Buscaba la muerte o lesión de una o varias personas. Esta es una de las frases que contiene la acusación presentada hoy ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del sindicado como integrante del grupo ecoterrorista ITS Camilo Gajardo Escalona. El documento pone fin a la etapa de investigación y en ella el fiscal regional Héctor Barros y el jefe del equipo de bombas Claudio Orellana explicitan a la justicia que buscarán en juicio oral penas que superan los 170 años de cárcel en contra del acusado, por seis hechos delictivos, entre los que se encuentra el envío de un artefacto explosivo que detonó el 13 de enero de 2017 en las manos del entonces presidente de Codelco Óscar Landerretche.

Gajardo fue detenido el 8 de agosto de 2019, en medio de un operativo liderado por el OS-9 de Carabineros. Durante la investigación, sostiene la acusación del Ministerio Público, se determinó que el acusado actuó de manera planificada en cada uno de sus actos, que terminaron en bombas que incluso estallaron en la vía publica, lo que habría podido significar la muerte de inocentes. “Procedió, según cada caso, a la fabricación, el transporte, la colocación y el envío, la activación y detonación de diversos artefactos explosivos e incendiarios, que en cada caso fueron posteriormente adjudicados mediante publicaciones vía internet, que enmarcan los delitos ejecutados por el imputado en el contexto de actividades que concretan prácticas antisistémicas violentas”, dice el escrito.

El primero de los hechos que se le atribuye dice relación con que el 12 de enero de 2017, en horas de la mañana, a eso de las 11.20 horas, Gajardo acudió hasta una sucursal de Chilexpress, en calle Santa Rosa, en la comuna de San Joaquín, donde contrató un servicio de correo, despachando una encomienda al domicilio de Landerretche, ubicado en la comuna de La Reina. El paquete llegó a destino al día siguiente. “Alrededor de las 17.30 horas, una vez llegado a su domicilio, Óscar Landerretche se dirigió hasta la cocina de su domicilio, donde se encontraban la asesora del hogar, su hija de tres años y su suegra, lugar en que procedió a la apertura de la encomienda, produciéndose la activación del artefacto explosivo que detonó causando una serie de lesiones”, se sostiene.

Según se estableció, la bomba estaba conformada por “tubos cilíndricos de metal cerrados en sus extremos y unidos entre sí, conteniendo como explosivo una mezcla pirotécnica extraída de las cabezas de fósforos de seguridad junto a tornillos a modo de metralla”. A juicio de la Fiscalía Sur, en este hecho se configurarían los delitos de envío de encomienda explosiva, en calidad de consumado, por lo que se piden 15 años de cárcel; homicidio calificado frustrado, por lo que se piden otros 15 años de cárcel, lesiones menos graves, por lo que se piden 818 días de cárcel, y el delito de daños, por el que se piden 300 días de presidio.

Pese a que los Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS) dijeron desconocer quién era Gajardo, lo cierto es que la Fiscalía Sur presentará prueba que lo liga a ese grupo de ecoterrorismo anarquista. Así se establece en la prueba documental que presentarán en el juicio, en el que se buscará una de las penas más altas por la colocación de bombas, dejando atrás el cargo de terrorismo y dando paso al uso de la Ley de Armas, con la que la Fiscalía Sur apuesta por lograr condenas más altas, teniendo en cuenta la dificultad y complejidad que tiene condenar en Chile bajo la Ley Antiterrorista estos casos.

Por tal motivo, dicen conocedores de la investigación, será también importante probar que Gajardo -cual lobo solitario- está tras las colocaciones de bombas y estallidos de las mismas en la vía pública, paraderos de micro e incluso en un bus. Es así como en el documento ingresado hoy se detallan otros cinco cargos por los cuales se piden una serie de altas penas de cárcel que, en total, suman 170 años.

En el hecho signado como número 2 de la acusación, la fiscalía le atribuye a Gajardo la autoría en la colocación de un artefacto incendiario en un bus de la locomoción colectiva que abordó el 28 de septiembre de 2017. A eso de las 11.15 horas, “el imputado colocó y activó el artefacto incendiario al interior del bus de la locomoción colectiva, procediendo a bajar de él, el que siguió su marcha hasta Av. Ossa con calles Las Abejas, en la comuna de La Reina, cuando los pasajeros se percatan de la presencia de un artefacto incendiario ya activado que ya había dado inicio a un siniestro en el bus”. Por este delito la fiscalía pidió también 15 años.

Los otros hechos se remontan a la colocación de artefactos en una banca en la vía pública en el frontis de la Universidad Católica Silva Henríquez, el 13 de abril de 2018, y una bomba instalada en un paradero de la locomoción colectiva en plena Av. Santa Rosa, el 7 de septiembre de ese mismo año, resultando gravemente herida una persona que movió con su pie la caja que contenía el explosivo. Por estos hechos se piden 15 años de cárcel por cada colocación y otros 15 años de cárcel por homicidio frustrado, en el caso de las personas que manipularon los artefactos.

En la acusación se le sindica, además, como el responsable de la colocación de una bomba en un paradero de Av. Franscisco Bilbao que estalló el 4 de enero de 2019, provocando diversas lesiones a quienes estaban en ese lugar. Finalmente, consta también la colocación de un artefacto explosivo tipo encomienda que, según los investigadores, “estaba dispuesto como una encomienda dirigida a Louis de Grange, a esa fecha presidente del directorio de Metro, y que logró ser desactivada por Carabineros”. Por estos dos últimos hechos se piden más de 30 años en total.

La fiscalía pretende incorporar al juicio oral 179 testigos, 80 peritos, más de mil pruebas documentales, entre las que se encuentran cada una de las adjudicaciones de estos atentados. En más de un año y medio de investigación, Gajardo ha permanecido en absoluto silencio, sin embargo, en el juicio tendrá la oportunidad de hablar, si así lo quiere, por primera vez o mantenerse para siempre en su derecho a guardar silencio.