El destacado penalista, académico y exabogado integrante de la Corte Suprema Jean Pierre Matus está en pleno camino para llegar a ser ministro de la Corte Suprema. Es la carta del gobierno para reemplazar al exsupremo Carlos Künsemüller y ser el magistrado número 19 del pleno del máximo tribunal del país.

Pese a sus credenciales, reconocidas por el mundo penal y jurídico, el profesional ha tenido que enfrentar fuertes cuestionamientos en su contra. Las principales críticas apuntan a su paso por el Ejército, entre octubre de 2018 y diciembre de 2020, como abogado asesor del comandante en jefe de la rama castrense, general Ricardo Martínez.

Matus pudo defenderse y responder todas estas dudas esta semana ante la Comisión de Constitución del Senado. Lo más probable es que vuelva a ser citado para responder otras preguntas que, por tiempo, no pudieron ser formuladas.

En el gobierno están convencidos de que es el mejor nombre para llegar a la Suprema. Su reconocida experiencia como penalista lo hace ser el candidato idóneo para el cupo, el cual corresponde a profesionales externos al Poder Judicial. Por eso fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que el Ejecutivo persistirá con su nombre y apuestan a conseguir los 29 votos necesarios para visar su candidatura.

Estos son los cuestionamientos recibidos por el aspirante al máximo tribunal, los hechos que rodean los reproches y las explicaciones detrás de cada uno de estos temas.

Por haber representado como abogado defensor al general (R) Schafik Nazal, Matus ha recibido críticas respecto de su compromiso con la libertad de expresión. Esto debido a que Nazal solicitó al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete pinchar los teléfonos de periodistas chilenos. Según declaró el propio juez ante la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados, todo se hizo por la vía legal. “No fui engañado (...). Estaba en pleno conocimiento de la diligencia que se me solicitó”, dijo el magistrado ante los parlamentarios de la instancia.

La solicitud de Nazal se realizó en septiembre de 2017. Matus fue contratado como abogado asesor de Martínez —a honorarios, sin dedicación exclusiva, subordinación, ni dependencia— recién en octubre de 2018.

Asumió la representación del entonces general Nazal, ya que en el momento en que se destapó la Operación Topógrafo era el jefe del Estado Mayor, por lo tanto, le tocaba subrogar a Martínez en su ausencia. Es decir, era el número dos de la rama castrense. “Yo no he ocultado que fui abogado defensor del señor Nazal. He dicho que toda persona incluyendo al señor Nazal tiene derecho a una defensa técnica y he dicho que he presentado los documentos que él me entregó para su defensa técnica y que esos documentos no son falsos”, comentó esta semana en su presentación ante la Comisión de Constitución del Senado.

“Las preocupaciones expresadas sobre ni eventual conducta en el campo de la libertad de expresión se contradicen con mi actuación como abogado defensor de mi hermana, la periodista Alejandra Matus, en las causas seguidas por la publicación de El Libro Negro de la Justicia Chilena”, añadió.

El penalista fue el abogado que representó a la periodista ante los tribunales chilenos, en su solicitud de asilo y también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como consecuencia de eso, comentó Matus, se logró “la derogación del Artículo 6 letra b) de la Ley de Seguridad del Estado que en ese entonces permitía la persecución de los periodistas por el delito de desacato”.

A Matus, además, se le reprocha el conflicto que se puede generar en caso de que si logra llegar a la Corte Suprema le toque fallar alguna causa vinculada a sus clientes pasados. Frente a este tema, el penalista fue tajante: tiene la obligación de inhabilitarse.

“Si llega a ser el caso, que haya una causa en la que intervenga, por ejemplo el general (R) Nazal, yo no puedo intervenir. Nuestro sistema asegura la imparcialidad de los tribunales. Si interviene el comandante en jefe del Ejército, yo tampoco puedo intervenir, porque el sistema asegura la imparcialidad de los tribunales”, dijo el académico.

En esa misma línea agregó: “Haber sido abogado patrocinante de un imputado en una causa, o emitido un informe en derecho sobre otra, me inhabilita en el futuro para intervenir como juez en ellas asegurando a las partes contrarias la imparcialidad del tribunal superior que llegue a conocerlo”.

Diversas organizaciones de memoria y derechos humanos le critican a Matus algunos de los fallos que redactó cuando fue abogado integrante de la Corte Suprema. Específicamente cuestionan lo relativo a la atenuante de la media prescripción. Se trata de un concepto del derecho penal chileno que permite rebajar la pena de un condenado.

“Los temores frente a mi actuación futura en esta materia no se basan en que yo hubiese aplicado la atenuante de la media prescripción en causas seguidas por torturas, desaparecidos ni ejecuciones extrajudiciales, porque no lo hice. Sino en una discusión en torno a los argumentos jurídicos esgrimidos para rechazar los recursos de casación, cuestión que no alteró el resultado, esto es, que en los casos discutidos la sala que integré no anuló de oficio, ni por aplicación de algún recurso, ninguna sentencia para aplicar la media prescripción”, respondió Matus ante los senadores.

Luego agregó: “Siempre he sostenido la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y que no existe fundamento para anular una sentencia y aplicar la media prescripción en casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, así como la necesidad jurídica de acatar los tratados y resoluciones de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, tanto en la enseñanza como en la práctica del derecho”.

La postura jurídica del abogado es contraria a lo que se conoció como la doctrina Dolmestch, la cual estipulaba que la aplicación de la media prescripción era obligatoria y, por lo tanto, se podían anular sentencias de oficio si es que los jueces no la aplicaban. Al contrario, Matus sostiene que no es una atenuante obligatoria, sino que solo es facultativa del juez.

