¿Qué es lo que viene ahora? El paso a paso de la recta final del proceso constitucional

Por los pasillos del Congreso en Santiago se suele ver a los 24 comisionados y sus asesores con informes anillados en sus manos que parecen verdaderos mamotretos. Al interior de esas cientos de hojas están impresos los comparados con las más de 900 enmiendas que son parte de la discusión en particular de la primera fase del proceso constitucional.

La Comisión Experta está enfrascada en ese debate. Las indicaciones que están distribuidas en las cuatro subcomisiones deben votarse antes del 15 de mayo. Ese proceso será largo y complejo ya que implica negociar las indicaciones que puedan ser de consenso y saber administrar de forma estratégica los disensos.

La complejidad no solo está dada por el contenido de las enmiendas, sino que también por el proceso. Por ejemplo, en la subcomisión de derechos sociales ya hay palabras solicitadas a la secretaría para cada una de las enmiendas. En esa instancia hay 190 indicaciones presentadas. Cada comisionado tiene tres minutos para intervenir. Si todos ellos usan sus palabras en el tiempo máximo, la subcomisión necesitará de 57 horas de debate. En esa instancia se están alojando los debates políticos e ideológicos más duros de todo el órgano.

La pugna que ha acaparado el debate de estas semanas se da en las normas que regulan el derecho a la salud, sobre todo un inciso que establece la libertad para elegir entre un régimen de salud estatal y uno privado.

Pese a que las enmiendas ya fueron ingresadas y ese plazo está cerrado, el reglamento incorpora una opción que podría ser la esperanza de lograr acuerdos en los temas en que aparentemente hay mayores diferencias.

El texto que fija las normas de funcionamiento de la Comisión Experta establece que “excepcionalmente, por el acuerdo de los 3/5 de sus integrantes, la subcomisión podrá introducir enmiendas durante la votación, con la única finalidad de salvar posibles incoherencias o errores de estilo, o de concordar una redacción que concite unidad de propósitos”. Esa misma norma aplica para el momento de votar las enmiendas en el plenario.

Es decir, incluso en plena votación, los comisionados pueden redactar en vivo indicaciones que puedan surgir de consenso. Este plan ya está en marcha. Varias subcomisiones están en proceso de analizar las enmiendas de “unidad de propósitos”. De hecho los asesores de oficialismo y oposición han empezado a redactar las primeras indicaciones de este tipo.

Luego del 15 de mayo, con todo votado en las subcomisiones, la secretaría técnica del proceso redactará los informes. Cuando ese proceso esté listo, empezarán los plenos finales. La mesa de la comisión estima que se harán al menos nueve plenos para votar las enmiendas.

Se pretende citar dos plenarios por día hasta el 1 de junio. Si la programación se cumple, y no es necesario disponer de más días, el anteproyecto quedaría listo ese mismo día. El reglamento del proceso constitucional no incluye un proceso de armonización. Sin embargo, si la unanimidad de la comisión así lo quiere, se puede incorporar un proceso para unificar el texto, hacer correcciones de estilo, ortografía y unificar términos que significan lo mismo, pero que podrían ser nombrados de forma diferente.

Sea cual sea el desenlace, lo único cierto es que el anteproyecto debe estar listo el 6 de junio, el día en que vence el plazo de los tres meses de la comisión para redactarlo.

Al día siguiente, es decir, el 7 de junio se instalará el Consejo Constitucional, el órgano de 50 escaños electos. La instancia será la encargada de editar el anteproyecto para armar la propuesta final de nueva Constitución.

Para eso, el Consejo tiene 40 días para “formular enmiendas para aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto de nueva Constitución”. Con esas indicaciones, se repite el mismo proceso: discusión en las cuatro subcomisiones y luego en el pleno. Para todo eso, el consejo tiene solo cuatro meses para evacuar la propuesta de nuevo texto constitucional.

Durante toda esta fase, los comisionados tienen derecho a participar junto con los consejeros, tanto en las subcomisiones como en el pleno, pero solo con derecho a voz.

Una vez evacuado, se iniciará el proceso mixto. El consejo debe remitir su propuesta a la Comisión Experta. Ese órgano, en un plazo máximo de cinco días, “puede formular observaciones a la propuesta evacuada por el Consejo Constitucional con el objeto de mejorar el texto”.

Esas observaciones se consignarán en un informe que se remitirá a los consejeros con todos los cambios propuestos. Esas modificaciones deberán ser aprobadas por los 3/5 de los consejeros y rechazadas por 2/3.

Todo lo que no alcance el quórum para ser aprobado o rechazado terminará en una comisión mixta. Esta instancia -integrada por seis comisionados y seis consejeros- tendrá como misión “proponer soluciones” a las normas en disputa. Los integrantes serán propuestos por la mesa respectiva de cada órgano y aprobados por el pleno del consejo y de la comisión, según corresponda.

Las propuestas de solución deben ser aprobadas por 3/5 de la comisión mixta. Luego, las soluciones son despachadas al consejo para su ratificación, también por 3/5. Si la comisión mixta no lograra acuerdo para buscar una propuesta de solución, le pasará la responsabilidad a la Comisión Experta. Este órgano, en tres días, deberá enviar al consejo una nueva idea de articulado. El órgano de 50 consejeros la recibirá y deberá aprobarla por 3/5.

Luego de todo este proceso -que dura como máximo cinco meses- el texto estará listo para presentarse a la ciudadanía. De esta manera, la propuesta de nueva Constitución se someterá a un plebiscito de salida que está fijado para el 17 de diciembre.