El abogado defensor de Luis Hermosilla afirmó que el entregar la lista con funcionarios del Poder Judicial se debe a que "no paraban las filtraciones y nadie se hacía cargo de las filtraciones”.
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La Fiscalía, tomando ejemplos ocurridos en países como Brasil, México e Italia, analiza la relación entre los profesionales del Derecho que se dedican a causas de la Ley 20.000 y sus defendidos. Parte de esas observaciones tendrían relación con el patrimonio de los penalistas. Por otro lado, abogados con causas relacionadas al narcotráfico comentan lo lucrativo del ejercicio de la profesión.
41Abogados es el nombre del estudio que ocupa actualmente la oficina 41A, que arrendaba Luis Hermosilla a sociedades vinculadas al grupo Patio. El bufete está compuesto por 33 miembros, de los cuales 12 son socios.
El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago fijó para el miércoles 16 de octubre a una audiencia de juicio entre la abogada María de Los Ángeles Barros y el estudio Hermosilla y Compañía. Barros, quien trabajó en su firma entre 2020 y marzo de 2023, acusa al abogado de acoso laboral, humillaciones y agresiones físicas y exige $106 millones. "Esta es una situación lamentable que me da pena, más que nada”, dijo hace unos días Hermosilla a Pulso.
Las leyes y otros documentos legales son difíciles de entender por las personas que no están familiarizadas con ellas. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts exploró las razones detrás de esta redacción compleja y encontró una gran sorpresa.
El chef español Daniel Sancho y su defensa insisten en su versión de los hechos: el joven se declaró culpable de ser el homicida, no obstante, asegura que el homicidio no sucedió como lo plantean los abogados de la víctima.
El chef español Daniel Sancho fue declarado culpable del homicidio premeditado, descuartizamiento y ocultamiento del cadáver de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano con el que viajó a Tailandia. Esto es todo lo que debes saber del caso.
Según un análisis realizado por Cadem respecto de abogados colegiados, da cuenta de que las principales preocupaciones de los profesionales por estos días tienen que ver con "conflictos de interés y tráfico de influencias". Tener una red de contactos amplia, según indican, se posiciona como el elemento más importante para alcanzar el éxito profesional.
En un nuevo capítulo de la batalla judicial contra el Estado, Banmédica y Vida Tres demandan al Fisco de Chile por $25.379 millones, reclamando que la Ley N° 21.247, promulgada durante la pandemia, ha impuesto sobre las isapres una carga económica insostenible. Estas compañías, bajo el control de UnitedHealth Group, se suman a las acciones legales ya emprendidas por Consalud y Colmena.
El estudio de abogados enfrenta otro conflicto legal con una asociada. La abogada Camila Beltrán presentó una demanda de tutela laboral alegando discriminación por género y maternidad, daño a su integridad psíquica, honor y libertad de trabajo y exige $110.000.000 en total por daños. Desde Carey explicaron que al "plantearle su desvinculación por hechos ajenos a su maternidad, la trabajadora no había informado ni a la empresa ni a su equipo que estaba embarazada. Cuando informa de su estado de embarazo, se le indicó de inmediato que, dado su fuero, su salida no se produciría y seguiría trabajando en la oficina”.
Los resultados de esta investigación permitirán a la FNE valorar alternativas legales y asegurar la libre competencia en el mercado nacional. La institución contrató a IPSOS argumentando la reconocida experiencia de la empresa en este tipo de encuestas y porque además el servicio requerido no está disponible en el catálogo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
Cuatro son los artículos del Código de Ética del Colegio de Abogados que a juicio de los profesionales del derecho se podrían aplicar en el caso en que se condenó al empresario Eduardo Macaya por abuso sexual. Y es que la defensa del condenado, Sergio Salas, comparte estudio y además es pareja de la abogada de menores de edad que aparecen como víctimas en el caso, la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, quien representa a las víctimas. El presidente del gremio, afirma que “aquí estamos en presencia de conflictos de interés”, aunque aún no ve necesario abrir una causa.
