El tribunal determinó que la aprehensión del joven de 22 años no se ajustó a derecho pues personal policial revisó su mochila sin que existiera un indicio serio que diera cuenta de la eventual comisión de un delito.
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El fiscal José Morales ingresó hoy la acusación con la que llevará a juicio oral a un adulto y a un menor de edad, quienes protagonizaron el episodio en que resultó fallecida la niña mientras viajaba con su madre Camila Almonacid rumbo a su domicilio, en la comuna de Huechuraba, el 28 de febrero de este año. El Ministerio Público cuenta con 45 testigos que darán cuenta de la dinámica del homicidio.
Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de formalización en la que la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, Marcia Figueroa, ordenó prohibir a los medios de comunicación la divulgación de los nombres de los facultativos a fin de cautelar el principio de inocencia La magistrada también rechazó la cautelar de arraigo nacional y fijó un plazo de ocho meses de investigación. “Se ha dado cumplimiento a todas las normas y estándares aplicables al caso y así se ha hecho saber en las etapas procesales que han correspondido en el ámbito de la demanda civil", dijo el recinto médico.
En entrevista con La Tercera Domingo el exsenador UDI dijo que estaba preparando su arribo al penal en donde debe cumplir pena efectiva de cárcel por los delitos de cohecho y fraude al fisco reiterados, luego que la justicia rechazara el recurso que buscaba anular su juicio en el caso Corpesca. Sin embargo, el jueves 11 se envió al tribunal de alzada capitalino la última chance judicial que tiene el exparlamentario de evitar la cárcel, un recurso que exige que se le brinde el beneficio de la libertad vigilada por cumplir con todos los requisitos y cuya tramitación se prevé dure meses.
Los integrantes del grupo realizaban distintos roles para ocultar que el metal adquirido no era de origen nacional, como lo declaraban en aduana para luego exportarlo al extranjero. El metal provenía de la Amazonía del Perú, extraído desde una minera ilegal. El padre quedó en prisión preventiva junto a otros dos líderes de la banda.
El 25 de agosto el integrante de la Policía de Investigaciones (PDI) Leonel Contreras Canales compareció ante la Fiscalía Sur para declarar como imputado, tras el vuelco en la investigación por la muerte de su compañera Valeria Vivanco en un procedimiento policial. El Ministerio Público le exhibió los peritajes que aseguran que él es el responsable del disparo que terminó con la vida de la joven policía, sin embargo -pese a las pruebas- insistió: "Yo no disparé".
El presidente del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) deberá enfrentar a la justicia el 16 de noviembre y el Ministerio Público alista una batería de antecedentes que ha recopilado durante dos años de investigación. El ex vicepresidente de la Cámara Baja cuenta, hasta marzo del próximo año, con fuero, por lo que la fiscalía sólo podrá comunicarle la indagatoria por cohecho pasivo que se sigue en su contra, pero no pedir medidas cautelares en su contra, a menos que acuda a la Corte de Apelaciones de Copiapó.
La decisión de abrir una nueva arista se adoptó luego de testimonios que apuntan a triangulaciones de dinero de "personal fantasma", es decir profesionales que en los registros aparecen emitiendo boletas para las corporaciones que están en la mira del Ministerio Público y que no habrían prestado servicios alguno. El fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, busca establecer si estos testaferros eran obligados después a devolver estos dineros -que provenían del presupuesto municipal de Vitacura- y a manos de quién llegaron.
El profesional asumiría como representante del convencional ante el eventual delito de perjurio que habría cometido al faltar a la verdad en su declaración de patrimonios e intereses. Sobrino del reputado penalista Luis Hermosilla, Ramírez se contactó ya con la fiscalía y aseguró que Rojas quiere declarar. Hoy la PDI coordinará su interrogatorio en calidad de imputado, aunque el fiscal Patricio Cooper ya ordenó que la diligencia se materialice cuando termine su licencia médica, en 15 días más.
Sólo en noviembre de 2020, en plena pandemia, y siete meses antes de que Héctor Espinosa terminara su mandato en la policía civil, llegó a manos del Ministerio Público el primer reporte de la Unidad de Análisis Financiero luego que uno de los bancos en que él era cliente diera la alerta de eventuales maniobras atribuibles a lavado de dinero fechadas tres años antes. Sobre las respuestas que dio el exnúmero 1 de la PDI a la entidad financiera, los millones en efectivo habrían sido viáticos y pagos de la mutualidad de la que era miembro y que también está en el foco de otra causa penal. El 29 de junio fue citado a declarar como imputado, pero el expolicía guardó silencio.
El subcomisario de la PDI Eduardo Villablanca Inostroza declaró ante la fiscalía y personal del OS-7 de carabineros en junio pasado y se convirtió en un testigo clave de las maniobras que se indagan respecto al exdirector de la PDI Héctor Espinosa, quien será formalizado en los próximos días por presuntos delitos de corrupción. En total se investigan 53 depósitos en efectivo por cerca de $140 millones que provendrían de gastos reservados, pero que habrían sido usados para su beneficio personal.
El fiscal José Morales informó al Séptimo Juzgado de Garantía que dio inicio a una investigación separada que involucra a la entidad de propiedad del Grupo Luksic y a los otros bancos que, teniendo la obligación legal de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), no lo hicieron, lo que impidió iniciar antes esta indagatoria en contra del excomandante en Jefe del Ejército. Asimismo, el Ministerio Público notificó a la justicia que mantiene vigente una causa penal en contra de uno de los hijos del matrimonio por los movimientos que realizó en sociedades inscritas en el extranjero.
Es una de las investigaciones que más se ha prolongado en el tiempo. Y es que la cantidad de aristas que se han indagado, al menos 14, dan cuenta de la envergadura de haber revisado años de contabilidad de una de las empresas más importantes del país en busca de sus aportes ilegales a campañas políticas. Ya en la recta final estos son los condenados, los que no serán juzgados y quienes están en las horas clave de sus juicios.
El Ministerio Público, además, acusó a la cónyuge del exmilitar y solicitó respecto de ella una condena de 10 años y un día de cárcel por supuestamente haber ayudado a su esposo a ocultar el origen de los dineros fiscales malversados. Con esta decisión, el fiscal José Morales ahora puede ir a juicio oral. Junto con esto se pidió el comiso de cinco propiedades del matrimonio.
Luego de un acuerdo privado entre las partes se selló el caso que comenzó en medio de una polémica tras la acusación de la dependiente de un bar que acusó agresiones por parte de la congresista RN. El juicio no se logró realizar, porque la parte querellante olvidó incorporar como prueba las imágenes del episodio que vivió en noviembre de 2019 la diputada.
