Los abogados representantes de Colmena y Nexus, la controladora de Nueva Masvida, asistieron este jueves a la audiencia pública que realizó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para escuchar a las partes y dirimir si esta última puede o no adquirir a la primera.

Ello, luego de que en abril del año pasado Nexus firmó un acuerdo de compra por la totalidad de las acciones del grupo Colmena Salud. Pero para concretar la transacción, que asciende a unos US$ 150 millones, debían primero tener el visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo antimonopolio que a inicios de febrero de este año prohibió la adquisición, tras concluir que “la operación reduciría sustancialmente la competencia en el mercado”.

Comenzó hablando el abogado Julio Pellegrini, socio de Pellegrini & Rencoret, en representación de Colmena. Dijo que esta operación debió haberse aprobado, que aquí se está frente al cuarto y quinto actor del mercado, y que en el escenario más extremo no concentrarían más del 30% de participación de mercado. Además, recalcó que son las únicas dos isapres que no están integradas con clínicas.

”Adicionalmente, se trata de un mercado en el que continúan apareciendo nuevos actores, como lo demuestra el reciente ingreso de isapre Esencial, perteneciente a la Clínica Alemana”, agregó Pellegrini.

También señaló que la FNE hizo un análisis equivocado “pues tomó solo aquello que le era útil para una prohibición y descartó sin más todo el resto de la evidencia disponible en el proceso, así como la circunstancias particulares de este mercado”. Mencionó, por ejemplo, que posterior al rechazo de la FNE, empezó a aplicarse la ley 21.350, donde hay una regulación de precios que limita la adecuación de los planes de salud.

“La FNE no le dio la real importancia que tenía (esa ley). Además, yo creo que hoy nadie discute la situación de la industria que es sumamente delicada, mucho más precaria de lo que ya era cuando la FNE analizó esta operación”, puntualizó.

Luego, Fernando Coloma de Compass Lexecon, quien realizó un informe económico que encargó Colmena, comentó: “La Fiscalía no demostró de manera adecuada la existencia de una reducción sustancial a la competencia. En este contexto, entonces, de persistir los temores de la Fiscalía, la autoridad debió haberse abierto a discutir en detalle con las partes las medidas a la banda competitiva (...) Antes de inclinarse por una medida de desinversión, que a nuestro juicio, era desproporcionada y además con diversas dificultades de aplicación”.

Por su parte, el abogado Francisco Bórquez, de Barros & Errázuriz, también en representación de Colmena, dijo que “el problema es que la FNE no consideró debidamente al menos dos elementos que tenían la capacidad de modificar el contrafactual”.

Argumentó que esos dos temas son: el ingreso de una nueva isapre, ingreso que la misma FNE no vio venir al señalar que era un “hecho improbable” solo tres meses antes de que Esencial anunciara su ingreso, y la entrada en vigencia de la ley 21.350. Ahí dijo que la FNE hizo el cálculo según antecedentes y costos históricos que han tenido las isapres, pero no consideró que esta ley podría significar que el alza en planes de salud sería fijado por la Superintendencia y eventualmente podría estar por debajo de los costos de las isapres, lo que según señaló el abogado, fue lo que efectivamente ocurrió con la última adecuación de planes, al ser fijada en 7,6%. “La realidad terminó superando la teoría de la FNE”, comentó.

El socio de Global Economistas Asociados, Ronaldo Bruna, quien realizó un informe económico para Nexus, centró su argumentación en las eficiencias que se lograrían de la operación: “Encontramos eficiencias que estaban en el rango de entre los $54.000 y los $85 mil millones al año”, dijo. En contraposición, apuntó que “la Fiscalía estimó que las eficiencias son indeterminadas. Eso no es correcto”.

Luego, el abogado de Albagli Zaliasnik, Matías Edwards, en representación de Nexus, también comentó que que la FNE obvió en su análisis la situación financiera de la industria. Recordó que en 2021 anotaron el peor resultado en la historia de la industria, y que este primer trimestre han continuado las pérdidas. “Los estándares legales de patrimonio, liquidez y garantía que se exigen a las isapres, comprometen de forma muy fuerte su situación financiera. De hecho, de acuerdo a información estadística de la Superintendencia de Salud al cierre del año 2021, si bien se observa que tanto Nueva Masvida como Colmena cumplieron con dichos indicadores, lo cierto es que ellos están cada vez más al límite de no ser alcanzados (...) Un incumplimiento podría comprometer seriamente la posibilidad de ambos actores de seguir operando en el mercado”.

Por último, la jefa de fusiones de la FNE, Francisca Levin, advirtió que esta operación implicaría alzas de precios para los afiliados, deterioro en las coberturas y una menor calidad del servicio, especialmente a los afiliados de las zonas norte y sur del país.

La FNE concluyó que la fusión podría implicar alzas de precios relevantes para los cotizantes de Colmena y, especialmente, de Nueva Masvida, y calcularon que podrían llegar a superar los $ 59 mil anuales en la zona sur, y que se sumarían a sucesivos incrementos de los precios de los planes, perjudicando especialmente a los afiliados de regiones distintas a la Metropolitana, y con un efecto acumulativo en el tiempo.

“No es legítimo fusionarse a costa de dañar la competencia y dañar a los consumidores, sin eficiencias verificables y traspasables a consumidores y sin medidas aptas para mitigar los riesgos identificados”, señaló Levin.

El organismo también calculó que la pérdida de competencia que se produciría entre Nueva Masvida y Colmena significa extraer de los consumidores chilenos una suma estimada en US$ 11,1 millones solo durante el primer año en que esté materializada la operación.