La arremetida de los diputados de oposición se produce luego de que este jueves se conociera el testimonio del secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson Dettoni, quien ante el Ministerio Público aseguró que la legisladora sabía de los millonarios convenios de Democracia Viva -ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade- con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
"Cuando supo de los convenios no dimensionó los efectos políticos que esto iba a provocar”, señaló el jurista Gonzalo Medina.
Edson Dettoni declaró ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos conversaciones de WhatsApp-, donde reveló que la congresista -que tiene congelada su militancia en Revolución Democrática- sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade.
Edson Dettoni declaró el 11 de agosto ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos, WhatsApp-, en que reveló que la diputada sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade. Asimismo, apunta a que antes de que se conociera el caso, se le sugirió al senador Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, de la información disponible hasta entonces. Sin embargo, desde La Moneda descartaron que este encuentro se haya producido.
A través de un requerimiento al Ministerio Público, como querellante en la causa, pidieron la declaración como testigos de nueve de sus militantes, entre ellos la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner. En un inicio RD había apuntado en la primera querella que todos los mencionados en una diligencia podían declarar como testigos o imputados; sin embargo, en la nueva solicitud la colectividad hace una distinción de las pesquisas en dos grupos: por un lado, se pide que sean requeridos solo como testigos los que son militantes, y se separa de ellos -para que puedan tener calidad de imputados- los expulsados Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la suspendida congresista.
En el análisis elaborado por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, se mencionó por primera vez a la parlamentaria, junto a su expareja Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras.
La PDI vincula a la legisladora con un posible tráfico de influencias.
En un reservado informe se revisaron testimonios allegados a la causa penal, además de rendiciones de cuentas de la fundación ligada a RD. En el análisis se advierte la comisión de delitos que involucran directamente al exseremi Carlos Contreras, el ingeniero Daniel Andrade y, por primera vez, se menciona a la parlamentaria.
El lote despierta, cuyo liderazgo histórico es la diputada por Antofagasta, inscribió su nómina poco antes de que terminara el plazo. Desde el sector resaltan que Pérez -con militancia suspendida por un año en el partido- no tuvo ninguna injerencia en la conformación de la candidatura. Al frente estará la lista que encabeza Diego Vela -considerado el hombre fuerte del exministro Giorgio Jackson- respaldada por siete de las ocho tendencias de la colectividad.
En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.
En menos de dos años, el creador de Democracia Viva pasó por tres empleos públicos: Pedro Aguirre Cerda, el MOP y Defensa. Por medio de documentos obtenidos por Ley de Transparencia, La Tercera pudo comprobar que Andrade habría mentido sobre una supuesta asesoría prestada a la diputada Catalina Pérez, su expareja; que no cumplía con los requisitos formales para uno de los cargos y que consiguió beneficios a los que sólo unos pocos funcionarios pueden optar, pese a su corto recorrido profesional.
El pasado 14 de julio el Serviu de la Región de O'Higgins requirió a la fundación Arquiduc, vinculada a un exmilitante de Renovación Nacional, devolver los $121 millones que se le entregaron en 2021 para ejecutar dos convenios en campamentos de la zona. Pese a que es parte del 22% de convenios cuestionados que fueron firmados durante el gobierno anterior, se trata de la segunda solicitud de restitución de fondos en todo el país, después de Democracia Viva.
En medio de los diálogos ciudadanos por la reforma de pensiones y el nuevo pacto fiscal la vocera Camila Vallejo visitará la región. En el Ministerio aseguran que la diputada sí fue convocada, pero que hubo un error en el oficio de la actividad.
A la diputada se le aplicó la máxima sanción: una censura y la multa máxima aplicable, que corresponde al 15% de la dieta parlamentaria. Esto debido al “conflicto de interés” de la legisladora en el lío de platas que investiga el Ministerio Público en Antofagasta, relacionado con la fundación Democracia Viva, fundada por Daniel Andrade, que era, hasta que se conoció el caso, pareja de la congresista.
Además, Libertad Triviño aseguró que se revisaron todas las cuentas del partido y "no hay ningún peso ni de esta (Democracia Viva) ni de otra fundación que haya llegado a Revolución Democrática".
