Senador Juan Luis Castro y ley corta de isapres: “Debemos tener la ley promulgada el 30 de noviembre, como sea”

Juan Luis Castro

El presiente de la Comisión de Salud del Senado comentó que hay tres criterios que se deben cumplir al legislar este asunto: que haya “una interpretación que haga de verdad cumplible el fallo de la Suprema; una viabilidad financiera del sistema que impida que caiga; y la cautela de los derechos de los afiliados que impida que queden desamparados dentro del sistema de isapre, o sin cobertura".


No ha habido mucho avance en la tramitación de la ley corta de isapres que presentó el gobierno al Congreso y que busca poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Eso sí, a inicios de julio empezó a sesionar un comité técnico de apoyo a los parlamentarios en su labor por sacarla adelante.

El presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro (PS), se refirió a este tema en el marco del seminario “Isapres: diagnóstico y posibles tratamientos” organizado por Clapes UC, donde recordó que los integrantes de dicho comité “tienen plazo hasta el 10 de agosto para entregar un informe. Y ese informe, yo con moderado optimismo veo que puede arribar a una fórmula que permita que el legislativo interprete correctamente”.

Castro comentó que “nosotros no vamos a eludir un fallo que es de otro poder del Estado, no vamos a inventar guarismos o cifras que salgan de la nada, sino que tengan coherencia (...) Hemos decidido situarlo en ese comité técnico, que permita que a mediados de agosto la Comisión de Salud de ahí en adelante entre en el fondo del proceso para buscar una solución razonable, que permita que estos tres criterios se cumplan. Nosotros debemos tener ley promulgada el 30 de noviembre, como sea. Tiene que haber ley el 30 de noviembre, no puede entrar en vigencia el fallo de la Suprema sin estar esta ley despachada”.

Y Castro dijo que hay tres criterios que se deben cumplir: que haya “una interpretación que haga de verdad cumplible el fallo de la Corte Suprema; una viabilidad financiera del sistema que impida que caiga; y la cautela de los derechos de los afiliados que impida que queden desamparados dentro del sistema de isapre, o sin cobertura. Esos son los principios que han inspirado, y aquí no hablo por mí, sino por la Comisión de Salud, la forma de abordaje de este proyecto de ley y de esta temática en general”.

El senador comentó que “este es un dilema parecido al del proceso constitucional, porque hay gente que dice: ¿Qué prefiero yo, la Constitución del 80 como esté, o la Constitución nueva con mayoría republicana? Es un dilema para una cantidad no menor de personas, hoy las encuestas dicen que prefieren rechazar (...) ¿Qué es mejor en el tema de isapres? ¿Llegar a un acuerdo? Yo estoy en eso, llegar a un acuerdo razonable, que a partir de los datos judiciales, financieros, del escenario político, de necesidad de cambio, nos permita dar una salida al sistema en estas condiciones”.

Agregó que “de no haber acuerdo, que es también una opción, si es que las cosas se enredan o se complican, podría terminar sucediendo entonces que la Superintendencia de Salud dicte las normas que tenga que dictar para hacer cumplir el fallo. Hay gente que tendrá que evaluar qué es lo que más le acomoda. Yo siento hoy, que lo que más le acomoda al conjunto de la ciudadanía es que en sede legislativa esto se resuelva”.

Castro también afirmó: “¿Qué creo yo que es posible hacer? Yo creo que es posible hacer, en materia de lo que tenemos por delante, una fórmula en la que yo veo a groso modo que el artículo quinto transitorio de este proyecto abre posibilidades, y tiene que ver con la manera de aplicar por una vez la modificación del precio base de manera muy precisa y selectiva a determinadas isapres, no a tabla rasa, porque hoy día son techos, los ICSA son techos, sino que una manera mucho mas precisa. Hay que explorarlo. Me gusta la idea planteada de planes sin tablas de factores, con fondos de riesgo, mi duda es: cuánto espacio político vamos a tener en esta fase para no solo destrabar el dilema de la aplicación del fallo en lo financiero y hacer sostenible al sistema, sino además, hacer los cambios hacia el plan garantizado, que va a requerir más tiempo político”.

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