“Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30%, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica”, fueron las palabras que entregó a timonel del PPD a La Tercera.
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Pese a que no ha habido una invitación formal, el debate sobre si la Democracia Cristiana debiese entrar al gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha instalado en la tienda que dirige el diputado Alberto Undurraga. Por lo mismo, ayer en La Moneda dos de los parlamentarios del partido notificaron al ministro Elizalde que "la decisión hasta acá es no ingresar, pero sí avanzar en un acuerdo político electoral".
Aunque La Moneda fijó una política de no intervención en el proceso constituyente, lentamente algunos parlamentarios han puesto presión al ministro de la Segpres para que trate de rebajar las mayores exigencias que habría a colectividades pequeñas. “Esto pone en riesgo la relación, por lo menos, de algunos partidos oficialistas con el gobierno", advierte el radical Alexis Sepúlveda. El jueves concurrirá a La Moneda un grupo de legisladores para plantear esta inquietud.
Al ser consultado por un posible quiebre de las prestadoras, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia afirmó: "Nosotros esperamos que no obviamente, y por eso se ha presentado que el proyecto (...) Hay una cobertura que ellas entregan que se debe seguir entregando".
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se refirió a la composición del Consejo Constitucional, instancia en la que será el enlace directo desde el gobierno. Además, hizo un llamado a quienes han resultado electos a que "tomen este desafío con esa altura de mira".
A pesar del avance electoral del Partido Republicano, el gobierno puso en práctica un plan para reforzar las negociaciones con Chile Vamos. El Ejecutivo accedió a incorporar las exigencias de diputados de RN y el proyecto se aprobó con una amplia mayoría, dejando en una posición minoritaria a los parlamentarios de la colectividad fundada por José Antonio Kast y a ciertos legisladores de la UDI, que no aceptaron cambiar su voto a última hora.
Aunque hasta ahora el gobierno ha evitado abordar públicamente las razones de la derrota del 7-M, en privado los ministros admiten una mezcla de voto de castigo por el manejo de la crisis migratoria y de seguridad y, también, la desafección de una parte de sus partidarios con el nuevo proceso constituyente resultado del acuerdo de diciembre pasado. Para el miércoles en la noche está previsto el primer encuentro gobierno-partidos tras los comicios. En el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad llegan a ese cónclave con la idea de no retroceder en los compromisos del Mandatario, mientras que la derecha ya dio la primera señal y pidió al Ejecutivo "reformular" su agenda.
A la luz de los primeros escrutinios, los líderes de los partidos -y el gobierno- ya alistan sus puestas en escena para asumir derrota, o administrar los buenos resultados. En Palacio, aún existe incertidumbre de quién flanqueará a la ministra vocera durante su alocución.
El Presidente Gabriel Boric, tras votar en Magallanes, abordó los comicios de esta jornada, mientras que su comité político también hizo lo propio. En el Ejecutivo pidieron no desperdiciar una nueva oportunidad para elaborar una Carta Magna, apelando a que podría ser la última. Además, adelantándose a lo que podría ser una derrota para el sector, recalcaron que este no es un "plebiscito" a la gestión del gobierno.
A diferencia de lo que ocurrió con la Convención Constitucional, en que la Secretaría General de Presidencia al menos debía prestar apoyo técnico, financiero y administrativo, antes de que asumiera el exsenador, el gobierno renunció a la última responsabilidad formal que tenía en el nuevo proceso. Algunos dirigentes socialistas creen no es viable que el Ejecutivo se haga el desentendido. En el pasado, desde la misma bancada de senadores PS se le criticaba al anterior ministro de la Segpres su pasividad y su falta de liderazgo para guiar las deliberaciones.
Dentro del conjunto de iniciativas que ha discutido el Congreso en estas semanas, la moción que busca penalizar los ingresos clandestinos es considerado como el más extremo, a juicio del gobierno, ya que podría judicializar expulsiones que se pueden resolver administrativamente. A diferencia de otros proyectos de seguridad y migración, en esta oportunidad la mirada de La Moneda sintonizó con la visión de frenteamplistas y comunistas, lo que obliga a los ministros a reforzar sus gestiones en legisladores del Socialismo Democrático.
La timonel del PS aseguró que compatibilizará su labor parlamentaria con la dirigencia partidaria, para así seguir al mando de la colectividad.
“Usé una expresión coloquial”, afirmó el exsenador y nuevo encargado de la relación del Ejecutivo con los legisladores.
Horas antes de dejar la Cámara Alta, el ahora ministro de la Segpres presentó varias iniciativas. Una de ellas para proteger las facultades del Primer Mandatario. Su propuesta, que fue apoyada por Juan Antonio Coloma, busca que la inadmisibilidad de ciertas mociones parlamentarias no pueda ser revertida por una mayoría simple de legisladores, sino que por 89 diputados o bien 29 senadores.
El nuevo ministro participará de la cita con los partidos este lunes. Si bien algunos destacan como una ventaja comparativa las amplias redes del exsenador en el Congreso, en el mismo oficialismo se plantea ampliar el método de trabajo con la Segpres, sumando a las directivas partidarias y no sólo a las bancadas.
