La mayoría de los expertos estima que hoy no están las condiciones fiscales para avanzar a una Pensión Básica Universal

Cecilia Cifuentes, David Bravo, Sebastián Izquierdo, Alejandro Ferreiro, Alejandro Micco

¿Subir el Pilar Solidario a un 80%, a un 100%, o Pensión Básica Universal (PBU)? No hay una única visión entre los expertos respecto de cuál es el camino ideal a seguir, pero la mayoría tiende a pensar que en el largo plazo se puede avanzar a algo más universal, pues hoy no estarían las condiciones fiscales para ello.


¿Subir el Pilar Solidario a un 80%, a un 100%, o Pensión Básica Universal (PBU)? No hay una única visión entre los expertos respecto de cuál es el camino ideal a seguir, pero la mayoría tiende a pensar que en el largo plazo se puede avanzar a algo más universal, pues hoy no estarían las condiciones fiscales para ello.

Así, por ejemplo, el economista David Bravo plantea que “a partir de las estimaciones de costos de las opciones producidas por Dipres según el reporte que hizo La Tercera, queda en evidencia el importante costo asociado a una PBU”.

Es por esto que Bravo señala que “en mi opinión creo que se debe continuar con la estrategia de ir ampliando el Pilar Solidario, pasando del 60% al 80% y posiblemente al 100%, pero con un incremento en la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS), que es más barato que la PBU”.

Lo anterior, considerando que según cálculos del gobierno, aumentar la cobertura del Pilar Solidario desde el 60% al 80%, implicaría un gasto incremental de US$1.219 millones anuales en 2033. El costo de subir la cobertura desde un 80% a un 100% de la población serían US$647 millones adicionales ese mismo año. Pero el costo de pasar a una PBU sería mucho mayor: US$6.295 millones incrementales en 2033.

Para el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, “una PBU no es la mejor política para nuestra situación fiscal y nuestra tremenda desigualdad. El país requiere dar protección a los que están en la parte baja de la pirámide social. Las pensiones universales se justifican en países igualitarios. No es para nada nuestro caso”.

Por su parte, el director ejecutivo de Horizontal, Sebastián Izquierdo, comenta que “la propuesta del gobierno va en la dirección correcta, pero es una estación previa a la que debiésemos aspirar. A diferencia de la pensión básica actual, una universal con beneficio definido es una política audaz que permitiría fijar un piso, hacer más simple el sistema, más inclusiva e incentivaría el ahorro individual”.

Sin embargo, Izquierdo señala que “bajo los marcos presupuestarios actuales, no es conveniente que esta cubra al 100% de inmediato, o sin una estación intermedia. Las reformas que Chile necesita deben ser sostenibles no solo para esta generación, sino las que vienen; por lo tanto, la cobertura debe ir de la mano del desarrollo”.

En tanto, el exsuperintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro, plantea que “tarde o temprano tendremos que avanzar hacia una PBU o una pensión básica cercana al 90% de cobertura. Con las lagunas previsionales actuales -y los retiros-, esa es la única solución socialmente sostenible en el mediano plazo. Si un ajuste tributario para ello se requiere, pues así tendrá que ser. El IVA es un buen candidato para eso, pues es una manera de recaudar hoy sobre el consumo presente para financiar consumo futuro (opera de un modo similar al de una cotización proporcional al consumo actual)”.

La economista y académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, cree que se debería instaurar ahora una PBU, “pero con alguna gradualidad, para poder cerrar este tema”.

En ese sentido, la economista acota que el informe del gobierno “muestra que la PBU es mucho más cara que la ampliación del Pilar Solidario que se está proponiendo, pero lo que pasa es que aquí hay temas que no están considerados. La propuesta que tenemos con Patricio Arrau de PBU contempla que se entrega esta PBU y no se sube la cotización en 6 pp, ni se crea este pilar de reparto. Eso es súper relevante, porque el pilar de reparto tiene un costo fiscal muy alto, tanto por las cotizaciones que tiene que hacer el gobierno a los empleados públicos, que cuesta unos US$700 millones al año, y en régimen eso obviamente va subiendo; más el hecho de que la cotización sea de cargo del empleador, lo que lleva a que las empresas tengan menos utilidades y paguen menos impuestos. Eso cuesta otros US$500 millones al año”.

Sobre este punto, dice que precisamente “ahí ya la brecha a financiar es menor, más todos los impactos que genera el incentivo a la formalidad laboral y al ahorro tener una PBU, aunque es difícil hacer los cálculos ahí, por lo menos, mi percepción, es que termina siendo mucho mejor avanzar hacia una PBU y no hacer nada más. Esto, en términos de los incentivos, de la simplicidad del sistema, de un montón de elementos. Eso nos dejaría con un sistema de pensiones bastante similar al que tiene hoy Nueva Zelanda, que es simplemente una pensión básica pareja, y el resto es puro ahorro voluntario, pero los incentivos ahí quedan bien puestos”.

La propuesta de Arrau y Cifuentes plantea una nueva PBU que reemplace el actual sistema de pensiones solidarias. El documento propone que “este nuevo pilar cubra a la totalidad de la población mayor de 65 años, cumpliendo un requisito de residencia y de edad, financiado con ingresos generales de la nación”.

El costo anual lo estiman en US$7.522 millones para el primer año (2022), considerando una PBU equivalente a $177 mil al mes (UF 6 al mes). Esto se compara con los US$5.014 millones que costaría en 2022 el Pilar Solidario en caso de aprobarse las indicaciones del gobierno para aumentar la cobertura a un 80% de la población, indica el documento.

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