También se invitó al ministro de Justicia, Luis Cordero y al extitular de misma cartera, Hernán Larraín, luego que se revelaran chats que apuntarían una influencia del abogado en el nombramiento dentro del Poder Judicial.
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El diputado del Partido Socialista y presidente de la instancia, Daniel Manouchehri (PS), acusó que “solo estamos viendo la punta del iceberg de una verdadera asociación criminal, ‘el Tren de Vitacura’, de la cual pareciera que Hermosilla es parte de un engranaje”.
El ministro de Justicia se refirió a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, y que hasta el momento involucra al ex director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, a quien se le imputa entregar información reservada de causas penales al abogado.
Durante la tarde del miércoles, la vocera se comunicó con el fiscal nacional para bajar la tensión que se produjo luego de que ella señalara públicamente que había "indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata" y apuntara directamente a la oposición tras la formalización del exdirector de la PDI Sergio Muñoz.
Juan Antonio Coloma dijo que como bancada acordaron solicitar la presencia de la vocera de gobierno a la comisión que se creó para indagar el denominado “Caso Hermosilla”, "para que entregue los antecedentes en que se funda su denuncia”.
Luego de que la vocera asegurara que había "indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata" y apuntara directamente contra exautoridades tras la formalización del exdirector de la PDI Sergio Muñoz, tanto el fiscal como la oposición salieron rápidamente a responder.
La vocera de Gobierno realizó esta afirmación luego de que se decretara la prisión preventiva para el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. Al respecto, el jefe del Ministerio Público manifestó “yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza”.
La ministra del Interior dijo que el objetivo es que la función de la institución y la protección de la población no se debilite. “Un primer paso es que en los próximos días se defina por parte del Presidente de la República la sucesión en la Dirección General de la Policía de Investigaciones”, planteó.
Desde el teléfono del abogado "se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI”, señaló la fiscalía.
Christian Soto volvió al Servicio de Impuestos Internos el viernes pasado. Eso sí, su función ahora no es como director de Grandes Contribuyentes, sino que estará otras labores en la Subdirección de Desarrollo de Personas.
Tanto a Villalobos como a Speisky se les vincula con el delito de “grabación y difusión de conversaciones/comunicaciones de carácter privado”, mientras que a Topelberg -esposo de Speisky- se le acusa de “instigar a la comisión delictiva”.
La abogada interpuso una acción judicial en contra del empresario y Yael Speisky, invocando el delito de violación de secreto. "Esta grabación fue realizada con el objetivo de respaldar y poder retener la información vertida en ella (la reunión con Daniel Sauer y Luis Hermosilla)", señaló en la acción judicial. Asimismo, también reveló que existe otra grabación realizada por los querellados de su alegato ante la CMF, la cual circuló "entre la comunidad judía", sin su consentimiento. Acusa en el escrito "falta de sororidad" de la abogada querellada que era su amiga.
El Ministerio Público ya comienza a formarse un panorama sobre lo ocurrido en base a declaraciones y otros peritajes. Es así que se estableció que el abogado Adrián Fuentes -exasesor de Hacienda entre el 2000 y 2010- fue contratado por Leonarda Villalobos para orientarla técnicamente en la defensa de STF Capital ante la Comisión para el Mercado Financiero, pero cuando el profesional estaba sin trabajo. Entre ambos se acordó un honorario de $ 15 millones, pero sólo se le alcanzó a remunerar un tercio de este dinero. Fuentes, finalmente, se habría visto envuelto en una polémica trama solo por una asesoría.
La instancia tendrá su primera sesión el 8 de enero.
A un mes de estallar el escándalo que remece al mundo judicial y económico, tras la filtración de un audio en que los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer hablaban sobre presunto pago de coimas en la CMF y el SII, se acerca la primera audiencia pública. Y es que el jefe de gabinete del ex director de grandes contribuyentes decidió presentar una cautela de garantía en contra del Ministerio Público tras haber sido vulnerados, a su juicio, sus derechos. Esto último ya que tras ser interrogado se le solicitó entregar su celular y abrir sus cuentas bancarias, diligencias que se realizan respecto a personas que tienen calidad de imputado. Su defensa pide a los tribunales intervenir y que el ente perseguidor se aclare: ¿Es testigo o está siendo investigado por un delito?.
