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El fiscal José Morales informó al Séptimo Juzgado de Garantía que dio inicio a una investigación separada que involucra a la entidad de propiedad del Grupo Luksic y a los otros bancos que, teniendo la obligación legal de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), no lo hicieron, lo que impidió iniciar antes esta indagatoria en contra del excomandante en Jefe del Ejército. Asimismo, el Ministerio Público notificó a la justicia que mantiene vigente una causa penal en contra de uno de los hijos del matrimonio por los movimientos que realizó en sociedades inscritas en el extranjero.

Es una de las investigaciones que más se ha prolongado en el tiempo. Y es que la cantidad de aristas que se han indagado, al menos 14, dan cuenta de la envergadura de haber revisado años de contabilidad de una de las empresas más importantes del país en busca de sus aportes ilegales a campañas políticas. Ya en la recta final estos son los condenados, los que no serán juzgados y quienes están en las horas clave de sus juicios.

El Ministerio Público, además, acusó a la cónyuge del exmilitar y solicitó respecto de ella una condena de 10 años y un día de cárcel por supuestamente haber ayudado a su esposo a ocultar el origen de los dineros fiscales malversados. Con esta decisión, el fiscal José Morales ahora puede ir a juicio oral. Junto con esto se pidió el comiso de cinco propiedades del matrimonio.

Luego de un acuerdo privado entre las partes se selló el caso que comenzó en medio de una polémica tras la acusación de la dependiente de un bar que acusó agresiones por parte de la congresista RN. El juicio no se logró realizar, porque la parte querellante olvidó incorporar como prueba las imágenes del episodio que vivió en noviembre de 2019 la diputada.

A ocho años de ocurrido el crimen del matrimonio en el Fundo Granja Lumahue, en Vilcún‎, el máximo tribunal del país acogió la demanda presentada por sus hijos y ordenó al Fisco resarcir los daños que provocó la muerte de Werner Luchsinger (75 años) y su esposa Vivianne Mackay (69 años) la noche del 4 de enero de 2013. A juicio de la Tercera Sala del máximo tribunal, hubo falta de servicio ante las constantes amenazas de muerte que denunció el matrimonio y su familia. La sentencia, en que se ordena un pago de $ 250 millones a cada hijo, se convierte en un hito en el contexto de los casos de violencia rural y un precedente que será observado atentamente por las víctimas de la Macrozona Sur.

La investigación por presunta obstrucción a la investigación por el homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco recién comienza. Pese a que los tres policías que la acompañaban en el fatal procedimiento del 13 de junio fueron separados de sus funciones, han surgido interrogantes que deberán ser respondidas por las jefaturas de la Policía de Investigaciones. Una de ellas tiene que ver con la demora en la entrega de pruebas balísticas a la fiscalía y las sospechas de la adulteración del sitio del suceso, que serán aclaradas en una reconstitución de escena que tendrá lugar este lunes, a las 9 horas.

La muerte de la modelo brasileña que partió como un caso de suicidio cada vez da más fuerza a las hipótesis que apuntan a intervención de terceros, en particular de quien fue su pareja. El abogado de la familia, Cristián Cáceres, pidió nuevos exámenes para estudiar heridas que darían cuenta de agresiones previas a su fatal desenlace el 7 de julio pasado. Además, según reveló el querellante, las mallas de seguridad de los departamentos de abajo del hogar de la joven están rotas, lo que podría ser un indicio de un intento de ella, a juicio del abogado, por aferrarse a la vida.

La primera sala decidió que sea el pleno del organismo quien revise si es inconstitucional el que Marco Enríquez Ominami no pueda votar tras haber sido acusados en dos juicios: el caso OAS y SQM. El excandidato presidencial alega que aún le asiste la presunción de inocencia y que no puede ser que el Ministerio Público sea quien a través de un acto judicial le impida, por ejemplo, volver a presentarse a los comicios de noviembre.

Hasta el momento no existe ningún antecedente que vincule a los dos mecánicos, víctimas del secuestro y en uno de los casos homicidio, en la sustracción de marihuana y armas que reclamaron Cristopher Jara y parte de la familia Ancalaf, hoy todos en prisión preventiva tras protagonizar uno de los casos más violentos en La Araucanía, que incluye sesiones de apremios, ataques sexuales y un descuartizamiento. Del expediente judicial se puede desprender que las primeras sospechas apuntaban a Ricardo Aránguiz, cónyuge de Julieta Pérez Ancalaf, como la persona que se había quedado con las especies. Las pesquisas ahora apuntan al "Richy", sobre todo por el activo rol que tuvo su pareja en las lesiones a las víctimas.

Un videoclip en el Cerro 18, un Jaguar verde robado, una pistola a fogueo, una funda de revólver color negro bajo el volante, una persecución que recorrió varios kilómetros por el sector de La Dehesa, en Lo Barnechea, y un estrepitoso choque contra un poste que frustró la fuga. Todos esos son los ingredientes del caso policial que hoy tiene en el ojo del huracán al polémico artista, que hoy suma una nueva controversia en su carrera.

La segunda sala del organismo procedió a paralizar la causa que está en la etapa previa del juicio oral luego que los defensores penales públicos, Mario Araya y Claudio Fierro, acudieran a la instancia para declarar inconstitucional la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra del docente Roberto Campos.

Un total de ocho encapuchados hizo ingreso a una de las plantas de la empresa ubicada en el predio Santa Lucía e intimidó a uno de los trabajadores para luego encender maquinaria de la forestal. El caso ya está en manos de la policía y se busca a los responsables.

Por 9 votos a 5 los ministros del tribunal de alzada se reunieron hoy y votaron la causa que había quedado en estudio. Conocedores de la sentencia, que será dada a conocer el 16 de abril, sostienen que la decisión habría sido acordada en base a que no se cumplen los requisitos de tipicidad de la calificación jurídica de tráfico de influencias, es decir que el senador no tenía una posición de "influencia" sobre los concejales ni el alcalde de Pirque. El Ministerio Público deberá evaluar si lleva el caso a la Corte Suprema.

En votación unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal acogió un recurso de protección presentado por la Corporación Comunidad y Justicia en que se cuestionaba que fieles no puedan ejercer su derecho a la libertad de culto consagrada en la Constitución. El fallo está en acuerdo y saldrá en los próximos días.

La Corte de Apelaciones de San Miguel pondrá en los próximos días en tabla la vista de la causa en que la Fiscalía Oriente pide que el parlamentario sea desaforado para poder seguir adelante con el juicio en que se piden cuatro años de cárcel por su supuesta autoría en acciones para favorecer un millonario negocio de extracción de áridos de una empresa en que participa uno de sus hijos. En sus descargos, el senador Manuel José Ossandón culpa a su primo, el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, de "animadversión".