Para el 19 de agosto quedó fijada una audiencia para discutir la reapertura del caso en contra del excomandante en jefe del Ejército, el general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, para quien la fiscalía pidió 15 años de cárcel por malversación de caudales públicos.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) requirió abrir la investigación, que ya suma seis años en total, debido a la falta de pesquisas que consideran importantes de realizar previo al juicio: “Las siguientes diligencias se pidieron en junio y julio recién pasado, y se justifican por ser necesarias para contrastar múltiples afirmaciones contenidas en declaración escrita de fecha reciente del imputado Juan Miguel Fuente-Alba Poblete”.

En ese sentido, el CDE pidió que se complete un informe de la PDI en relación a hechos impugnados por Fuente-Alba en cuanto a los pagos en efectivo que habría realizado, los que él dice que no se hicieron por ese medio: “Cuestionamiento a las menciones contenidas en las escrituras públicas de compraventa de inmuebles que, al dar cuenta de los pagos de los precios de los inmuebles, indican que fueron solucionados en efectivo, no obstante que -según lo que expresa Fuente-Alba- se pagaron en vale vistas o en menor cantidad cheques”.

El exmilitar entregó su último testimonio el 29 de abril pasado al fiscal José Morales. Se trata de un escrito de 94 carillas -al que accedió La Tercera-, en el que se justifican -según él- todos sus ingresos. Así, habla de su familia, destinaciones, las herencias y cómo fue sumando peso a peso hasta llegar a la fortuna que -sostiene- logró de forma lícita. En total, según detalla, juntó legalmente más de $ 760 millones.

“Debo señalar que, como excomandante en jefe del Ejército, jamás tuve a mi cargo en depósito, consignación o secuestro los caudales públicos de que se trata y debo desmentir en forma aún más tajante que haya sustraído o consentido que un tercero los sustrajera, que son los verbos rectores del supuesto delito de malversación por el que se dictó el equivocado auto de procesamiento en sede de justicia militar, y que dan origen a esta causa por supuesto lavado de activos”, asegura el general (R) en el documento.

Además, sostiene que ha habido una “persistencia en ignorar las fuentes acreditadas de ingresos y ahorros por diversas vías (rentas de arrendamiento de inmuebles, utilidades en la enajenación de éstos, herencias, etc.), insistiendo en una afirmación abiertamente inexacta, cual es que mis ingresos provenían exclusivamente de mi sueldo como oficial de Ejército”.

Y a eso se suma, dice, la omisión en el estudio de la evolución del patrimonio de la sociedad conyugal que mantiene con su esposa, Anita María Pinochet Ribbeck.

Indica que lo afirmado en la formalización en su contra no es efectivo, ya que -asegura- no es real que en 60 meses hubieren coexistido activas ocho cuentas corrientes y 17 tarjetas de crédito: “El error en la formulación de cargos es que en ella no se consideró el período de validez de cada uno de estos productos vinculados a las cuentas corrientes”.

Así, va una a una explicando la apertura de las cuentas en cuestión, justificándolas a raíz de diversas razones, como adquisiciones de créditos hipotecarios, traslados por comisión de servicio al extranjero y compras de vehículos. Por ejemplo, dice que “la única razón por la que fue abierta esta cuenta corriente en el Banco HSBC se funda en la destinación del 2 de diciembre de 2005, como agregado de Defensa y militar a la embajada de Chile en los Estados Unidos y jefe de la misión militar en el citado país, desde el 26 de diciembre de 2005 al 31 de enero de 2007. Por lo tanto, a diferencia de lo que se sugiere en la formalización, fue el Ejército el que instruyó la apertura de dicha cuenta”.

Además, reprocha los cuestionamientos de la fiscalía sobre que se sospeche de la cuenta bipersonal con su señora: “Resulta obvio que si la mayor parte de los recursos monetarios de la familia provienen de la sociedad conyugal, ellos se acumulen en la cuenta bipersonal del matrimonio. Tales recursos (...) provenían no sólo del sueldo que yo percibía como funcionario público, sino que se incrementaban con el producto de inversiones y ventas de bienes, arrendamientos y otros”.

Sobre la imputación del uso ilegal de gastos reservados para incrementar su fortuna, Fuente-Alba indica que “si dicha afirmación se funda en el hecho de que, cualquier abono que se indique en la cartola bajo el rótulo ‘efectivo’, puede entenderse o atribuirse entonces a que se trata de dinero ‘en billetes’ provenientes de la fuente de financiamiento que esgrime el fiscal, ello nos parece una conclusión no sólo apurada, sino que, además, carente de evidencias que la sustenten (...). La existencia de abonos por caja (no necesariamente en efectivo, como señala el señor fiscal, confusión en la que nos explayaremos en el punto siguiente) en mi tarjeta de crédito no significa que estos recursos provengan de una fuente de financiamiento como la asegurada por el señor fiscal, puesto que su origen son fundamentalmente ahorros que se hicieron mucho antes de ser nombrado comandante en jefe”.

Para justificar su patrimonio explica que debido a sus destinaciones como militar logró obtener grandes ahorros. Por ejemplo, dice, entre 1976 y 1981, cuando estuvo en Coyhaique, logró juntar un total de $160 millones. Y entre 1987 y 1988, cuando fue destinado a El Salvador, ahorró otros $ 68 millones. A eso suma que entre 2002 y 2010 recopiló $ 27 millones por comisiones de servicio al exterior y entre 1989 y 2001 recibió otros $ 51 millones por comisiones de servicio. Sin embargo, señala que “no se cuenta con la documentación contable sustentatoria por encontrarse incinerada hasta diciembre de 1998″.

A esto suma, dice, los ingresos de su esposa derivados por arriendos de inmuebles, la venta de una casa familiar en El Quisco, la herencia de su padre, entre otras cosas: “Estos importantes activos que fueron ahorrados y que alcanzan una suma total actualizada de $ 767.855.358 nunca han sido considerados en esta investigación, y son más que suficientes para sustentar el pago de los créditos de que se trata, sin recurrir a la especulación de empleo de gastos reservados”.