Organismo tomaría esta semana la decisión, según trascendió entre fuentes conocedoras del caso.
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La Tercera accedió al texto de la querella que el organismo presentó contra el parlamentario y contra quienes resulten responsables, y que contiene una serie de detalles de lo que ha sido la indagatoria que ha llevado adelante el Ministerio Público.
Este jueves la instancia se reúne para afinar una propuesta de querella que trabaja el procurador fiscal de San Miguel, Marcelo Chandía. Tras esto se espera que la causa pase al consejo pleno del organismo, que decidirá finalmente la querella. En abril de este año el presidente, Juan Peribonio, se reunió con el parlamentario para hablar de una causa por presunta corrupción en Pirque.
El organismo que representa los intereses estatales dio un portazo a la opción de hacerse parte en las investigaciones que se abrieron en la Fiscalía tras las querellas presentadas por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el senador de oposición, Alejandro Navarro.
El 5 de junio se denunció en el ente fiscalizador supuestos actos fuera de norma en la adjudicación del contrato de 18 mil canastas en Arica, avaluadas en $ 900 millones. Una semana después Contraloría declaró ilegal ese contrato, vía trato directo, entre la Intendencia y la empresa Tobar y Tobar Ltda. y anunció un sumario. Ayer, el Ministerio Público inició una investigación penal.
La acción legal apunta a ejecutivos de las empresas Itelecom Holding Chile SpA y ELEC, funcionarios y concejales de ese municipio nortino por soborno reiterado, lavado de activos y fraude al Fisco, entre otros delitos.
A partir de la próxima semana se presentarán 15 querellas por ataques a comisarías y otras cuatro por daños a cuarteles. El organismo, además, monitorea otras 13 causas en las que se ha hecho parte por presuntas violaciones a los DD.HH.
Consejo de Defensa del Estado acusó que la minera, operada por BHP, ha provocado un daño "continuo, acumulativo, permanente e irreparable" al salar de Punta Negra.
Organismo se querelló contra una de sus exconsejeras en el marco del fraude en los gastos reservados de Carabineros. La acción judicial señala que cuando Blanco se desempeñó como subsecretaria de Carabineros recibió pagos en sobres.
La querella del organismo es "contra quienes resulten responsables en su calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de lesiones graves gravísimas, previsto y sancionado en el artículo 397 N° 1 del Código Penal".
En el documento se da cuenta que "la forma como se produce la filtración, da cuenta de que quién facilitó la revelación de esta documentación, conocía la mecánica de construcción de la prueba, existiendo una clara intencionalidad en la develación de la misma para afectar en su conjunto la admisión universitaria".
El comandante en jefe, general Ricardo Martínez, recibió el análisis de ambos juristas. De Carmona, dos documentos sobre el funcionamiento del sistema de Fletes y la Jefatura de Ahorro Para la Vivienda; y de la exbogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), un estudio sobre el manejo de los gastos reservados en la institución.
María Eugenia Manaud afirmó que "como el Ministerio Público está realmente colapsado con la cantidad de investigaciones de este tipo que tiene en su poder en este corto plazo, no siempre nos es fácil acceder a la información, no obstante la buena voluntad de los fiscales e incluso la obligación legal de entregarnos los antecedentes".
La acción legal es por daños e incendios provocados al metro Baquedano y a la Universidad de Chile entre el 12 y el 14 de noviembre pasado. Además, el Consejo de Defensa del Estado prepara una serie de querellas por casos de presuntas torturas y apremios por parte de funcionarios policiales y militares.
Tras cuatro meses de investigación y el interrogatorio a una decena de testigos el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos decidió imputar a su par de O'Higgins por violación de secretos y delitos informáticos.
