Como dan cuenta desde la entidad, revisarán los convenios que también han recibido cuestionamientos en otras comunas y, especialmente, en las nueve regiones donde el Ministerio Público ya inició investigaciones penales: Antofagasta, Maule, Atacama, Los Lagos, Biobío, Araucanía, Aysén, O’Higgins y Arica.
La jefa de Interior, señaló que se le pidió al órgano "que se vea la oportunidad de presentar querellas y de indagar en el ámbito penal en la búsqueda de responsabilidades”.
Daniel Andrade presentó un escrito al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde pidió ser interviniente en el proceso, en "calidad de imputado", poniéndose a disposición de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. En tanto, la Fiscalía ya derivó todos los antecedentes al CDE para que se evalúe una eventual querella en la causa, algo que debería zanjarse durante los próximos días.
Esto pese a que el yacimiento se encontraba sin operar desde el 30 de julio de 2022.
En medio de la audiencia donde el exjefe comunal será formalizado por fraude, delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita, persecutores argumentarán respecto de la necesidad de cautela del ex RN. Esto, porque dado que enfrenta pena de cárcel, estiman que habría alto riesgo de fuga. Asimismo, buscan resguardar el correcto despliegue de la indagación y consideran que, hasta ahora, no ha colaborado lo suficiente. En la misma línea, igualmente, irá la exposición de los abogados de la municipalidad, que se sumarán a dicha solicitud.
Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 16 de abril, cuando un grupo de cinco sujetos sorprendidos por Carabineros cuando vandalizaban el inmueble, que es patrimonio cultural y cuyo frontis había sido refaccionado hace algunos días, siendo parte del proyecto de recuperación de fachadas en el eje Alameda-Providencia.
Desde la semana pasada el exministro de Defensa comenzó a integrar la instancia que es la encargada de estudiar los casos criminales en que interviene el Fisco y que principalmente tiene que ver con casos de corrupción en que están involucrados funcionarios públicos y autoridades políticas. Por tales motivos, como lo hizo en el pasado cuando decidió no participar de la discusión sobre la querella contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba -desde su entorno- explican que será especialmente cuidadoso al momento de ver algún conflicto con sus nuevas tareas en la institución.
El organismo se querelló en contra del juez Juan Poblete, y del exjefe de Inteligencia del Ejército, Shaffick Nazal. Según el organismo, se solicitaron y autorizaron interceptaciones a exmilitares y periodistas de manera ilegal, donde se actuó concertadamente para dirigir operaciones en contra de la normativa vigente.
El Comité Penal de la entidad ya cuenta con los antecedentes del caso en que indaga el supuesto delito de fraude al Fisco para analizar los datos que emanan desde la carpeta investigativa. El organismo podría invocar un delito frustrado y pidió revisar a un abogado de la institución el rol que habría cumplido en las negociaciones tanto la alcaldesa Irací Hassler como todo el concejo municipal.
El abogado y consejero Raúl Letelier fue el encargado de defender la constitucionalidad de los decretos impugnados por los senadores de Chile Vamos y Demócratas. Y frente a los cuestionamientos que hicieron los requirientes, representados por la abogada y exconvencional Constanza Hube, fue enfático en que cada decreto firmado por el Presidente Gabriel Boric cuenta con su debida fundamentación.
Este martes el organismo liderado por Juan Peribonio determinó acoger la solicitud del secretario de Estado, Luis Cordero, para enfrentar los requerimientos presentados por senadores de oposición.
El Consejo de Defensa del Estado descartó ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago las imputaciones que realizó la exministra de Justicia por presuntas presiones indebidas para forzar su renuncia. En el texto de la entidad fiscal señalan que su salida fue "libre y voluntaria" y que, además, "la demanda se construye sobre la dañada autoestima de la demandante". La abogada de la exconsejera replicó: "La contestación del CDE es formal y desconoce la forma en que los hechos realmente ocurrieron. El hostigamiento y la presión existieron y fue causa directa de su renuncia".
El monto total del perjuicio al erario nacional acreditado asciende a US$17.866.323.
El consejo interpuso una querella en contra del exjefe comunal de Vitacura y otros cinco funcionarios por los delitos de fraude al Fisco y malversación. En la acción judicial se advierte la existencia de emisión de boletas falsas y "la comisión de ilícitos reiterados". Además, se le pide a la fiscalía oficiar al Servel para que informe sobre los aportes que recibió Sebastián Torrealba en su candidatura a diputado por el distrito 10.
“El Consejo de Defensa del Estado se encuentra trabajando con prontitud y rigurosidad para ejercer todas las atribuciones que la ley le otorga para el esclarecimiento total de los hechos", señaló el presidente del organismo, Juan Antonio Peribonio.
