Siguen las malas cifras para Chile. A la caída de la actividad económica, donde el Imacec de septiembre se contrajo un 0,4% frente al mismo periodo del año pasado, se suma también el declive de la inversión.

Así, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año, el monto de la inversión aprobada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cayó 32% en comparación a igual lapso de 2021. En los primeros 10 meses de 2022 la autoridad aprobó 309 proyectos, que sumaron US$12.545 millones, mientras que, en enero-octubre del año anterior, hubo 391 iniciativas por un total de US$18.359 millones.

Según el detalle de esas cifras no sólo el monto de la inversión disminuyó, también ocurrió lo mismo con el número de iniciativas que recibieron luz verde. De hecho, al cierre de octubre recién pasado se registró la cantidad de proyectos aprobados más baja desde 2017 (296).

Por otro lado, este año se han incrementado los rechazos de proyectos en comparación al año pasado (42 versus 19). Lo mismo ocurre con los términos anticipados (38 a versus 57), cuando en una etapa temprana el SEA resuelve que faltan antecedentes de tal magnitud que no se puede continuar con el procedimiento administrativo.

Los cinco proyectos de mayor envergadura económica aprobados durante los primeros 10 meses de 2022 son: el aumento de capacidad y optimización de la Planta de Litio Carmen de SQM (US$987 millones); AVO II, de la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente (US$714 millones); Parque Fotovoltaico Pauna Solar de Pauna Solar SpA (US$496 millones); el ajuste operacional de una pila de lixiviación de Minera Escondida (US$470 millones), y la actualización de la matriz de sustentabilidad de recursos geológicos de Codelco (US$458 millones).

Pulso, a raíz de estas cifras, consultó a un grupo de abogados que asesoran a titulares de proyectos de inversión, sobre cuáles son las razones de la disminución en los proyectos aprobados y casi todos coinciden en que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha cambiado su normas de evaluación y se ha vuelto más estricto.

Paulina Riquelme, abogada social de EeLaw, destaca que “hoy se observa una mayor rigurosidad técnica en la evaluación de los proyectos y una visión más estricta de la normativa dentro del procedimiento mismo de evaluación ambiental, que coinciden con el cambio de gestión. Sin embargo, la dificultad radica en la ausencia de criterios claros y objetivos que permitan a un titular de proyecto conocer con anticipación cuáles serán los requisitos que debe cumplir para ingresar un proyecto robusto”. “Es necesaria una labor de difusión continua y guiada de los estándares mínimos que debe cumplir un proyecto, por ejemplo, una línea de base de un EIA o caracterización ambiental de una DIA, como también el grado de detalle con el que se debe describir un proyecto y su área de influencia. Lo anterior se observa de los proyectos desistidos o que han sido objeto de rechazo anticipado (IRE) en estos últimos 6 meses”, explica.

Javier Naranjo, director de Medio Ambiente en Jara del Favero Abogados, sostiene que “es un hecho que el SEA ha modificado criterios de evaluación y eso, en principio, no es malo, pues el derecho ambiental está en constante desarrollo. Lo que se debe hacer en caso de cambiar un criterio es informar de manera anticipada y con el tiempo oportuno a los titulares para que puedan realizar las evaluaciones correctas y evitar cambios de última hora que los llevarán a sufrir rechazos de proyectos, o bien mantenerse actualizados con las normativas vigentes, contando con profesionales especializados en la materia”.

Rodrigo Benítez, exsubsecretario del Ministerio del Medio Ambiente y hoy socio de Schultz Carrasco Benítez Abogados, señala que “el año pasado hubo una explosión de proyectos energéticos por ciertas condicionantes regulatorias, que puede ayudar a explicar la diferencia. Otro factor puede ser la incerteza para titulares sobre temas que están saliendo en las evaluaciones y que carecen de criterios o parámetros claros en componentes como fauna y luminosidad. Es importante que haya un trabajo tanto de los titulares en contar con información robusta, como de la autoridad en ir fijando lineamientos claros que permitan tener predictibilidad al sistema”.

En tanto, Yordana Mehsen, counsel de Grupo Evans y founder WeAre1, afirma que “existe una línea gris entre un cambio de paradigma y cambio de gobierno. El incremento de rechazos de proyectos (de 19 a 42) y términos anticipados (de 38 a 57), se debe al cambio de criterios de la administración, en un contexto de mayor rigurosidad técnica. Sin embargo, esta buena intención se ha desviado en diversos casos, declarándose términos anticipados que sorprenden y preocupan, en el sentido de que hoy se reduce a lo mínimo la ampliación de información a través de Adendas. Por otro lado, algunos casos puntuales demuestran que ciertos proyectos dependen de la voluntad política, sin que exista conciencia acerca de los costos invertidos en una evaluación ambiental y de la señal de incerteza que se transmite, lo que ha quedado de manifiesto en al menos nueve proyectos en que la Comisión de Evaluación decidió rechazar proyectos que el SEA recomendaba aprobar, sin que esto obedezca a una decisión fundada y que se ajuste a derecho”.

A su vez, Pablo Badenier, exministro de Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet destaca que “el actual gobierno no está impulsando ninguna modificación que signifique alguna postergación de proyectos que ingresa al sistema. Es más, como es lógico y razonable, más del 95% de los evaluadores es profesional técnico que continúa en sus funciones. Dónde sí se observa un cambio preocupante es en la calificación de proyectos. La dirección de los delegados presidenciales en cada región deja mucho que desear a la hora de calificar los proyectos; no en pocos casos se desconoce el trabajo técnico del SEA y las justificaciones de los rechazos y algunas aprobaciones son pobres. Lo anterior originará más casos que se reclamen en tribunales ambientales”.

Consultado también al respecto, y a través de una respuesta por escrito, el actual ministro de Economía, Nicolás Grau, indicó que “estamos trabajando en entregar más certezas y oportunidades a los inversionistas privados, aumentando la inversión pública y eficientando los procesos administrativos para materializar la inversión. En este contexto, en septiembre el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros de Hacienda, Obras Públicas, Medio Ambiente y nuestra cartera, presentó el Plan Invirtamos en Chile, que permitirá impulsar en al menos 5% la inversión durante el próximo año, lo que traería mayor dinamismo y un aumento en la creación de empleo”.

Agregó que “esta agenda surgió del trabajo público-privado, donde se consideraron propuestas presentadas por diferentes gremios, y establece 28 medidas, las que se encuentran en avance, fueron presentadas en el proyecto de ley de Presupuestos 2023 o ingresadas las indicaciones en la tramitación de la Reforma Tributaria para su discusión. Algunas de estas medidas son: la extensión de la reducción en el impuesto de primera categoría para las pymes por dos años, incentivo a inversión en minería, programa de créditos de segundo piso de Corfo, recuperación de obras públicas inconclusas, entre otras”.