A 72 horas de que La Tercera revelara que el pleno de la Corte Suprema había aprobado la compra de 22 Lexus para renovar la flota de vehículos en que se trasladan los ministros y el fiscal judicial, el organismo liderado por Ricardo Blanco determinó echar pie atrás y dejar sin efecto la adquisición.

Esto, porque además de los diversos reproches que generó la decisión, los ministros tuvieron que reconocer que formalmente no tenían los recursos para concretar dicha transacción. O sea, los más de $ 1.200 millones que se requerían no estaban visados, aunque sí solicitados y previamente conversados, según fuentes del organismo.

Así, luego de un nuevo pleno extraordinario que se extendió por alrededor de dos horas, el secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez, comunicó: “Se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de veintidós automóviles Toyota Lexus modelo ES300H, que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión”.

La adquisición había sido votada por el pleno de la Corte Suprema, el 2 de febrero. Esa vez, la compra fue aprobada por 10 votos contra dos, el del presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, y el de la ministra Andrea Muñoz.

Eso sí, al comunicar la suspensión, el Poder Judicial no dejó pasar un punto que para los jueces era relevante. Se puso énfasis en que a pesar de que ahora el Ejecutivo decía que no les había visado el uso de los recursos, en noviembre, sí se los habían comprometido.

“Se debe puntualizar que si bien la Ley de Presupuesto para el año 2024 no contempló la citada renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial, según consta en el Diario de Sesiones Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Legislatura 371ª, Sesión 10ª”, manifestó Sáez.

Todo habría fracasado, sin embargo, luego de que formalizaran la petición mediante el oficio 3DF Nº538 de 26 de enero de 2023, porque nunca recibieron respuesta y aún así decidieron seguir con los trámites para realizar el recambio.

Con todo, el secretario remarcó que la decisión de renovar los vehículos de 2014 se fundaba en antecedentes técnicos y de seguridad, “prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental”.

“Son esas y no otras consideraciones las que se tuvieron a la vista para adoptar en su momento la aprobación de la renovación de los vehículos”, explicitó, junto con sostener que la Suprema toma sus decisiones en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios, “ponderando y analizando en su mérito los antecedentes de que se dispone al momento de adoptarlas”.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, el 2 de noviembre se reunieron en dependencias de Hacienda el entonces presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes, el ministro Mario Marcel, los ministros de la Suprema María Teresa Letelier y Mario Carroza, el director de la CAPJ, Ricardo Guzmán, el jefe de finanzas de la misma entidad, Antonio Rojas, y la subdirectora de Presupuesto de la Dipres, Sereli Pardo.

Y fue ahí, como indicaron fuentes del Poder Judicial, que se habría acordado incorporar al Presupuesto de la CAPJ $ 3.000 millones para programas informáticos, pero también $ 20.000 millones para infraestructura, inmuebles y, entre otras cosas, la adquisición de vehículos como reemplazo de los vehículos de los Ministros de Corte Suprema y Fiscal Judicial.

Lo anterior, como señalaron los mismos personeros, habría quedado respaldado en correos electrónicos que intercambiaron con fecha 7 de noviembre Antonio Rojas y Sereli Pardo, y habría dado pie para que en la aludida sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto la directora de la Dipres, Javiera Martínez, hablara de que existía un acuerdo entre las partes para el traspaso de recursos.

“En línea con lo que ya han expresado los senadores, en la indicación n° 367, del Ejecutivo -que ya está ingresada-, se da cuenta del acuerdo, que consiste en incrementar en 3.000 millones de pesos el presupuesto para el 2024 y que durante el año se aumentará a 20.000 de manera directa desde su saldo inicial de caja, que también era uno de los temas que se plantearon como preocupación desde el Poder Judicial”, sostuvo la profesional ese día.

Es por eso, remarcan desde tribunales, que el 26 de enero de este año Ricardo Guzmán envió un oficio a Javiera Martínez para que la transferencia se materializara.

“En atención a lo indicado en la sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos realizada el día 9 de noviembre del 2023, en relación a la aprobación del Presupuesto para la Partida 03 del Poder Judicial, se requiere la realización de un decreto con cargo al Saldo Inicial de Caja que permita la materialización de necesidades relacionadas con el subtítulo 29 “Adquisición de activos no financieros” que no pudieron ser incorporadas en la ley de la referencia”, se lee en el oficio 3DF n°538 al que accedió La Tercera.

Y agrega: “Consecuente con lo anterior, se agradecerá modificar el presupuesto de la Partida 03, Capítulo 03, Programa 01, Corporación Administrativa del Poder Judicial por un monto de M$ 2.480.000 conforme a lo señalado en el siguiente cuadro”. Se pidieron $ 1.380 millones para vehículos, $ 400.000 para mobiliario y otros, y $ 700.000 para máquinas y equipos.

Sin embargo, como debieron reconocer formalmente esta jornada, la respuesta nunca llegó y finalmente la compra quedó cancelada.

Todo el revuelo del caso, cabe mencionar, generó fuertes molestias al interior del máximo tribunal. En primer lugar, porque la información que tenían al momento de votar no estaba completa y porque no fue hasta el miércoles 14 que se les reconoció que los dineros no habían sido traspasados.

Los magistrados apuntan, en esa línea, contra el presidente Ricardo Blanco, que promovió el pleno, pero también contra la CAPJ, porque a pesar de que reconocen las gestiones que realizaron, catalogaron como poco clara la entrega de antecedentes.

Por otra parte, insistieron en que hubo una suerte de “deslealtad” de parte de las autoridades de gobierno, porque aunque existieron varias conversaciones donde les habrían dado luces de aprobación, sienten -según manifiestan en privado algunos de los consultados- que se les dio vuelta la espalda.

Una de las intervenciones que más molestia generó, de hecho, fue la del ministro Mario Marcel, quien bromeó respecto del año de su auto y del kilometraje que tenía. “Yo tengo un vehículo año 2015 con 260 mil kilómetros y todavía funciona bien”, dijo.

Pero aunque la incomodidad sigue en el máximo tribunal, desde La Moneda valoraron la suspensión de la compra. “Me parece una buena señal en estos tiempos”, manifestó la vocera de gobierno, Camila Vallejo.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresó: “Yo valoro la decisión que ha tomado la Corte Suprema. Va en el sentido también de algunas normativas que ha tomado el gobierno de colocar tope de valor a la reposición de los vehículos, con el objeto de que estén las condiciones para que el sector público funcione, pero también con el sentido de austeridad que el sector público requiere”.

Los funcionarios del Poder Judicial, en tanto, también salieron a aplaudir la decisión y remarcaron que los jueces no tendrían por qué decidir cuestiones administrativas.

“Estamos muy contentos con la decisión que ha tomado el Pleno. Nos da garantías de que nuestras autoridades escuchan no sólo lo que dice la ciudadanía, sino que lo que internamente también nosotros queremos manifestarle. Había que mandar una señal clara de que el Poder Judicial obviamente hace, pero también deshace. Esta es una decisión racional que busca empatizar también con la situación que tenemos como país. Lo lógico es que haya una renovación de estos vehículos, pero con una mirada austera”, aseveró Patricio Aguilar Pausen, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial.