Un balance poco alentador arrojaron las cifras de la plataforma de búsqueda de proyectos del Servicio de Evaluación Ambienta (SEA), organismo descentralizado creado en 2010, luego de la reforma a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023, ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 291 proyectos de inversión que suman US$21.029 millones. En el mismo periodo, la entidad registró 114 iniciativas con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable por un total de US$4.536 millones.

Desde 1997 que no ingresaba ni se aprobaba un número tan bajo de proyectos de inversión en evaluación ambiental como los contabilizados al cierre del primer semestre. En dicho año, comenzó la Crisis Asiática, con la devaluación de la moneda tailandesa y afectaría a parte importante de países emergentes que estaban abriendo su economía, entre ellos a Chile.

Por otro lado, el cierre del primer semestre de este año arrojó el monto de la inversión aprobada más bajo en últimos 16 años. De hecho, la inversión visada sumó US$4.536 millones con 114 proyectos y desde 2007 que no se registraba una cifra tan baja, cuando hubo 451 iniciativas aprobadas que sumaron US$3.960 millones.

Durante la primera mitad del año, los cinco proyectos de inversión más grandes aprobados son: Parque Terra Energía Renovable (US$750 millones); Parque Eólico Antofagasta (US$684 millones); Proyecto Microsoft SCL03 (US$317 millones); Parque Fotovoltaico Socompa Solar (US$200 millones) y Parque Eólico Don Álvaro (US$150 millones).

Desde el SEA señalaron que “el mayor o menor ingreso de proyectos de inversión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es reflejo de los ciclos económicos que vive el país y no es atribuible a nuestras instituciones ni procedimientos. La institucionalidad ambiental chilena goza de prestigio y el sistema de evaluación ambiental que administra el Servicio de Evaluación Ambiental es valorado nacional e internacionalmente por su transparencia y rigor técnico”.

“Sin perjuicio de ello existen muchos espacios de mejora. Tal como lo anunció el Presidente Gabriel Boric, el gobierno trabaja para fortalecer el SEIA de manera de dar confianza a todos los actores que participan en él. Es así como desde el Servicio de Evaluación Ambiental colaboramos con el Ministerio del Medio Ambiente en la preparación de un proyecto de ley que modernizará la evaluación de impacto ambiental, encaminándonos hacia una evaluación más técnica y más autónoma, reforzando estándares de participación ciudadana, y racionalizando los procedimientos y el sistema recursivo para que sin sacrificar el cuidado del medio ambiente que es el mandato constitucional, poder disminuir los plazos totales que median hasta la obtención de una resolución de calificación ambiental firme”, acotó la institución.

A ello se suma que “se espera la pronta aprobación, por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de la primera fase de la reforma al reglamento del SEIA, que fue sometida a consulta pública y que da claridades sobre cómo se considera el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental y cómo se avanza en los estándares del Acuerdo de Escazú. Además, en este momento trabajamos junto al Ministerio del Medio Ambiente en una segunda fase de la reforma al reglamento, orientada a racionalizar los procedimientos dentro del marco legal”.

Consultado el SEA sobre la posibilidad de acelerar la evaluación ambiental de proyectos que generan un mayor número de puestos de trabajo debido a la desaceleración, la institución contestó que “es la ley la que establece los plazos legales de tramitación, los que se cumplen siempre por la autoridad. Sin embargo los titulares solicitan extensiones de plazo para contestar a las preguntas. Por eso, además de las reformas legales y reglamentarias mencionadas, son importantes la unificación de criterios que realizamos, la capacitación y el diálogo, porque permiten el ingreso de mejores proyectos cuya tramitación resulta más fluida”.

Actualmente el SEA está implementando una serie de acciones que permitan a los titulares y la ciudadanía tener mayores certezas técnicas y jurídicas al momento de tramitar un proyecto y que así su evaluación sea más fluida. En el marco de su rectoría técnica, ha publicado una serie de guías, instructivos y criterios anticipándonos a la evaluación de proyectos de hidrógeno verde, desalinización, y energías renovables.

“Un factor muy relevante en la reducción de tiempos de tramitación, es la calidad de los proyectos que se presentan a evaluación y el trabajo previo con las comunidades del territorio. A mayor calidad y preparación de los proyectos, menores son los tiempos de suspensión que requieren los privados”, indicaron.

De igual modo, señalaron desde el organismo que “se está reforzando la cantidad de profesionales y definiendo equipos de tarea específicos para evaluar de forma correcta determinados proyectos de gran magnitud y complejidad que se anuncian, cómo son la futura línea de transmisión Kimal-Lo Aguire y los proyectos de Hidrógeno Verde en las regiones de Magallanes y Antofagasta”.

Por otro lado, informaron que “al iniciar esta administración la mayoría de los funcionarios trabajaba de manera remota en el contexto post pandemia. La nueva dirección ejecutiva dispuso que todos los funcionarios a lo largo del país trabajen presencialmente, salvo las excepciones previstas en el código del trabajo para casos de alerta sanitaria, y aquellos prestadores de servicios a honorarios, cuyos contratos, excepcionalmente, no estén sujetos a jornada”.