El pleno del máximo tribunal dejó este lunes 8 en acuerdo la decisión, pero según trascendió, la mayoría de los ministros -en fallo dividido- decidieron no acoger a trámite el recurso con el que un grupo de parlamentarios de oposición buscaba sacar de sus funciones a la actual jefa del Ministerio Público del Biobío, por lo que ellos considerarían un mal desempeño como persecutora. La resolución está a la espera de la firma de todos los ministros para ser notificada a las partes.
Tras dos años de investigación, el Ministerio Público ingresó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago un escrito en el que solicita audiencia para formalizar una investigación penal en contra del exjefe comunal. En el documento se detalla que se le imputarán maniobras para defraudar el erario fiscal, mismos cargos que se levantarán en contra de su otrora estrecha colaboradora, Antonia Larraín, y al exdirector de las corporaciones "Vita" Domingo Prieto. En la organización ilegal que levantará como hipótesis el fiscal Francisco Jacir, están también los excontadores que han sido una pieza clave para esclarecer el mecanismo que operó en Vitacura desde 2014 y hasta que el alcalde de Vitacura se vio obligado a dejar su cargo.
En casi mil páginas el sumario abierto por el ente fiscalizador, que dirige Jorge Bermúdez, desmenuza una serie de irregularidades detectadas durante la administración de Raúl Torrealba. Durante esta jornada se le formularon cargos por infracción grave al principio de probidad. Como el exjefe comunal estaba en ejercicio cuando se inició esta indagatoria administrativa arriesga la destitución. Como ya no es autoridad, el efecto sería que durante cinco años no pueda ejercer cargos públicos. Los antecedentes fueron remitidos al fiscal Francisco Jacir, quien alista su formalización ante la justicia por una serie de delitos vinculados a corrupción.
En las actas de entrega voluntaria levantadas por personal de la Brigada Anticorrupción de la PDI, junto con dejar constancia de que la alcaldesa no cuenta con celular institucional, por lo que no accedería a la entrega de su teléfono móvil personal, se hizo otra salvedad. Sólo se permitió a los detectives tener acceso a sus correos electrónicos que tengan que ver con la fallida compra del inmueble, nada más. Para poder acceder a toda la información y a sus comunicaciones, la Fiscalía Centro Norte tendría que pedir una orden judicial.
El dos veces mandatario fue interrogado durante este martes como imputado. Esto, debido a las querellas presentadas en su contra por el exsenador Alejandro Navarro y otras organizaciones en el marco de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el denominado estallido social. Asimismo, se le requeriría como testigo en otra arista que tramita la jefa de Alta Complejidad Centro Norte y que apunta a la responsabilidad de mando de Carabineros en apremios, lesiones y torturas cometidas por la policía uniformada tras el 18-O.
Una serie de diligencias despachó el fiscal jefe Francisco Jacir, quien indaga la trama de corrupción que hoy tiene en calidad de imputado al exjefe comunal Raúl Torrealba por presuntos desvíos de dineros fiscales a sus arcas personales. El primero de febrero la otrora autoridad de Vitacura -por 24 años- renunció a su derecho a guardar silencio, pero su testimonio aún sigue bajo siete llaves en espera de nuevas pesquisas derivadas de su versión de los hechos.
En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia en que se había sentenciado al exfrentista Raúl Escobar Poblete a la pena de 18 años de presidio. Esto como autor del delito terrorista de homicidio del parlamentario UDI ocurrido el 1 de abril de 1991, en el frontis del Campus Oriente. Una vez el proceso esté finiquitado en Chile, el acusado deberá retornar a México donde lo esperan otros 60 años tras las rejas por su participación en un secuestro extorsivo.
Discusión ha generado el concepto que fue ocupado por la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, quien advirtió que el proyecto de ley podría traer consecuencias negativas de aprobarse de la manera que se está planteando hoy por hoy en el Congreso. Dos exoficiales de Carabineros aseguran que no es tan fácil que los uniformados hagan uso indiscriminado de su arma y que ese escenario no se dará ni siquiera de aprobarse la ley Nain-Retamal tal como está. A pesar de aquello, organismos internacionales han reiterado posibles implicancias en materia de derechos humanos que podría tener la polémica normativa.
El fiscal Patricio Cooper de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte dio curso a las diligencias luego de recepcionar la auto denuncia de la parlamentaria de Revolución Democrática.
María Inés Facuse acaba de ganar una batalla judicial en tribunales en contra de Gloria Jadue, la madre de quien fuera su esposo y que actualmente vive junto a su hijo, el otrora presidente de la ANFP, en Estados Unidos donde está radicado como testigo protegido en el denominado caso FIFA Gate. La mujer acusa a su suegra de haberse quedado con más de $ 100 millones de la venta de un departamento en Concón, en el cual ambas eran dueñas a través de una sociedad. La defensa de la madre del extimonel del fútbol chileno acusa que se está utilizando a los tribunales para resolver un lío familiar y que la querellada de ser traída a Chile nunca será condenada por lo que sería un "sinsentido" la resolución que este jueves adoptó la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Según fuentes cercanas a la dos veces presidenta, no está obligada a asistir a este encuentro, ya que es una tercera parte de este proceso judicial. Además, confía en que este conflicto legal se resolverá prontamente sin la necesidad de llegar a los tribunales.
Julia Urquieta, representante del Partido Comunista, parte querellante en el caso que buscaba esclarecer la causa de muerte del premio Nobel, dio a conocer las principales conclusiones del informe final del tercer panel de expertos, el cual se cierra sin dar con una conclusión clara del fallecimiento de Neftalí Reyes. Esto en contraposición a lo que ha planteado un sobrino del vate, quien apuntó a un supuesto envenenamiento.
Una compleja situación vive el extitular de la Segegob, el ingeniero comercial Claudio Alvarado (UDI). Su única hermana, María Eugenia Alvarado, lo está acusando en tribunales de realizar contratos simulados para traspasarse bienes aprovechándose de los mandatos judiciales que le otorgó su progenitor, quien actualmente padece una grave enfermedad que le impide comunicarse. La otrora autoridad se defiende asegurando que esto se trata de una arremetida judicial por una deuda que ella tiene con su padre y por lo cual a fines del año pasado presentó una demanda. "El único propósito es afectar mi imagen pública", aseguró.
La cita se da luego de que la Asociación de Oficiales Penitenciarios advirtiera que, en ciertas ocasiones, juzgados disponen medidas que pondrían en riesgo la seguridad de los penales. Por lo mismos, solicitan se haga valer la disposición que establece que tribunales "deben abstenerse de disponer el ingreso de imputados a un centro penitenciario determinado".
Fue su propia declaración en calidad de inculpado, junto a otros testimonios, la que llevó a Juan Emilio Cheyre a ser procesado y quedar detenido en el denominado caso "fraude en el Ejército". En el interrogatorio ante la magistrada admitió que fue él quien implementó un sistema de entrega de dineros en efectivo a los excomandantes en jefe, mensualidades que fueron desde los $ 400 mil a $ 1 millón, y que el origen de dichos montos provenía de gastos reservados. También jugaron en contra las declaraciones de otros compañeros de armas que lo sindicaron como un malversador de caudales públicos. Aquí detalles inéditos de su encausamiento.
