Sólo un manual de persecución penal es lo que deberá confeccionar ahora el ex fiscal regional Manuel Guerra, pese a que en un inicio había sido contratado de forma permanente por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la zona Oriente (AMSZO). Su figura provocó ciertas renuencias al interior de los propios municipios que integran esta instancia, debido a la explosión de casos por eventual corrupción en esas comunas que hoy son investigadas por la Fiscalía que era dirigida hasta hace dos meses por el abogado. Un dato que salta a la luz hoy, en este contexto, es la denuncia que hizo la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, por millonarios desvíos de dinero y que fue presentada diez días antes que el persecutor dejara su cargo y sólo hubo una orden de investigar y no se traspasó la causa a Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Local de Las Condes.
