El 10 de diciembre de 2020, Itelecom Holding Chile SpA, la sociedad investigada por el Ministerio Público en un presunto fraude al Fisco, soborno y lavado de activos por la venta de luminarias led, presentó su plan de reorganización. Se trata de un proceso complejo que requiere la negociación con acreedores que suman pasivos por $ 17.523 millones.

La última propuesta de reorganización distingue a dos tipos de acreedores. En el primer grupo están “proveedores”, a los cuales la empresa debe hasta $ 30 millones y resultan esenciales para la continuidad de giro. A ellos, Itelecom ofreció que sean pagados durante el plazo de un año. Mientras que en el segundo bloque están los “financieros”. Aquí, el objetivo es que al comenzar la reorganización se les pague el 3% del crédito y luego tendrán un periodo de gracia de 18 meses y el resto de los pagos se efectuarán en nueve años. Además, la propuesta apunta a pagar a estos acreedores con un crédito bullet -que se paga al terminar- y manteniendo los contratos vigentes.

La propuesta que cuenta con el visto bueno de dos de los principales acreedores, como Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A. (CIFI) e Itaú Corpbanca con 50,9% y 12,9% del total de los pasivos, respectivamente, vuelve a ser discutida nuevamente.

Sin embargo, hace dos semanas, CIFI solicitó a Itelecom explorar una opción de pago distinta a la que mantiene el resto de los acreedores financieros. Por lo mismo, la deudora presentó una solicitud de prórroga y nuevamente la semana se pidió una petición aplazamiento de la junta de acreedores que debe zanjar si aprueba o no el plan de reorganización de la empresa. Por lo tanto, la reunión que será clave para el futuro de la compañía está fijada para el 28 de abril.

El plan de reorganización definitivo será presentado al 26º Juzgado Civil de Santiago poco antes de la reunión clave.

El rearme del plan de salvataje provocó un ajuste también en los votos, porque supone ahora que los asesores de Itelecom -Jorge Lembeye y Daniel Praetorius, socios de Lembeye Abogados- extremen sus esfuerzos por conseguir el respaldo de otros acreedores que originalmente no estaban previstos. Según han manifestado ambos abogados en sus escritos, la compañía es económicamente viable, si se apartan los asuntos penales.

Según trascendió por ahora, los abogados de Itelecom se han concentrado en negociar las preferencias de los abogados y las señales son positivas, según cuentan acreedores, pues el hecho que el tribunal accediera a dos prórrogas para la presentación del plan de reorganización definitivo da cuenta de que existe interés de parte de los acreedores por aprobar la propuesta.

Otra de las particularidades del plan de reorganización radica en un “cortafuego” entre los socios y la administración de la compañía respecto de la parte penal. El plan también establece que el interventor tendrá que buscar una nueva plana ejecutiva por medio de un proceso de head hunter. En efecto, la propuesta contempla un mecanismo para que los acreedores puedan descolgarse de la reorganización si la situación penal pudiera generar daño en los ingresos de la compañía.

A modo de ejemplo: los acreedores podrían tomar esta opción si el Ministerio Público decide congelar las cuentas bancarias de Itelecom, como lo hiciera en mayo y junio del año pasado. De hecho, la compañía en su plan original estableció un fondo de contingencia de $1.000 millones ante una eventualidad penal.

Desde el estallido del caso, Itelecom ha debido ajustar fuertemente sus costos y uno de los frentes más afectados ha sido su dotación de empleados. En mayo de 2020, la empresa contaba con una planta total de 150 trabajadores, hoy cuenta con solo 60 personas y es muy probable que una vez se ponga en marcha el plan de reorganización, esta cifra baje a la mitad. Se trata de gerentes, administrativos y cuadrillas de técnicos que deben dar cumplimiento a los contratos de mantención de las luminarias a distintos municipios.

En una lógica de poder pasar la prueba de la blancura ante los bancos, Itelecom ha buscado alejarse de la administración de Marcelo Lefort, quien fundara la empresa y hoy es imputado por una serie de delitos de corrrupción. A la fecha, sólo Alex Campos, gerente de Administración y Finanzas de la empresa, continúa en su cargo. Mientras que el director de Finanzas, Leonardo Bustos, dejó de formar parte de la empresa una vez que estalló la polémica.

Se trata de un logro -cuentan acreedores-, porque a la fecha, ninguna municipalidad ha decidido poner término a sus contratos. Ello a pesar de que mantiene juicios abiertos con las corporaciones edilicias de Recoleta e Iquique. No obstante, en el primer caso es por el cobro ejecutivo de una factura y en el segundo, por trabajos ya realizados.

El 2 de noviembre de 2020, Trilinc Global Impact Fund Cayman Ltda (TGIF) -sociedad domiciliada en Islas Caimán- presentó una demanda en contra de Itelecom por US$1.645.705 ($1.291 millones), luego de que esta última obtuviera fondos para desarrollar su plan de expansión.

Frente a la arremetida del fondo de Islas Caimán representado por el abogado Pedro Pablo Gutiérrez, los representantes de Itelecom lograron declarar que los fondos que reclamaba la demandante fueran declarados como un activo esencial, dado que la compañía necesita estos recursos para poder solventar su operación.

En primera instancia, la empresa obtuvo el visto bueno del veedor del proceso de reorganización, Nicolás Mena, y posteriormente el tribunal también validó la petición de Itelecom.

La orden del tribunal ordena que dichos fondos serán utilizados para que la compañía utilice dichos fondos y cumpla con sus compromisos bajo el acuerdo de reorganización. Por lo mismo, el fondo es conducido directamente al resto de los acreedores y TGIF originalmente había acreditado pago de honorarios de sus abogados por US$ 90.000, y en esta discusión el tribunal le encontró la razón al fondo. No obstante, Itelecom apeló a la resolución sobre los intereses de dichas costas.