones, que escapan de las ideas matrices de esta ley corta que busca ampliar y fortalecer el Pilar Solidario.

En concreto, los diputados comenzaron votando una indicación ingresada por la oposición que busca que las mujeres puedan acceder al Pilar Solidario desde los 60 años, y no a los 65 años como ocurre hoy tanto para hombres como para mujeres.

Ahí fue cuando empezó el debate sobre la admisibilidad de la indicación, ya que tanto los diputados oficialistas como el gobierno argumentaron que no sería admisible ni esta ni el resto de las indicaciones, dado que no se señalaba el modo en que se iba a financiar la propuesta, además de que irroga gasto fiscal y alude a materias de seguridad social, cuestiones que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, según lo establece la Constitución.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, señaló que “el Ejecutivo comparte, sin duda, la inadmisibilidad de esta indicación, desde el momento en que afecta las normas de seguridad social como lo establece el artículo 65 de la Constitución, inciso cuarto y número cinco. Y también porque sin duda genera un gasto público, que también lo establece el artículo 65 de la Constitución. Por lo demás presidente, cuando se establezcan este tipo de indicaciones que generan gasto, usted sabe perfectamente que quien plantea un gasto de esta naturaleza tiene que también a su vez establecer la fuente de financiamiento que va a tener”.

El secretario de la Comisión confirmó que debería ser inadmisible por los motivos antes señalados. “La indicación es inadmisible desde el punto de vista que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República proponer modificaciones a las leyes que versen o incidan en la seguridad social, pero además es inadmisible porque la misma Ley Orgánica Constitucional obliga a señalar la fuente de financiamiento de una indicación que genere gastos, y dice tajantemente que no serán admitidas esas indicaciones”, dijo el secretario.

Pese a todo lo anterior, el presidente de la instancia, Gabriel Silber (DC), la declaró admisible. Así las cosas, los diputados tuvieron que votar respecto a la admisibilidad que determinó el presidente de la Comisión. En esa votación, el oficialismo se cuadró con que era inadmisible, logrando 5 votos, pero la oposición ganó con 7 votos a favor de la admisibilidad.

Luego, se votó la indicación como tal, y se aprobó con votos del oficialismo, porque pese a que la consideraban inadmisible, estaban de acuerdo con ella. Así las cosas, se aprobó con 10 votos a favor, y 2 abstenciones.

Esa tónica de la admisibilidad se repitió en otras indicaciones, y luego los parlamentarios definieron que se haría una votación económica para el resto de las indicaciones, es decir, todas fueron declaradas admisibles con los 7 votos de oposición.

El diputado Gastón Saavedra (PS) ingresó una indicación donde buscaba ampliar el Pilar Solidario no al 80% como proponía el gobierno, sino al 85%. Esto se aprobó con 7 votos favorables y 5 en contra, modificando al alza justamente el corazón del proyecto del gobierno, pese a que el oficialismo y el ministro Melero se opusieron.

El que también se opuso fue el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, quien comentó que “más allá de a nuestro juicio la evidente inadmisibilidad de la medida (...) es un esfuerzo importante para el país avanzar del 60% al 80%”. Y añadió que el gobierno ya ha hecho un gran esfuerzo fiscal en medio de la pandemia, mientras esto implicaría un mayor gasto. “Quiero poner sobre la mesa la difícil situación en que se encuentran las arcas fiscales hoy día, la complejidad que significa además mantener un gasto que es permanente”, explicó.

Lo que sí aprobaron de manera unánime los diputados, con 13 votos favorables, fue el adelanto que planteó el gobierno para el alza de las pensiones solidarias. Inicialmente este beneficio se iba a subir en enero, pero con esta aprobación, en caso de que el proyecto se despache del Congreso en noviembre, por ejemplo, podría surtir efecto en diciembre.

De todas maneras, desde la oposición criticaron que no se haya subido el monto y solo se adelante el pago del alza de la pensión en un mes.

Otra de las indicaciones que aprobaron los diputados, con 7 votos a favor de la oposición, señala que la cotización del seguro de lagunas previsionales se hará con cargo al fondo de cesantía solidario, y no como proponía el gobierno, que era sobre la cuenta individual de cada afiliado, y solo en caso de que se acaben esos recursos se acudía al fondo solidario.

Además, fueron múltiples las modificaciones que introdujeron los diputados opositores al funcionamiento de las AFP y al sistema de pensiones. Uno de los temas que aprobaron, fue una indicación para reducir las tablas de mortalidad a los 85 años.

Otra indicación del diputado Silber que se aprobó, señala que las AFP deberán pagar con cargo a su encaje en caso de que los multifondos tengan rentabilidad negativa en el promedio de los últimos seis meses.

Los parlamentarios de oposición también aprobaron una indicación presentada por el diputado Tucapel Jiménez, que plantea que las comisiones que cobran las AFP no deben calcularse sobre el sueldo de los afiliados, como ocurre actualmente, sino más bien sobre lo que efectivamente se cotiza en la administradora.

Asimismo, en la oposición aprobaron una indicación del diputado Silber que señala que los afiliados mayores de 55 años no tendrán restricciones para cambiarse de multifondo, es decir, no necesariamente tendrán que estar en los fondos más conservadores, como ocurre actualmente.

Adicionalmente, se aprobó que “las administradoras solo podrán realizar o contratar publicidad relacionada exclusivamente a la prestación de servicios relacionados con su giro. En ningún caso podría contratar publicidad o actividades de lobby o gestión de intereses destinadas a influir en las decisiones administrativas o legislativas sobre su actividad o su regulación”.

Los parlamentarios también aprobaron una indicación para que no existan comisiones de administración que se cobren con cargo a los fondos de pensiones, las comúnmente llamadas comisiones fantasmas, que en realidad son los pagos que hacen las AFP con cargo a los fondos de pensiones a intermediaros financieros para invertir los ahorros en distintos instrumentos, como cuotas de fondos mutuos o fondos de inversión, y que se publican en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones.

De esta manera, los diputados votaron todo lo que dice relación con pensiones, y acordaron continuar este jueves a las 9.30 con la votación sobre las exenciones tributarias que se proponen para financiar el proyecto. Una vez que eso ocurra, el proyecto será despachado a la Comisión de Hacienda de la Cámara para que revise las exenciones. Y luego de ello puede pasar a la Sala de la Cámara, para luego continuar su tramitación en el Senado.

Los integrantes de la Comisión de Trabajo son Gabriel Silber (DC), Ramón Barros (UDI), Eduardo Durán (RN), Francisco Eguiguren (RN), Cristián Labbé (UDI), Amaro Labra (PC), Andrés Molina (Evópoli), Tucapel Jiménez (PPD), Gastón Saavedra (PS), Marcela Sandoval (RD), Frank Sauerbaum (RN), Alejandra Sepúlveda (FRVS), y Gael Yeomans (CS).