Esto luego de que las visitas a recintos penitenciarios permanecieran suspendidas desde abril a raíz del coronavirus.
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Según un informe de la Fiscalía Centro Norte, la falta o mal funcionamiento de cámaras en penales ha impedido la identificación de agresores en estos recintos. A nivel nacional, en lo que va de 2020 han fallecido 49 internos por riñas.
El grupo que ha hecho el trámite equivale al 8,6% del total de privados de libertad. El 5 de agosto, Gendarmería ordenó a los penales apoyar a los reos para que pudieran participar en el proceso.
Entre enero y junio de los años 2015 y 2019, en promedio, se registraron 59.488 entradas al sistema penitenciario. Durante este año, la cifra fue de 33.133.
De acuerdo a un documento de esa institución, donde se argumenta que la decisión se toma por “motivos de seguridad institucional”, los recintos penales donde llegarán los internos serán: Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Bío Bío, Valdivia y Puerto Montt.
Según cifras de Gendarmería, 16 internos debieron regresar a un recinto penitenciar tras ser detenidos delinquiendo. Otros cuatro no estuvieron en sus casas al momento del control. Además, existe el caso de una persona en Antofagasta que decidió volver por voluntad propia, dado que no tenía casa.
En Angol fue formalizado uno de los 1.300 reos que obtuvieron el beneficio del gobierno para descongestionar las cárceles ante los brotes de coronavirus en los penales. Duró 23 días en libertad.
Hasta el cierre de esta edición, 122 internos a lo largo del país habían rechazado el indulto conmutativo promulgado por La Moneda. En medio de la crisis sanitaria, para evitar los contagios de Covid-19, les ofrecieron dejar los barrotes, pero ellos prefirieron su celda. El director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, explica que en su mayoría se trata de motivos económicos. En los penales tienen trabajos y sueldos para apoyar a sus familias, piso que en la calle perderían. Los internos, sin embargo, también tienen su propia visión del tema.
“Nos negamos a morir en prisión”, dicen los reclusos argentinos, quienes piden ser liberados. En Perú, Brasil y El Salvador la crisis aumenta día a día.
Internos de Puente Alto y de la exPenitenciaría de Santiago cuentan que han tenido que sanitizar por sus propios medios las galerías o módulos donde viven. Dicen que el termómetro de la enfermería marca lo mismo para todos y que los contagiados o sospechosos de tener el virus viven aislados en celdas en precarias condiciones. La Tercera PM obtuvo el testimonio de algunos internos que recibieron el beneficio de cambiar la prisión preventina por arresto domiciliario total y de otros que permanecen en los penales.
En total serán 1.860 las personas que dejarán los recintos penitenciarios para evitar contagios por el coronavirus. Para asegurar el cumplimiento de la medida Gendarmería elaboró un sistema con teléfonos registrados, a los que se les instaló un chip de seguimiento y geolocalización, con el cual los indultados tendrán la obligación de contactarse cuatro veces al día con el Centro de Control.
Mañalich anunció que mayores de 60 años del penal de Puente Alto serán llevados a hosterías sanitarias. Gobierno analiza ampliar la medida para otros internos que padezcan enfermedades crónicas.
El gremio planteó que “en las actuales circunstancias la posibilidad de trasladar a los imputados y a los condenados a su domicilio y evitar contagios, es una medida que va en favor de la seguridad de toda la sociedad en su dimensión sanitaria”.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó que se evalúa un veto aditivo a la iniciativa de indultos conmutativos. Será el segundo en el día anunciado por el Ejecutivo luego de que el Presidente Sebastián Piñera enviara uno en el marco de la ley que prorroga el permiso de circulación.
La iniciativa va en beneficio de los grupos más "expuestos" frente al coronavirus: mayores de 65 años, embarazadas, mujeres con hijos menores de dos años que viven en los penales y personas que cumplen reclusión nocturna -bajo ciertas condiciones-, entre otros. Según el titular de Justicia, Hernán Larraín, la medida podría beneficiar a unos 1.300 reclusos.
