Las declaraciones del expartido de la otrora autoridad comunal de Vitacura se dan luego de que el Consejo de Defensa del Estado decidiera sumarse como parte querellante a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público contra Torrealba por malversación de caudales públicos y fraude al fisco durante su período a cargo del municipio.
De forma unánime, el pleno tomó la decisión de presentar una acción judicial en contra del exjefe comunal, Renato Sepúlveda, Domingo Prieto, Antonia Larraín y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y distracción indebida.
El Consejo de Defensa del Estado contestó a la acción realizada por los hermanos Siri, en la que exigieron el pago de $ 1.200 millones por los daños ocasionados al local, a partir del 18 de octubre del 2019. La institución que representa al Fisco descartó que esta sea la causa de las bajas ventas y argumenta que, por lo menos, no tuvieron que cerrar como otros locales. "El potencial económico del barrio Plaza Baquedano o Plaza Italia venía experimentando una merma gradual y paulatina desde antes del estallido social", advirtieron en el escrito.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda por reparación por daño ambiental en contra de Nova Austral S.A., debido a la afectación al Parque Nacional Alberto de Agostini, el que se encuentra en los fiordos del sur en la Región de Magallanes. Lo anterior, como consecuencia de la sobreproducción desde sus centros y el vertimiento de agentes contaminantes en el fondo marino sin autorización.
En el encuentro, se repasaron las medidas a seguir, dentro de las cuales se contempla: hacer exigibles las boletas de garantía, realizar un proceso de revisión de los estados de pagos pendientes por parte de la constructora, y un seguimiento exhaustivo de la situación que aquejaría a unos 2.500 trabajadores de la empresa.
Tras ser liberada de las investigaciones que llevaba el Ministerio Público en su contra, la exministra de Justicia determinó inicialmente demandar al Consejo de Defensa del Estado, pero ahora sumó una querella en contra del exparlamentario de la UDI, a quien acusan por haber presentado una denuncia calumniosa. A juicio de su abogada, el otrora diputado desplegó una agenda que implicó una "afectación gravísima al prestigio" de Blanco.
En el libelo la exsecretaria de Estado pide una compensación económica de $ 387.733.776, por lo que denuncia fue una falta de servicio. Asegura que la entidad encabezada hoy por Juan Peribonio, permitió que su expresidenta María Eugenia Manaud desplegara conductas que ella califica como “abusivas” en su contra.
La exministra de Justicia y exsubsecretaria de Carabineros demandó al Consejo de Defensa del Estado -organismo al que, asegura, fue obligada a renunciar cuando formaba parte de él- por presiones indebidas. La ofensiva se da luego de ser liberada de las tres causas penales -dos por no perseverar la fiscalía y la última al ser sobreseída por prescripción- que enfrentó en los últimos años y que sellaron su alejamiento de la vida pública.
En una acción judicial inédita en la historia -nunca un exconsejero había iniciado un juicio contra el Fisco-, la exministra pide ser compensada con $ 380 millones, ya que acusa haber sido forzada a dejar el codiciado puesto en el organismo de defensa estatal. Apunta sus dardos a la expresidenta de la institución María Eugenia Manaud, a quien acusa de tener una animosidad contra ella y desplegar una "conducta abusiva" que determinó su salida que -finalmente- no fue tan "voluntaria". Aquí la historia de esta pugna sin precedentes.
Desde la entidad, además, anunciaron que analizarán los antecedentes disponibles para determinar otras posibles acciones a ejercer en el marco de sus atribuciones y competencias legales.
La abogada de la senadora le contestó al organismo encabezado por Juan Peribonio, manifestando su preocupación por la supuesta justificación que se hace del actuar de Carabineros durante el estallido social, pese a que diversos organismos reconocieron que hubo un uso excesivo de la fuerza. Asimismo, insisten en que cualquier monto que el Estado entregue a la ahora senadora y su familia será insuficiente para reparar el mal causado.
La abogada que representó a la exministra en la causa donde el Ministerio Público sigue indagando la desviación de gastos reservados en Carabineros, se refirió al sobreseimiento definitivo de su representada, el cual quedó firme tras la desestimación, por parte de la Corte Suprema, de los recursos de queja presentados por la fiscalía y el CDE. Ahora, evalúan qué acciones seguirán en búsqueda de reparación.
La abogada desembarca el próximo lunes en las atribuladas aguas de una repartición que ha estado en el centro de polémicas, siendo la más reciente la exclusión del gobierno como querellante del emblemático caso de corrupción policial denominado "Huracán" y que provocó críticas en el propio Presidente. Con casi 30 años de experiencia en la arena judicial, forjada en el organismo que defiende los intereses del Fisco, tendrá como desafío dar un nuevo aire al equipo encargado de representar al Ejecutivo en tribunales. Sus cercanos comentan que es la profesional ideal para un cargo de este tipo por su alto conocimiento jurídico, sus capacidades de gestión y porque es meramente "técnica" y no política.
Tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrieron de queja en contra de la resolución de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago en que sostuvieron que los hechos por los que se indagaba a la exministra, en la causa por desvío de gastos reservados de Carabineros, estaban prescritos. Como advierten en sus respectivos recursos los jueces del tribunal de alzada habrían "excedido" ampliamente sus atribuciones al dar por finalizada la persecución penal en contra de la abogada.
A cuatro años del cierre de la arista penal originada luego de que salieran a la luz las cuentas que el fallecido dictador mantenía ocultas en Estados Unidos, el Consejo de Defensa del Estado continúa con amplias diligencias para recuperar en favor del Fisco más de 16 millones de dólares. Corresponden, como se argumenta, al patrimonio obtenido fraudulentamente por el otrora comandante en jefe del Ejército y que heredó a sus 16 sucesores.
