Estudio del PNUD y la Universidad de Columbia indica el aumento de los litigios a nivel mundial relacionados con los impactos en el clima. Los demandantes van desde ONG y partidos políticos, hasta los que unen niños, ancianos, migrantes y pueblos indígenas.
Hubo pasajes de la audiencia de formalización del fiscal Francisco Jacir en contra de los ocho sospechosos del hostigamiento que sufrió la investigadora en su casa de la comuna de Providencia que fueron reservados y en el que se entregan claves de cómo este grupo, que se conocía por participar en marchas por el rechazo a una nueva Constitución, decidió llegar hasta el domicilio de la fiscal para entregar una carta con una amenaza de muerte. ¿Cómo la PDI logró reconstruir esa noche del 6 de octubre?.
Si bien en un inicio algunos dirigentes gremiales vincularon este homicidio a violencia institucional, el Ministerio Público y la PDI, luego de tres meses de pesquisas, estableció que el deceso del werkén de la comunidad Newen de Collipulli se enmarca en hechos considerados de delincuencia común.
La jefa del Ministerio Público del Biobío, Marcela Cartegena, ingresó hoy un escrito en que pide audiencia para imputar cargos al alto funcionario del Poder Legislativo por haber infringido el artículo 318 del Código Penal. A su nombre se suma el de otros dos funcionarios de la Fiscalía Sur y los dependientes del local en que se habría llevado a cabo un almuerzo en plena pandemia.
Hace unos días se abrió una investigación penal que complica al juez Cristián Soto, el mismo que algunos meses atrás denunció a su par Laura Assef de supuestos contactos irregulares con la defensa de Aldo Motta durante el juicio por el caso Cascadas. Los abogados del exejecutivo de SQM arremetieron contra el magistrado, quien confesó haber redactado un borrador del fallo condenatorio antes de que se acabara el juicio. “Sospechamos derechamente actos de corrupción”, dice el defensor Gabriel Zaliasnik.
Hoy el penalista Jaime Winter expone ante la comisión que revisa la acuación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que es levantada por un grupo de parlamentarios tras el crimen de la joven Ámbar Cornejo.
La Brigada de Derechos Humanos de la PDI, por orden de la Fiscalía Centro Norte, arrestó en su domicilio -esta madrugada- al teniente coronel de Fuerzas Especiales Claudio Crespo quien hace solo unas semanas fue desvinculado de la institución.
Voces al interior del organismo aseguran que no es suficiente la prueba allegada a este proceso para que se configure la posibilidad que les da la ley, en casos de extrema gravedad, de remover a un diputado o senador en ejercicio. Este viernes a las 9:00 horas, en pleno extraordinario, los jueces se reunirán a votar, pero desde ya algunos plantean que no se alcanzó el alto estándar que se necesita para cesar al parlamentario en el cargo.
Ya en la fase final para su formalización, la Fiscalía Oriente arremetió con una solicitud ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto para poder acceder al detalle de todas las transacciones financieras del senador RN entre los años 2017 y 2019, periodo en que es investigado por tráfico de influencias. Su defensor Ricardo Freire pidió al tribunal rechazar la diligencia diciendo que el parlamentario está dispuesto a entregar sólo aquellos movimientos que involucran a personas y empresas ligadas al caso, pero que no está dispuesto a transparentar todo su comportamiento financiero.
El 26 de agosto el senador RN será formalizado por tráfico de influencias. La Fiscalía Oriente le atribuirá haber realizado gestiones para beneficiar a la empresa Cavilú, que administra uno de sus ocho hijos. Una pieza clave es una auditoría que concluye que entre 2017 y 2019 Manuel José Ossandón trianguló $ 34.701.000 hacia la firma, situación que él desconoce en su interrogatorio, en el que, además, se negó a abrir sus cuentas bancarias. El Ministerio Público pidió a la justicia alzar ese secreto.
El tribunal de alzada de esa ciudad cuestionó a la Fiscalía que se opuso a detener la persecución penal en su contra por la infracción del artículo 318. "El no acoger luego, la petición de sobreseimiento definitivo, representa una forma de violencia innecesaria en contra de ella", aseguró en la sentencia en que se citan convenios internacionales de Derechos Humanos.
Tras un año de investigación y a sólo horas que el parlamentario declarara ante el Ministerio Público, el jefe de Alta Complejidad Oriente Felipe Sepúlveda ingresó un escrito ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto para que agende audiencia en que se le imputarán delitos vinculados a actos de corrupción.
El penalista con pasado PPD, y aún cercano a Guido Girardi, fue fichado para encabezar la estrategia penal que debe afrontar el Mandatario en los casos en que figura como imputado, y que se levantaron a raíz del estallido social y -hace pocas semanas- los fallecimientos durante la pandemia.
Dos ex jefes del organismo presentaron demandas de tutela laboral en contra del director Sergio Micco. En ellas dan cuenta de una serie de situaciones que -describen- se acentuaron tras el 18 de octubre del año pasado, y que derivaron en sus despidos a mediados de marzo, los que acusan que fueron injustificados y vulnerando sus derechos. Las acciones fueron declaradas admisibles y se abrirá un juicio público.
La Fiscalía Oriente decidió imputar por cuasidelito de homicidio a dos facultativos de ese organismo por una serie de negligencias médicas en contra de la ejecutiva María Alejandra Campos, quien falleció a los 45 años, tras someterse a una cirugía para extirpar un tumor en su glándula tiroidea. El próximo 10 de julio los profesionales deberán enfrentar a la justicia.
