Que el Tribunal Constitucional (TC) intervenga y le permita poder participar de las elecciones presidenciales de noviembre, ya sea como candidato a La Moneda, al parlamento o, incluso, el sólo hecho de poder ejercer su derecho a voto. Esto es lo que busca Marco Enríquez-Ominami quien junto a su defensor, Ciro Colombara, presentaron un requerimiento que busca declarar inconstitucional la norma que le quitó sus derechos políticos luego de que la Fiscalía lo acusara y llevara a juicio oral en el denominado caso OAS.

Al interior del organismo dicen que es interesante el debate que se abrirá, ya que lo que se alega tiene abultada doctrina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El más recordado caso es la condena contra Colombia por “haber violado los derechos políticos y las garantías judiciales en el caso Petro Urrego versus Colombia”. Éste refiere a la destitución del alcalde de Bogotá que inhabilitó durante 15 años a Gustavo Petro. La Corte determinó que la sanción de inhabilitación o separar de su cargo por parte de la parte acusadora de autoridades electas popularmente vulnera la obligación de los estados de respetar los derechos de las personas.

Por estos días, ME-O enfrenta el juicio oral por el caso OAS en que se le acusa de fraude de subvenciones y se ha solicitado en su contra cuatro años de cárcel. Pero no es el único caso que el fundador del PRO tiene pendiente. En el caso SQM, en que se investigaron aportes irregulares de la minera no metálica a campañas políticas, también tiene calidad de acusado y arriesga, según el libelo, otros cuatro años de cárcel.

El tema, explican dos ministros del TC, es que el exdiputado tiene un punto, y es que el mismo que acusa -en este caso el Ministerio Público- dispone por sí de los derechos políticos del acusado, aun cuando este no ha sido condenado y se le presume inocente. De no tener un éxito en el organismo, el caso de ME-O podría incluso terminar en la Corte IDH.

La próxima semana está contemplado en el TC que pase a la cuenta de admisibilidad, tras haber ya sorteado el primer escollo que fue el que se acogiera a trámite el libelo.

El abogado de ME-O, Ciro Colombara, profundizó en la estrategia. “Es una situación absurda y que no tiene paralelo en otros países. Esto es, que se permita -pura y simplemente- por una decisión del Ministerio Público, en cuanto a deducir acusación en contra de una persona, que se suspenda o prive de derechos políticos, a esta persona, es decir, que no pueda votar ni ser candidato. Desde esa perspectiva, obviamente es contrario a los tratados y convenciones internacionales que expresamente regulan la situación de los derechos políticos, toda vez que solo pueden ser suspendidos -o alguien puede ser privado de ellos- en virtud de una sentencia penal condenatoria después de un juicio”.

El profesional agregó que “acá no ha habido juicio, simplemente hay una investigación y una acusación y, por lo tanto, no es posible que, por ese solo hecho, por la sola voluntad unilateral del Ministerio Público, sin la intervención de los tribunales de justicia, se prive de derechos políticos en este caso al señor Marco Enríquez-Ominami. Y en caso que el Tribunal Constitucional así lo entienda, entonces –de ser su decisión-, él podrá inscribir una eventual candidatura a cualquier cargo público, hasta el 23 de agosto, conforme a la ley”.

Otro de los miembros de la defensa, el abogado Aldo Díaz, agregó que “esperamos que el TC y las corte de apelaciones y Corte Suprema, así lo entiendan”.

El caso Ossandón

Fue sorpresivo e inesperado. El senador Manuel José Ossandón llegó hasta su local de votación y no pudo ejercer su derecho a voto en las primarias presidenciales de este 18 de julio. El motivo es que la justicia informó al Servel que se encontraba acusado en la investigación por tráfico de influencias que siguió la Fiscalía en su contra, pero que quedó trunca cuando la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó desaforarlo.

Para revertir esta situación, el abogado del congresista, Samuel Donoso, pidió que el Juzgado de Garantía de Puente Alto rectifique esta información, ya que sostiene que el Ministerio Público no tenía atribuciones para presentar una acusación contra Ossandón, sin haberlo antes despojado de su fuero parlamentario. En subsidio, pidió que se cite a una audiencia de cautela de garantías en que se discuta esta situación, ya que, a juicio de la defensa, se “están vulnerando los derechos de Ossandón”, y la justicia lo debe enmendar de forma inmediata.