Alrededor de 13,5 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas este domingo para elegir autoridades locales y pronunciarse en una consulta con ocho preguntas, enfocadas principalmente en temas de seguridad.
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Marcela Ríos explicó que “ésta ha sido una solicitud que proviene directamente desde el Congreso, de distintos parlamentarios de manera transversal, de distintas bancadas, de los parlamentarios de la zona de La Araucanía”.
La medida busca evitar que los reos puedan realizar o dirigir actos criminales desde el interior de los penales públicos. La secretaria de Estado destacó que al conseguir los inhibidores de señal a través de esta licitación, evitará al gobierno pagar el alto costo que tienen estos dispositivos.
Además, se decomisaron 342 teléfonos celulares, 117 chips, 285 cargadores, 12 pendrive y 14 sierras, entre otros elementos.
El procedimiento se efectuó en forma simultánea en 23 unidades penales, de 16 regiones del país.
La puesta en marcha de este sistema se dio en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago y se espera llegar a nueve ciudades.
En atención a la serie de manifestaciones convocadas, el subdirector operativo de la entidad penitenciaria, Leonardo Barrientos, instruyó la adopción de una serie de medidas "a fin de prevenir y responder ante la eventual ocurrencia de eventos que puedan afectar la seguridad y el normal funcionamiento de los recintos". Así, considerando que en penales aún hay detenidos en el contexto de protestas y cuya libertad es exigida por movimientos sociales, se pide mayor vigilancia en los perímetros y estar atentos a personas, elementos y vehículos "sospechosos".
En un proceso inédito para quienes cumplen condenas inferiores a tres años e imputados en prisión preventiva, solo en uno de los 13 recintos penitenciarios ganó la opción del Apruebo. Ex autoridades de la institución explican el por qué de esta tendencia y, además, advirtieron en la necesidad de que siga garantizando este derecho en futuros sufragios.
De los 14 recintos penitenciarios en los cuales las personas privadas de libertad debutaron con la posibilidad de ejercer el derecho a voto, sólo el penal de Concepción se inclinó por la opción del Apruebo. En el resto prefirieron el Rechazo. La cárcel de Tocopilla es donde más votos recibió la opción ganadora con un 72,73% de las preferencias.
Los parlamentarios de oposición piden que la ministra Marcela Ríos exponga por escrito respecto de la fundamentación legal que existiría para que, de aprobarse la propuesta constitucional, las cárceles concesionadas sigan operando, como expuso la secretaria de Estado ante senadores de la Comisión de Constitución.
La titular de la cartera, Marcela Ríos, informó en la comisión de Justicia del Senado el inicio de un plan de registro periódico para la incautación de material prohibido en los recintos penitenciarios. "Este es uno de los componentes del trabajo que estamos haciendo para enfrentar la dinámica de las bandas al interior de los recintos y el vínculo que puedan tener con el exterior”, explicó.
A dos meses de la implementación del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (Sircaivi), la institución ya registra 19 denuncias por violencia institucional carcelaria. La idea, según indicó la jefa de la unidad de DD.HH. del organismo, es que cada una de las personas que exponga su caso reciba una atención integral.
El borrador de la nueva Carta Magna estableció que la administración de las cárceles le corresponde solo al Estado y el pleno de la Convención rechazó una norma transitoria que graduaba el fin de estos centros penitenciarios. Ante eso, surge la duda respecto a la forma en que podría aplicarse dicha parte de la propuesta constitucional.
Las instituciones firmantes construirán una mesa de trabajo multidisciplinaria que se abocará especialmente a la realización de propuestas concretas.
El artículo aprobado por el Pleno deja en claro que "la función establecida en este artículo no podrá ser ejercida por privados”.
