La intervención de la ministra para lograr apoyos al estado de excepción dio algunos frutos, especialmente en el Frente Amplio. Seis votos oficialistas, que se habían descolgado en la sesión del 14 de junio, en esta oportunidad aprobaron.
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Ahora los legisladores deberán reunirse para elegir a un presidente y posteriormente definir las personas que expondrán como invitados ante la instancia. Una vez terminen las sesiones, la Comisión deberá emitir un informe a la sala -el cual no es vinculante- recomendando a los demás diputados si aprobar o no la acusación en contra de la ministra del Interior.
Un nuevo estado de excepción, la acusación contra la ministra Siches y el debate de dos reformas constitucionales resistidas por La Moneda, entre ellas una que habilita un "plan B" al proceso constituyente, marcarán esta semana legislativa. El senador Walker, uno de los autores de esta última iniciativa, cree que en la medida en que las encuestas muestren un alza del Rechazo, el Ejecutivo debiera abrirse a su discusión.
La iniciativa de diputados RN establece penas de presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado para los condenados por estos crímenes, por lo que sólo podrán optar a libertad condicional tras 20 años de cumplimiento efectivo de la pena. Los parlamentarios solicitaron, además, una sesión especial de la Cámara a fin de “discutir el compromiso del actual gobierno con la labor que desempeñan las fuerzas de orden y seguridad”.
Propuesta de convencionales para que el presente Parlamento sólo pueda hacer ajustes a la futura Carta Fundamental con el voto favorable de dos tercios de los actuales diputados y senadores fue criticada por el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, y por su par de la Cámara Baja, Raúl Soto. La jefa de senadores DC, Ximena Rincón, dijo que la Convención está "excediendo su mandato".
El titular de la Cámara, Raúl Soto, también criticó propuesta del contralor y del ministro. Ambos sugirieron habilitar al Presidente Boric para dictar normas adecuatorias para implementar la nueva Constitución.
La situación se dio en el marco de la sesión de sala donde se discutía un proyecto de autoría de la parlamentaria frenteamplista que sanciona el acoso sexual e incorpora perspectiva de género en Bomberos de Chile.
El fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, despachó un oficio a la Cámara de Diputados dirigido al presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, Raúl Leiva, donde pide el registro de la polémica sesión en que -con todo de denuncia- dio cuenta de supuestas irregularidades en un vuelo de expulsión realizado por el gobierno anterior, lo que resultó ser falso. El equipo de investigadores ya prepara el interrogatorio a una funcionaria clave, la abogada Carmen Gloria Deneri quien según la actual administración fue quien entregó los erróneos antecedentes a la secretaria de Estado.
Luego de que La Moneda se abriera a elaborar una propuesta alternativa que ingresó hoy al Congreso, la bancada comunista finalmente se adjudicó el hecho como un triunfo. La jefa de bancada del PC, Karol Cariola, además anunció que mayoritariamente apoyarán el proyecto gubernamental y que desecharán la otra reforma, iniciada por diputados, que establecía un giro previsional de libre disposición.
La diputada comunista y sus pares del PS aún no revelan cómo votarán este martes en su votación en general, pese a los llamados de Boric a no apoyar la iniciativa. Esa incertidumbre, probablemente, también se reflejará a mayor escala en la sala de la Cámara, donde el gobierno corre el riesgo de sufrir una derrota a manos de sus propios parlamentarios, especialmente por desmarques del PC, del PS y del PPD.
La normativa -que fue despachada a ley- faculta a un juez a decretar, como medida precautoria, la restitución anticipada de un inmueble en caso de morosidad o cuando el arrendatario haya provocado daños a la vivienda. Asimismo, lo autoriza a a decretar el desalojo del arrendatario demandado, con auxilio de la fuerza pública, en caso de ser necesario.
Ahora la dupla elegida por los parlamentarios deberá ser votada por la Cámara de Diputados, donde requiere el respaldo de 103 parlamentarios. En caso de lograrlos, pasará al Senado donde la propuesta deberá ser visada por al menos 33 de sus integrantes.
Al haber tres postulaciones para solo dos cupos del Tribunal Constitucional se generó una encrucijada para la Cámara, dada la popularidad que alcanzó la secretaria del Tricel por su rol en la instalación de la Convención, el año pasado. Sin embargo, pese a ello, las bancadas de la DC, el PS, la UDI, Evópoli, RN, el PC y el Frente Amplio apoyarán mayoritariamente la dupla de Alejandra Precht y el exdiputado Gonzalo Fuenzalida. Valladares, por ahora, tendría solo el respaldo oficial de los diputados del PDG y de los Republicanos.
De cara al debate que levantó el acuerdo de la Comisión de Sistema Político de la Convención que, entre otras materias, avanzó a terminar con el Senado y a poner restricciones a la reelección de diputados, el congresista PPD dice que espera "reglas justas y claras" en el nuevo texto constitucional.
Propuesta consensuada en comisión de Sistema Político establece un límite de dos períodos seguidos para los legisladores. Tal como está redactada la norma, la restricción se aplicaría al "cargo" de diputado o diputada e incidiría en un descabezamiento masivo en la corporación. Aunque algunos convencionales plantean que la contabilidad debiera partir de cero en la próxima elección, igualmente se requerirá de una disposición transitoria para precisar aquello. El problema es que hay dudas de que haya votos suficientes en el pleno para permitir un período de gracia para los actuales parlamentarios.
