La vocera de gobierno señaló además que “no solo para Revolución Democrática, sino que para el gobierno, esto ha sido una especial preocupación, esto efectivamente no son cosas que deseamos que pasen”.
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Si bien la salida de la subsecretaria de Vivienda descomprimió el caso, el panorama no está completamente despejado para el ministro, quien no denunció inmediatamente a la fiscalía los hechos que podían ser constitutivos de delito. La oposición aún evalúa su arremetida política y, por ahora, sólo habría piso en la derecha para una interpelación.
Daniel Andrade presentó un escrito al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde pidió ser interviniente en el proceso, en "calidad de imputado", poniéndose a disposición de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. En tanto, la Fiscalía ya derivó todos los antecedentes al CDE para que se evalúe una eventual querella en la causa, algo que debería zanjarse durante los próximos días.
Los cambios en la postura del timonel de RD, Juan Ignacio Latorre, sobre el caso Democracia Viva, pusieron en cuestión su "vocería" frente a la crisis, y los alcaldes, y -más recientemente- la bancada de diputados, marcaron una distancia mayor con los involucrados, particularmente de la diputada Catalina Pérez y rompieron con la instrucción de radicar las salidas comunicacionales en la directiva.
A juicio de la titular de la Mujer, "la sororidad en política" no tiene que ver con "evadir responsabilidades políticas". Remarca que el financiamiento irregular de la Fundación Democracia Viva "quiebra la confianza de las personas" y agrega que los involucrados aún "no dimensionan el daño que le han hecho al Frente Amplio".
El jefe de bancada de la UDI señaló que “hasta ahora el gobierno nos ha dicho que esto es un tema a nivel seremi y a nivel subsecretaria de Vivienda. Nosotros creemos que este es un problema grave y el Presidente tiene que demostrar que tiene la mano dura en esto con responsabilidades políticas”.
Días después de que el Presidente llamara al Frente Amplio a unirse y a “pensar en grande”, la publicación de millonarios contratos suscritos entre el seremi de Antofagasta y la fundación de la expareja de la diputada Catalina Pérez (ambos militantes de Revolución Democrática) abrieron una crisis al interior del Frente Amplio y el gobierno, cuyos efectos están por verse.
En medio de investigaciones por un presunto conflicto de interés, tráfico de influencias y aprovechamiento de cargos públicos por los convenios entre el Minvu y la fundación Democracia Viva, la líder socialista enfatiza que lo fundamental no es apuntar los dardos contra la diputada RD ni contra la subsecretaria Rojas, sino que dar garantías de que episodios similares no volverán a ocurrir.
Con especial atención, los dirigentes de los partidos de gobierno escucharon un reporte pormenorizado del timonel RD, el senador Juan Ignacio Latorre, sobre el caso Democracia Viva, que la Fiscalía ya investiga, y que involucra a militantes de sus filas. En esa colectividad, ya adoptaron las primeras medidas de contención de la crisis que impacta a todo el sector.
Personal policial concurrió esta tarde a departamento, ubicado en la comuna de Ñuñoa, que oficiaba como sede de la organización que hoy está en la mira de la Fiscalía. Los detectives llegaron con una orden de entrada y registro emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta.
“Le manifiesto a los alcaldes que han solicitado se congele mi militancia, mi más absoluta y total disposición a generar una autodenuncia y suspender mi participación si es que estiman que con eso se estará protegiendo el proyecto político al que le he dado ocho años de mi vida”, expresó la diputada oficialista en un texto dirigido a la dirigencia de su partido que fue dado a conocer esta jornada.
Los vaivenes del senador en el abordaje del caso Democracia Viva -de calificarlo como un “error político”, la tensión con el ministro Montes, a anunciar una solicitud de suspensión de la militancia de la diputada Catalina Pérez- pone en cuestión su rol en medio de la crisis. Así las cosas, la colectividad busca constituir una comisión para abordar el escándalo que hoy golpea al partido.
“En este caso, es la investigación de los fiscales de Antofagasta la que en definitiva establecerá cuáles son los hechos, cuál es la calificación jurídica de ellos, si se cometió o no se cometió un delito”, dijo el fiscal nacional ante la investigación por la asignación de 426 millones de pesos mediante un trato directo entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación ligada a RD.
