La abogada iniciará sus funciones el próximo 1 de octubre tras la renuncia de María Inés Horvitz.
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Ante la renuncia de la consejera María Inés Horvitz, es el Mandatario quien debe nombrar al reemplazante. Y a juicio de los funcionarios, ese nombre debiese salir desde el interior de la institución y no de profesionales externos.
En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.
La abogada envió una carta de renuncia al presidente de la instancia, Raúl Letelier, donde expuso que su decisión se basaba en motivos personales. La profesional ingresó en 1990 al Consejo y dejó un puesto vacante en el Comité Penal, instancia que decide sobre las querellas del organismo. Será el Presidente Boric quien nombre a su reemplazante.
Raúl Letelier se refirió a la querella interpuesta en contra del ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras y el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, afirmando que los convenios sin garantía y con una fundación sin patrimonio, dificultan la restitución de los dineros.
El titular de Vivienda recalcó, además, que “lo que importa es que quienes cometieron actos irregulares y cayeron en corrupción, respondan al país”.
En su escrito, el Consejo de Defensa del Estado afirma que tales nexos no fueron advertidos a ninguno de los funcionarios del Serviu ni de la Seremi de Vivienda en el marco de la firma de los convenios, lo que sustenta, en parte, la acusación de fraude al Fisco por $391.768.516.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, aseguró que "la prueba documental y testimonial recogida en la investigación" permite presumir que los líos de platas no se debieron a una falta de expertiz o de gestión, "sino a la comisión de un fraude al Fisco”.
Ante una solicitud ingresada por el Consejo de Defensa del Estado a fin de extender por seis meses las labores de la jueza, el pleno de ministros se inclinó por rechazar su permanencia a cargo de la investigación que tiene en la mira a excomandantes en jefe del Ejército. Desde la institución encabezada por Raúl Letelier argumentaban que existían 67 órdenes de investigar pendientes de entrega, sin embargo, eso no convenció a la mayoría de los ministros.
El organismo encargado de resguardar los fondos fiscales, presentará la judicial durante los próximos días ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, luego de analizar nuevos documentos que se solicitaron al ente persecutor.
Tribunal de alzada revocó fallo de primera instancia que obligaba al Fisco a pagar una millonaria indemnización -por incumplimiento de contrato- a la empresa española Azvi.
El Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso acogió parcialmente una demanda contra el Fisco, interpuesta por un joven que recibió un perdigón en el rostro, el 20 de octubre del 2021, en que ordena al jefe policial a un gesto inédito. La sentencia, además, pide que el CDE ejecute el pago de una indemnización por daño moral de $ 40 millones.
En el Minvu cuestionaron el destino que tuvieron dichos fondos, puesto que fue "en desmedro" de los objetivos de los convenios suscritos, lo cual tiene al Consejo de Defensa del Estado revisando cada uno de los fondos utilizados en el programa de Asentamientos Precarios de Antofagasta. "El porcentaje destinado a esos ítems se determinó alto en comparación a los gastos de inversión en obras”, comentaron desde la cartera encabezada por Carlos Montes.
El organismo ultima los detalles de una demanda civil en contra de Democracia Viva, que a pesar de haberse cumplido el plazo que tenía para devolver dineros por conceptos de tres contratos cancelados, sólo ha restituido el 75% del total. Además, tras petición del Ejecutivo, la entidad prepara nuevas medidas con miras a retener los bienes de EnRed y Arquiduc.
La acción legal va dirigida contra el excandidato presidencial Diego Ancalao, el representante legal de Kimün, Jaime Huincahue, y contra quienes resulten responsables en los eventuales delitos que se acrediten durante la investigación que desarrolla el Ministerio Público en Puerto Montt.
