Etiqueta: Casos Judiciales

A ocho años de ocurrido el crimen del matrimonio en el Fundo Granja Lumahue, en Vilcún‎, el máximo tribunal del país acogió la demanda presentada por sus hijos y ordenó al Fisco resarcir los daños que provocó la muerte de Werner Luchsinger (75 años) y su esposa Vivianne Mackay (69 años) la noche del 4 de enero de 2013. A juicio de la Tercera Sala del máximo tribunal, hubo falta de servicio ante las constantes amenazas de muerte que denunció el matrimonio y su familia. La sentencia, en que se ordena un pago de $ 250 millones a cada hijo, se convierte en un hito en el contexto de los casos de violencia rural y un precedente que será observado atentamente por las víctimas de la Macrozona Sur.

La investigación por presunta obstrucción a la investigación por el homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco recién comienza. Pese a que los tres policías que la acompañaban en el fatal procedimiento del 13 de junio fueron separados de sus funciones, han surgido interrogantes que deberán ser respondidas por las jefaturas de la Policía de Investigaciones. Una de ellas tiene que ver con la demora en la entrega de pruebas balísticas a la fiscalía y las sospechas de la adulteración del sitio del suceso, que serán aclaradas en una reconstitución de escena que tendrá lugar este lunes, a las 9 horas.

La muerte de la modelo brasileña que partió como un caso de suicidio cada vez da más fuerza a las hipótesis que apuntan a intervención de terceros, en particular de quien fue su pareja. El abogado de la familia, Cristián Cáceres, pidió nuevos exámenes para estudiar heridas que darían cuenta de agresiones previas a su fatal desenlace el 7 de julio pasado. Además, según reveló el querellante, las mallas de seguridad de los departamentos de abajo del hogar de la joven están rotas, lo que podría ser un indicio de un intento de ella, a juicio del abogado, por aferrarse a la vida.

La primera sala decidió que sea el pleno del organismo quien revise si es inconstitucional el que Marco Enríquez Ominami no pueda votar tras haber sido acusados en dos juicios: el caso OAS y SQM. El excandidato presidencial alega que aún le asiste la presunción de inocencia y que no puede ser que el Ministerio Público sea quien a través de un acto judicial le impida, por ejemplo, volver a presentarse a los comicios de noviembre.

Hasta el momento no existe ningún antecedente que vincule a los dos mecánicos, víctimas del secuestro y en uno de los casos homicidio, en la sustracción de marihuana y armas que reclamaron Cristopher Jara y parte de la familia Ancalaf, hoy todos en prisión preventiva tras protagonizar uno de los casos más violentos en La Araucanía, que incluye sesiones de apremios, ataques sexuales y un descuartizamiento. Del expediente judicial se puede desprender que las primeras sospechas apuntaban a Ricardo Aránguiz, cónyuge de Julieta Pérez Ancalaf, como la persona que se había quedado con las especies. Las pesquisas ahora apuntan al "Richy", sobre todo por el activo rol que tuvo su pareja en las lesiones a las víctimas.

Un videoclip en el Cerro 18, un Jaguar verde robado, una pistola a fogueo, una funda de revólver color negro bajo el volante, una persecución que recorrió varios kilómetros por el sector de La Dehesa, en Lo Barnechea, y un estrepitoso choque contra un poste que frustró la fuga. Todos esos son los ingredientes del caso policial que hoy tiene en el ojo del huracán al polémico artista, que hoy suma una nueva controversia en su carrera.

La segunda sala del organismo procedió a paralizar la causa que está en la etapa previa del juicio oral luego que los defensores penales públicos, Mario Araya y Claudio Fierro, acudieran a la instancia para declarar inconstitucional la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra del docente Roberto Campos.

Un total de ocho encapuchados hizo ingreso a una de las plantas de la empresa ubicada en el predio Santa Lucía e intimidó a uno de los trabajadores para luego encender maquinaria de la forestal. El caso ya está en manos de la policía y se busca a los responsables.

Por 9 votos a 5 los ministros del tribunal de alzada se reunieron hoy y votaron la causa que había quedado en estudio. Conocedores de la sentencia, que será dada a conocer el 16 de abril, sostienen que la decisión habría sido acordada en base a que no se cumplen los requisitos de tipicidad de la calificación jurídica de tráfico de influencias, es decir que el senador no tenía una posición de "influencia" sobre los concejales ni el alcalde de Pirque. El Ministerio Público deberá evaluar si lleva el caso a la Corte Suprema.

En votación unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal acogió un recurso de protección presentado por la Corporación Comunidad y Justicia en que se cuestionaba que fieles no puedan ejercer su derecho a la libertad de culto consagrada en la Constitución. El fallo está en acuerdo y saldrá en los próximos días.

La Corte de Apelaciones de San Miguel pondrá en los próximos días en tabla la vista de la causa en que la Fiscalía Oriente pide que el parlamentario sea desaforado para poder seguir adelante con el juicio en que se piden cuatro años de cárcel por su supuesta autoría en acciones para favorecer un millonario negocio de extracción de áridos de una empresa en que participa uno de sus hijos. En sus descargos, el senador Manuel José Ossandón culpa a su primo, el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, de "animadversión".

Estudio del PNUD y la Universidad de Columbia indica el aumento de los litigios a nivel mundial relacionados con los impactos en el clima. Los demandantes van desde ONG y partidos políticos, hasta los que unen niños, ancianos, migrantes y pueblos indígenas.

Hubo pasajes de la audiencia de formalización del fiscal Francisco Jacir en contra de los ocho sospechosos del hostigamiento que sufrió la investigadora en su casa de la comuna de Providencia que fueron reservados y en el que se entregan claves de cómo este grupo, que se conocía por participar en marchas por el rechazo a una nueva Constitución, decidió llegar hasta el domicilio de la fiscal para entregar una carta con una amenaza de muerte. ¿Cómo la PDI logró reconstruir esa noche del 6 de octubre?.

Si bien en un inicio algunos dirigentes gremiales vincularon este homicidio a violencia institucional, el Ministerio Público y la PDI, luego de tres meses de pesquisas, estableció que el deceso del werkén de la comunidad Newen de Collipulli se enmarca en hechos considerados de delincuencia común.

La jefa del Ministerio Público del Biobío, Marcela Cartegena, ingresó hoy un escrito en que pide audiencia para imputar cargos al alto funcionario del Poder Legislativo por haber infringido el artículo 318 del Código Penal. A su nombre se suma el de otros dos funcionarios de la Fiscalía Sur y los dependientes del local en que se habría llevado a cabo un almuerzo en plena pandemia.