Según funcionarios penitenciarios, varias celdas y pasillos del penal -que fue remodelado y abierto nuevamente a fines de marzo-, permanecen inundados, lo que impide fijar condiciones mínimas de habitabilidad para los internos. Desde Gendarmería, en todo caso, manifestaron que se trata de un hecho "aislado" que no afecta a la totalidad del penal y que "se están llevando adelante las reparaciones necesarias".
Según explicó Cordero, el sistema penitenciaria pronto llegará al número crítico de 52 mil internos, lo que se traduce en el hacinamiento de toda la red carcelaria que contempla plazas para 41 mil personas privadas de libertad.
"Las proyecciones de Gendarmería al inicio de este año era que el número de 50 mil privados de libertad se concretaría a inicios de 2024, eso está sucediendo hoy”, señaló el titular de Justicia.
Tras el secuestro de tres gendarmes en el recinto de la Región de La Araucanía, los funcionarios buscan que los internos del módulo F estén privados de libertad en las mismas condiciones que el resto de la población penal. Esto, porque, entre otras cosas, aseguran que sus visitas ingresaban sin ser revisadas, lo que pone en riesgo la seguridad de todo el recinto.
“Nadie quiere una cárcel cerca y por lo mismo dentro de los 31 proyectos de ley priorizados en materia de seguridad hay uno que está enfocado a tratar de simplificar los tramites que permitan la construcción y desarrollo de cárceles”, destacó Luis Cordero.
Un informe del órgano contralor determinó que existe una serie de falencias en los sistemas informáticos internos de Gendarmería, lo que ha generado que sólo un 0,11% de las identidades de los reclusos sean verificadas. A juicio de la institución, esos errores generan un riesgo a que los internos puedan suplantar la identidad de otros para quedar libres y fugarse de la cárcel, como ya ocurrió en 2019 en la cárcel de Puente Alto. En el caso de los extranjeros, precisa la auditoría, la situación es aún peor, ya que nunca se realiza el cotejo con la información del Registro Civil. Le dieron un plazo de 60 días al organismo para responder.
El mandatario anunció que dará luz verde a la "tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos", ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad en el país. Mientras algunos sectores políticos respaldan la iniciativa, otros la consideran una grave equivocación.
Ministerio del Interior, Justicia, Gendarmería, fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones constituyeron una mesa de trabajo durante esta jornada.
El organismo encabezado por siete expertos dará a conocer este miércoles el segundo informe anual sobre la situación de las personas privadas de libertad en el país, donde analizaron temáticas como muerte en centros penitenciarios, el crítico uso del aislamiento y la "invisibilidad" de las mujeres en el sistema. Si bien, de acuerdo con la entidad, ha habido avances y hay buena disposición de parte de las autoridades en aplicar mejoras, también reconocen que hay varios desafíos pendientes.
El penal permanece con una ocupación de 118,4%, mientras que a nivel nacional las cárceles superan sus aforos máximos en un 6,5%. Por lo mismo, autoridades de Justicia han diseñado un plan que busca la ampliación, densificación y apertura de nuevos recintos. Además, como plantea el subsecretario Jaime Gajardo, se buscará modificar el plan regulador de la RM y durante las próximas semanas se ingresará un proyecto que busca crear una nueva medida cautelar para personas imputadas.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, detalló también que las personas privadas de libertad que habitaban la celda donde se encontró el agujero fueron segregados del resto de la población penal.
El Presidente de Colombia criticó a su homólogo, Nayib Bukele, sosteniendo que este "se siente orgulloso por haber reducido la tasa de homicidios a partir de un sometimiento de las bandas que andan en esas cárceles" a las que Petro ha tildado de "dantescas".
En diciembre se requisaron 662 armas blancas y en enero, en el primer operativo del año, se decomisaron 515 de estos artículos.
Alrededor de 13,5 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas este domingo para elegir autoridades locales y pronunciarse en una consulta con ocho preguntas, enfocadas principalmente en temas de seguridad.
Marcela Ríos explicó que “ésta ha sido una solicitud que proviene directamente desde el Congreso, de distintos parlamentarios de manera transversal, de distintas bancadas, de los parlamentarios de la zona de La Araucanía”.
