Las coincidencias entre las propuestas que impulsaron exconvencionales socialistas, DC y la derecha con el acuerdo de reformas del oficialismo

“¿En serio hay exconvencionales molestos por el acuerdo de los partidos políticos del oficialismo?... Imagínense los convencionales que durante meses advertimos de la posición en la que actualmente estamos, por simples gustos o falta de sentido común de otros colegas. No pueden ser tan barsas”.

Ese mensaje publicó el miércoles en sus redes sociales el exconvencional Maximiliano Hurtado (Colectivo Socialista). Su molestia responde a los cuestionamientos que han levantado algunos de sus pares -particularmente los que integraron los colectivos de independientes y los escaños reservados-, quienes durante la última semana han reclamado la ‘intromisión’ de los partidos políticos oficialistas al publicar un acuerdo -firmado por los 10 presidentes de partidos- en que se especifican eventuales reformas a la propuesta constitucional de la Convención en caso que sea aprobada en el plebiscito.

Y es que justamente desde su colectivo, el socialista, reconocen que en reiteradas ocasiones, a lo largo del proceso constituyente, enfatizaron en puntos que hoy son recogidos por el acuerdo de los partidos, pero no fueron tomados en cuenta por sus pares.

En esta línea, consultado por La Tercera, Hurtado dijo que “durante toda la Convención advertimos la necesidad de repensar algunas de las decisiones que se estaban tomando, porque sabíamos que se alejaban de lo que en ese entonces denominamos como ‘el sentido común de la gente’. Lamentablemente, no tuvimos una respuesta positiva. De hecho, por decisiones complejas fuimos tildados de conservadores e incluso funados”.

A modo de ejemplo, Hurtado sostuvo que, en el caso de la justicia indígena, los socialistas fueron “siempre partidarios de ponerle límites o de establecer el derecho de opción”. Asimismo, durante el proceso constituyente los socialistas también hicieron advertencias a sus pares sobre la voluntariedad de la justicia indígena, la capitalización individual, las leyes de concurrencia presidencial y la mantención del estado de emergencia, todas materias incluidas en el acuerdo oficialista.

Sin embargo, desde ese grupo admiten que casi nunca presentaron indicaciones en base a sus reparos, pues su estrategia al interior del órgano respondía a buscar consensos con los demás colectivos y alcanzar los dos tercios en el pleno. En cambio, la derecha y el Colectivo del Apruebo -integrado por un DC y un PPD, entre otros- sí presentaron indicaciones por su cuenta, dentro de las cuales hay algunas coincidencias con los puntos planteados por el oficialismo.

Por ejemplo, en el acuerdo de los partidos se menciona que “no existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular a la Corte Suprema”.

En esta línea, el 2 de marzo Fuad Chahin (DC) propuso una indicación -rechazada con 107 votos en contra- que establecía que “la ley dispondrá sistemas jurídicos indígenas y fijará su alcance y competencia, asegurando su compatibilidad con el sistema jurídico nacional”.

El mismo convencional propuso otra enmienda para que “los sistemas jurídicos indígenas se aplicaran solo entre las personas que se identifiquen como pertenecientes a los respectivos pueblos indígenas, de conformidad a la ley, las que, en todo caso, siempre podrán optar por el sistema nacional de justicia”. No obstante, su idea fue rechaza con 107 votos en contra.

De igual manera, el exconvencional Ruggero Cozzi (RN) sugirió- también el 2 de marzo- que “(...) toda persona tiene el derecho irrenunciable a hacer valer sus pretensiones ante la jurisdicción ordinaria, sin perjuicio de su pertenencia a un pueblo indígena. La ley establecerá el ámbito de aplicación personal, material y territorial de la jurisdicción indígena. Dicha ley garantizará que las decisiones de las autoridades indígenas sean impugnables ante los tribunales ordinarios. La jurisdicción indígena no será aplicable en materias de derecho público”, lo que finalmente fue rechazado con 116 votos en contra.

“Varias veces (...) intentamos limitar el ámbito de la justicia indígena, pero la Convención quiso dejarlo abierto, incluso a asuntos penales. Lo advertimos, pero no hubo voluntad de limitarlo. Ahora se arrepienten a la luz de las encuestas”, sostuvo Cozzi ayer en sus redes sociales.

Otro ejemplo es referido al artículo sobre consentimiento indígena. Ante esta materia, los partidos políticos propusieron que “la consulta indígena solo refiere a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”.

En este sentido, el exconvencional por RN Raúl Celis propuso una indicación el 13 de abril que establecía que “no requerirá consulta indígena la aprobación de la Ley de Presupuestos, sin perjuicio de los espacios de participación incidente que se consagren para la ciudadanía y los pueblos indígenas”. Sin embargo, la propuesta fue rechazada con 97 votos en contra.

Por otro lado, dentro del acuerdo de los partidos del oficialismo hay un punto referido a la propiedad de las viviendas, sobre el que se sugiere que “el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados (...). Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

En el pleno del 11 de mayo, la exconvencional Rocío Cantuarias (independiente cercana a la UDI) propuso una indicación que sostenía que “la propiedad sobre la vivienda es inviolable” y que “el Estado tiene el deber de erradicar toda toma, ocupación u otro uso ilegal de la propiedad ajena (...)”.

También ingresó otra indicación el 19 de abril que sostenía que “la propiedad sobre la vivienda es inviolable. El Estado tiene el deber de erradicar toda toma, ocupación u otro uso ilegal de la propiedad ajena”. Asimismo, y en ese mismo pleno, Cantuarias propuso incluir luego de la frase “provisión de vivienda” la expresión “propia”.

Las tres indicaciones fueron rechazadas con más de 80 votos en contra.

En cuanto a salud, la propuesta oficialista establece que “la ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada. Bajo el Seguro Único de Salud se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud”.

Cantuarias también presentó una indicación -sin mencionar el Seguro Único de Salud- que postulaba que “las personas podrán siempre elegir la institución de salud en la que quieran atenderse, sea esta pública o privada. El Estado propenderá a prestar una pronta y oportuna atención de salud, sea a través de instituciones públicas o mediante derivaciones a instituciones privadas, de ser necesario”, la que finalmente fue rechazada con 101 votos en contra.

La misma convencional propuso consagrar que “las personas tienen el derecho a elegir su asegurador y su prestador de servicio de salud”, la que fue rechazada con 87 votos en contra en el pleno del 19 de abril.

En consideración de estos puntos, hoy Cantuarias cuestionó que “¿cómo no sospechar del acuerdo de los políticos del comando del Apruebo? Considerando que son los que celebran el borrador de la Convención, tratan de convencer de que es bueno a pesar de la evidencia, y rechazaron una y otra vez las propuestas que hacíamos y que pretendían cambiar justamente lo que ahora dicen que hay que ‘aclarar’”.