La administración del presidente Guillermo Lasso, quien asumió en mayo pasado, tomó esa decisión tras la revuelta en una prisión del puerto de Guayaquil el martes pasado, que deja al menos 118 muertos, entre ellos seis decapitados, y 86 heridos.
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Ambas instituciones firmaron un acuerdo de cooperación que contempla desde el intercambio de información hasta coordinación en el ámbito operativo, para combatir la delincuencia de manera efectiva.
La población penitenciaria se encuentra en la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus, la cual comenzó este lunes. Sin embargo, aún no se han dado a conocer sus fechas de inoculación.
Elisa Alcaíno, coordinadora de la Red de Acción Carcelaria, explica cómo la pandemia exacerbó el problema de la falta de insumos de aseo al interior de los recintos penitenciaros, y la labor que realiza la ONG para tratar de suplir una dificultad, que dice, debe ser resuelta por el Estado.
El director del SNAI -el sistema de prisiones ecuatoriano-, Edmundo Moncayo, confirmó que entre las bajas no hay policías, pero sí entre los heridos. En la cárcel de Tui, en Cuenca, hubo 38 víctimas mortales, en la de Guayaquil, 21 y ocho más en Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi.
Esto luego de que las visitas a recintos penitenciarios permanecieran suspendidas desde abril a raíz del coronavirus.
Según un informe de la Fiscalía Centro Norte, la falta o mal funcionamiento de cámaras en penales ha impedido la identificación de agresores en estos recintos. A nivel nacional, en lo que va de 2020 han fallecido 49 internos por riñas.
El grupo que ha hecho el trámite equivale al 8,6% del total de privados de libertad. El 5 de agosto, Gendarmería ordenó a los penales apoyar a los reos para que pudieran participar en el proceso.
Entre enero y junio de los años 2015 y 2019, en promedio, se registraron 59.488 entradas al sistema penitenciario. Durante este año, la cifra fue de 33.133.
De acuerdo a un documento de esa institución, donde se argumenta que la decisión se toma por “motivos de seguridad institucional”, los recintos penales donde llegarán los internos serán: Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Bío Bío, Valdivia y Puerto Montt.
Según cifras de Gendarmería, 16 internos debieron regresar a un recinto penitenciar tras ser detenidos delinquiendo. Otros cuatro no estuvieron en sus casas al momento del control. Además, existe el caso de una persona en Antofagasta que decidió volver por voluntad propia, dado que no tenía casa.
En Angol fue formalizado uno de los 1.300 reos que obtuvieron el beneficio del gobierno para descongestionar las cárceles ante los brotes de coronavirus en los penales. Duró 23 días en libertad.
Hasta el cierre de esta edición, 122 internos a lo largo del país habían rechazado el indulto conmutativo promulgado por La Moneda. En medio de la crisis sanitaria, para evitar los contagios de Covid-19, les ofrecieron dejar los barrotes, pero ellos prefirieron su celda. El director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, explica que en su mayoría se trata de motivos económicos. En los penales tienen trabajos y sueldos para apoyar a sus familias, piso que en la calle perderían. Los internos, sin embargo, también tienen su propia visión del tema.
“Nos negamos a morir en prisión”, dicen los reclusos argentinos, quienes piden ser liberados. En Perú, Brasil y El Salvador la crisis aumenta día a día.
Internos de Puente Alto y de la exPenitenciaría de Santiago cuentan que han tenido que sanitizar por sus propios medios las galerías o módulos donde viven. Dicen que el termómetro de la enfermería marca lo mismo para todos y que los contagiados o sospechosos de tener el virus viven aislados en celdas en precarias condiciones. La Tercera PM obtuvo el testimonio de algunos internos que recibieron el beneficio de cambiar la prisión preventina por arresto domiciliario total y de otros que permanecen en los penales.
