El diputado de la Federación Regionalista Verde Social será formalizado por el próximo jueves 6 de octubre por el delito de cohecho pasivo por presuntamente haber asesorado al exalcalde de Tierra Amarilla para desistir de un juicio ambiental en contra de la Minera Candelaria. Junto con eso, la fiscalía de Atacama respondió los dichos del parlamentario de Chile Digno en contra de los persecutores, a quienes aseguró que denunciaría ante el nuevo fiscal nacional.
La Fiscalía Sur tramitó en tribunales una orden judicial para poder hacerse de la investigación canónica previa que realizó la abogada María Elena Santibáñez tras denuncias de actos de significación sexual en contra del sacerdote que hoy se encuentra suspendido de sus funciones. La diligencia fue concretada por la PDI y responde a una causa penal que se abrió -justamente- por la autodenuncia del religioso que pidió la intervención de la justicia civil.
En una acción judicial inédita en la historia -nunca un exconsejero había iniciado un juicio contra el Fisco-, la exministra pide ser compensada con $ 380 millones, ya que acusa haber sido forzada a dejar el codiciado puesto en el organismo de defensa estatal. Apunta sus dardos a la expresidenta de la institución María Eugenia Manaud, a quien acusa de tener una animosidad contra ella y desplegar una "conducta abusiva" que determinó su salida que -finalmente- no fue tan "voluntaria". Aquí la historia de esta pugna sin precedentes.
Un trabajo interregional que se comenzó a planificar hace dos años desde la cúpula del Ministerio Público, junto a un equipo especial de la PDI, tiene hoy en jaque a una de las principales agrupaciones que están tras los atentados incendiarios y acciones de sabotaje que remecen a la Macrozona Sur. Reuniones periódicas en que se comparten información los fiscales de La Araucanía y el Biobío permitieron detener a la estructura más dura de la CAM: su líder, el brazo operativo y los soldados.
El líder de la CAM, ya el 23 de diciembre de 2021 advertía que no se pondría del lado del gobierno entrante, según una comunicación con un amigo. La PDI rastreó la conversación y la calificó de "gran relevancia investigativa", dado que en esa charla hablan de "fierros y municiones". Junto con eso expresó: "en el gobierno de Boric me van a matar". El líder de una de las organizaciones más radicales de La Araucanía tampoco tuvo buenas palabras para Pablo Marchant, ni para la Convención Constitucional, ni para su expresidenta, Elisa Loncon: "¿Qué tengo que ver yo con los constituyentes y toda esa zanganá de vendidos?".
La decisión la adoptó el fiscal nacional Jorge Abbott luego de una cumbre de investigadores y policías que se juntaron a analizar el incremento del crimen organizado en la Macrozona Norte. Ahora será Raúl Arancibia el principal persecutor de las ramificaciones de esta agrupación caribeña. El motivo fue, según la resolución, que ese jefe regional es quien más avanzadas tiene estas causas penales. La decisión de la máxima autoridad del Ministerio Público generó ruido en algunos persecutores, quienes plantean que la banda no debe verse como una sola, sino como células y que se perderá el avance que ya había en la RM.
Para enfrentar las críticas que generó el haber sido marginados como querellantes en la emblemática investigación, el Ministerio del Interior hizo circular una minuta en que entregaban explicaciones de todas las acciones que emprendieron para evitar quedar fuera del caso. En el cuarto punto del documento revelaron que la hipótesis desplegada -y que no fue acogida por la Corte de Temuco- estaba en base a un análisis en derecho realizado por Pía Tavolari quien actualmente integra la sala penal de la Corte Suprema. El problema, que ha incomodado a altas cúpulas del Poder Judicial, es que con esto la abogada -que obra como ministra- tendrá que inhabilitarse cada vez que el Gobierno alegue en algún caso que llegue hasta el máximo tribunal.
La abogada Javiera Corvalán, coordinadora del área penal de la División Jurídica del Ministerio del Interior, se anunció tres veces para alegar el que sería el último recurso para intentar mantenerse como querellantes en este importante juicio por corrupción policial. Sin embargo, finalmente no se presentó y encargó esta misión a un abogado de la Delegación del Biobío. Al cierre de esta edición, el Presidente Gabriel Boric calificó el error de "inaceptable" y aseguró que "se van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas".
La exalcaldesa de Antofagasta, condenada por fraude al fisco a 5 años y un día de cárcel, fue capturada en la ciudad de Rotterdam. Tras ser controlada su detención, se le informó que el Estado chileno busca extraditarla para que regrese a cumplir la condena por delitos de corrupción, tras lo cual quedó en prisión preventiva. En estos tres meses prófuga, la otrora autoridad -independiente, pero cercana a la UDI- estuvo refugiada en el Centro de Inmigrantes de Ter-Apel, lugar en el que tramita asilo político asegurando que acá es víctima de persecución y que no hay garantías de juicio justo.
El año pasado, el senador Manuel José Ossandón presentó una querella en contra de Martín Lecaros, luego de que este acusara que un vehículo del senador participó en la destrucción de sus carteles durante la campaña. Sin embargo, tanto el Juzgado de Garantía de Puente Alto como la Corte de Apelaciones de San Miguel desestimó que existió el delito de injuria grave como acusaba el senador de Renovación Nacional.
La joven, de 23 años, asegura haber sido drogada en una discoteca del sector oriente de la capital, a la que fue invitada por un amigo del seleccionado nacional. Admite no recordar todo lo vivido, después de consumir un líquido con el que perdió el conocimiento la madrugada del 26 de junio. De todas formas, en todo momento en su denuncia involucra directamente con nombre y apellido al ex Fiorentina como uno de los presentes en el ataque que sufrió. La Fiscalía Occidente ya dictó las primeras diligencias, una de ellas involucra a Pulgar.
La acción legal, presentada por el abogado Ciro Colombara en representación dela pareja e hijos de Cristian Valdebenito, quien falleció el 6 de marzo de 2020 en las inmediaciones de Plaza Baquedano, acusan del delito omisivo de homicidio al exgeneral director de Carabineros.
El pasado martes 21 de junio, el perro de la familia de Magdalena Gacitúa se habría pasado la casa de su vecino, el empresario Jorge Vio Ulloa, momento en el que el hombre habría realizado tres disparos a "Magnus". Ante eso, los afectados presentaron una denuncia y este viernes el Ministerio Público anunció que se están desarrollando las primeras diligencias para esclarecer eventuales responsabilidades penales por estos hechos.
Más de 20 acciones judiciales se han presentado en todo el país desde que asumió Hernán Frigolett, en marzo de este año. El economista ha querido cambiar la cara de la institución que en el pasado fue cuestionada por el Ministerio Público al impedirles iniciar acciones penales debido a querellas exclusivamente nominativas.
La mujer, quien sostendría una relación sentimental con Juan Israel González Quezada, habría tenido oculto a quien es sindicado por la Fiscalía Sur y el OS-9 de Carabineros como el autor del disparo que terminó con la vida del uniformado. Trabaja como encargada de sala del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y será llevada ante la justicia junto a otro amigo del imputado que lo ayudó a eludir la justicia.