Uno de los fallos objetados corresponde al caso Luzoro, causa en la cual se condenó a un civil por participar en asesinatos junto con agentes del Estado. Esa sentencia, redactada por Matus, fue destacada por Londres 38 en su página web el año 2017 y la calificó de “histórica”. En una nota de su página web se lee lo siguiente: “Este fallo, además de ser la primera condena a un civil por crímenes de lesa humanidad, confirma la línea judicial sobre la participación activa de civiles en los crímenes de la dictadura”.

En esa sentencia, en el considerando décimo, el voto de mayoría al cual concurrió Matus, estipuló lo siguiente: “Cualquiera sea la interpretación del fundamento de lo dispuesto en el Artículo 103 del Código Penal, lo cierto es que su literalidad no impone una rebaja obligatoria de la pena, sino que remite expresamente a las reglas de los artículos 65, 66, 67 y 68 de dicho cuerpo legal para su determinación, reglas que consideran las rebajas de penas allí previstas una facultad de los jueces del fondo cuyo ejercicio no puede ser corregido por esta vía”.

Históricos abogados de derechos humanos —como Nelson Caucoto, Luciano Fouillioux y Álvaro Varela— publicaron una declaración en la cual también se refieren a este asunto. Los tres profesionales aseguraron que “el profesor Matus no ha apoyado la rebaja de penas a violadores de derechos humanos a través de la doctrina de la media prescripción”.

El Séptimo Juzgado de Garantía declaró admisible una querella ingresada por el abogado Cristián Cruz en representación de Juan Pablo Díaz en la cual se pide que se indague la eventual comisión de los delitos de interceptación y captación maliciosa de las telecomunicaciones y el supuesto ilícito de obstrucción a la investigación. Todo en el marco de la Operación Topógrafo.

La querella no se dirige en contra de ninguna persona en particular, sino que solo se limita a pedir que se investigue a “todos quienes resulten responsables”.

Al final de la acción legal, se solicita que se cite a declarar en calidad de imputado a Matus. Sin embargo la fiscalía descartó de plano dicha petición. “No ha lugar a citar en calidad de imputado al señor Jean Pierre Matus. El señor Matus aportó documentos en su calidad de abogado defensor”, aseguró en un escrito el fiscal Jaime Retamal.

“Dicha querella no me atribuye ningún hecho irregular en particular, solo haber solicitado que el imputado y entonces jefe del Estado Mayor declare y luego acompañar documentos que él me facilitó para que sean entregados al Ministerio Público y así aportar la mayor cantidad de antecedentes para esclarecer los hechos investigados”, contestó Matus ante los senadores.

Matus ejerció como abogado asesor del general Martínez desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2020. Su única función estuvo vinculada a ámbitos de la probidad pública como revisar procedimientos y reglamentos internos para evitar la comisión de delitos al interior del Ejército, algo que en lenguaje de abogados se llama compliance.

En el marco de esta labor, Matus le recomendó a Martínez que la institución necesitaba de un sistema de inteligencia artificial que pudiera ser capaz de adaptarse a las necesidades del Ejército para así prevenir los delitos financieros. Esto debido a que el penalista detectó que en un organismo tan grande, con más de un centenar de centros de costos, la Contraloría interna y las investigaciones especiales no daban abasto para detectar a tiempo los fraudes.

Por eso fue que Matus contactó a la empresa IBM, reconocida firma que se especializa en el rubro. Tal como consta en los correos que el penalista le envió a los senadores, el nexo nunca se hizo a nombre de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dine). Solo se realizó con el objetivo de solicitar a la empresa una demostración de sus sistema para que luego el Ejército evaluara su conveniencia.

De hecho, en uno de los correos enviados por Matus a la empresa, de fecha 24 de diciembre de 2019, se lee que el “canal de comunicaciones” para realizar dicha demostración no era él, sino que le correspondía al entonces director de la Dine, general Pedro Varela, quien era el único encargado de la compra de softwares de esa naturaleza.

La opción finalmente se derrumbó cuando la empresa empezó a usar intermediarios para el asunto, algo que no está permitido en el Ejército.

“Yo no participé en ningún proceso de compra. No hice ninguna cotización, no hice ninguna intermediación, no soy representante de ninguna empresa, no tengo ninguna empresa que haga esas cosas. Lo que sí hice, porque era mi labor, fue decirle al comandante en jefe del Ejército que existen medios más eficientes que las revisiones periódicas o extraordinarias de la Contraloría para evitar en tiempo real los fraudes”, contestó Matus a las consultas de los senadores.

Además de responder por sus cuestionamientos, durante su presentación ante los senadores el candidato del gobierno aprovechó de relatar una de sus motivaciones para integrar la Corte Suprema. Según dijo en la comisión, lo mueve su interés por democratizar el Poder Judicial.

“El principal camino para profundizar la democratización de nuestro sistema judicial es el establecimiento de un sistema de enjuiciamiento que, aunque no pertenece a nuestra tradición jurídica, puede ser abordado en el contexto de la elaboración de la nueva Constitución. Me refiero a la implementación de un sistema de jurados de pares dirigido por jueces independientes e imparciales que resuelvan las cuestiones de hecho y las que importen valoraciones sociales en la aplicación e interpretación del derecho en los delitos de mayor trascendencia social”, comentó el académico.

Luego, en ese mismo sentido, complementó: “Una implementación del sistema de jurados, que adopte los modelos más exitosos del derecho comparado, gradual y limitada al juzgamiento de los delitos más graves, permitirá despejar las dudas y temores y será un paso decisivo para la democratización de nuestra justicia penal”.