La organización mapuche llamó a comenzar nuevos "procesos de recuperación" e indicó que la decisión del Ejecutivo "de dar continuidad a lo que fue antes la Concertación, pone una vez más su administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche”.
Luciano Rivas pide que una eventual medida cautelar de prisión preventiva sea cumplida en una cárcel de alta seguridad en Santiago.
En junio habló de "la madera que nosotros recuperamos". Dijo que con ella generaban recursos para "los insumos para reconstruir el mundo mapuche". "Y para tener los fierros y para tener los tiros".
Su aprehensión se produjo durante la mañana de este miércoles en la comuna de Cañete por personal especializado de la PDI y se enmarcó dentro de una investigación desarrollada por Ley de Seguridad del Estado (LSE) que se inició en 2020, por una denuncia presentada por el Gobierno.
Personal de la PDI detuvo al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Tras una investigación de más de dos años, la Fiscalía de La Araucanía cuenta con una serie de pruebas -entre ellas comunicaciones telefónicas- que vincularían al exfrentista con actos de robo de madera y conductas que son sancionadas por esta normativa especial.
El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) está secundado por un reducido grupo de confianza: Juan Pichún, Roberto Pichún y su hijo Ernesto Llaitul. Algunos cumplen roles más “políticos” y otros más “operativos”.
Luego de que se conociera una declaración del líder de la CAM asegurando que la organización sería partícipe en el delito de robo de madera, la titular de Interior había señalado que el Ministerio Público tenía “la libertad de actuar” cuando hay admisión de un ilícito. El fiscal nacional, por su parte, advirtió que no basta con que alguien se auto atribuya una conducta para que la Fiscalía "pueda tomar una decisión de formalización”.
La cartera emitió un comunicado en el que además señalan que la querella por Ley de Seguridad del Estado contra el fundador de la CAM que el gobierno decidió ampliar a fines de julio, también faculta al órgano persecutor a investigar.
"Todos estábamos conscientes de que el robo de madera era una de las fuentes de financiamiento de las bandas organizadas que operan en la zona”, aseguró la ministra del Interior en la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados.
Luego que el líder de la organización radical justificara el delito, por medio de un video que se difundió la noche del viernes, en el que señalaba que la recuperación de la madera se empleaba para “tener implementos necesarios para defender a las comunidades”, la CAM emitió una aclaración este domingo asegurando que es “reapropiación de recursos que están en nuestro territorio ancestral”.
En fallo dividido, dicha sala del máximo tribunal aseguró que "por razones de seguridad en atención a los delitos por los cuales se encuentra condenado el amparado", el acusado debía seguir recluido en el Centro Penitenciario del Biobío.
“No vale la pena seguir hablando y discutiendo respecto a un hecho que ya está cerrado, particularmente, porque el gobierno y las autoridades necesitamos avocarnos a temas más urgentes", indicó la autoridad.
La periodista y coautora del libro La Frontera: crónica de La Araucanía rebelde, analiza el momento actual de la organización radicalizada que se ha enfrentado al gobierno de Gabriel Boric. Según plantea, es claro que han aumentado la presión, pero también lo atribuye a que el movimiento mapuche sigue enfrentado a las mismas políticas públicas del pasado.
La Coordinadora Arauco Malleco, liderada por Héctor Llaitul, había asegurado que dio inicio al "control territorial" de la zona en los fundos San Guillermo y la Liebre.
En un oficio enviado al titular de la Segpres, bancada de diputados RN solicitan explicar la contratación en la Seremi de Salud de La Araucanía del periodista Pascual Pichún, que fue condenado en 2003 por el delito de incendio. Con anterioridad en la jornada, parlamentarios opositores oficiaron al Ministerio de Salud para que la ministra Begoña Yarza explique si conocía y si visó la contratación del profesional.
