En la respuesta a la acción judicial presentada por la exautoridad, el CDE descarta que desde la Cancillería hayan incurrido en actos que atenten contra los derechos de la demandante. Sin embargo, desde el organismo acusan a Herrera de actitudes no correspondientes con su cargo y de "perseverar en su interés particular" en desmedro de la lealtad que le debía al país.
Según el consejo, en cuanto al perjuicio, se defraudó al Estado en una suma total de $293.093.681, intentando defraudar, además, en un monto de $110.000.000.
El organismo liderado por Raúl Letelier pidió al Ministerio Público realizar una serie de diligencias en torno a la entidad liderada por Alberto Larraín, y también sobre sobre sus principales directivos. De acuerdo con lo expuesto, se busca determinar dónde se ejecutaron o fueron a parar los dineros que recibió la ONG desde organismos estatales. Se estableció que solo en Antofagasta han sido requeridos para devolver $873.002.500 y no lo han hecho.
Este jueves sesionó la instancia y tras revisar los antecedentes que se tienen a tres semanas de que estalló el caso, los consejeros decidieron emprender acciones legales para perseguir presuntos delitos vinculados a funcionarios públicos.
El Consejo de Defensa del Estado pide que se restituya la suma total de $391.768.516. Desde la fundación afirman que “la demanda del CDE desconoce, prescinde, omite en su cálculo (...) las rendiciones de cuentas realizadas por la fundación por una cantidad total de $97.384.285 ”.
La cartera encabezada por el abogado envió esta semana seis oficios al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicien el proceso de cierre de Kimün, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Fundación Local, Fundación En Ti, Espacio Coigüe y Fundelin. Aquello, como se determinó en el proceso de análisis, porque dichas entidades abusaron del objeto social para el cual se constituyeron.
Tras solicitar la retención de los recursos, se comprobó que la entidad fundada por Alberto Larraín mantenía cero pesos en la cuenta creada para los cuatro convenios que suscribieron con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Pese a eso, el CDE busca alternativas para retener otros bienes y también solicitó al Ministerio Público que indague cuándo se movieron los dineros. Desde Vivienda, en tanto, el ministro Carlos Montes indicó: "Vamos a recurrir a todas las herramientas que nos entrega la ley para recuperar los recursos que han sido mal utilizados por algunos inescrupulosos".
Se trata de las fundaciones Folab y Educc. Ambas ONGs recibineron del GORE de la Araucanía más de $600 millones destinados para la realización de cursos para mujeres de la zona, que no se realizaron completamente.
El denominado "clan Mazza", finalmente, deberá cumplir en prisión una sentencia que pone la lápida a un caso que comenzó en 2004. Se incautaron propiedades por montos superiores a los US$ 3,5 millones.
El Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso de casación en contra de la resolución del 22° Juzgado Civil de Santiago, en que defiende la competencia del ente contralor para ordenar sumarios cuando no se cumplan las normas administrativas correspondientes. Según expusieron, en la institución uniformada se observó una "ausencia de medidas correctivas respecto a reiteradas inobservancias de determinados protocolos de actuación en materias de control y mantenimiento del orden público". El caso se elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Asociación de juristas de la entidad envió una carta al Presidente Gabriel Boric destacando su decisión de nombrar a una funcionaria de carrera y asegurando que "viene a materializar la promesa meritocrática, tantas veces plasmada en programas de gobierno y proyectos políticos".
"Han hecho abuso de la personalidad jurídica que les otorga la ley", dijo el titular de la cartera, Luis Cordero, quien reveló también que la secretaría de Estado está realizando una amplia investigación a más de cuarenta de esas entidades.
El ejecutivo tiene cinco días para presentar un recurso de reposición ante la Comisión para el Mercado Financiero a fin de que el regulador reconsidere la multa y, en particular, su cuantía que asciende a 15.000 UF. Al mismo tiempo, el próximo 16 de octubre expira el plazo para que interponga ante la Corte de Apelaciones de Santiago un reclamo de ilegalidad. El ejecutivo argentino alegará que el monto es desproporcionado y que no obtuvo un beneficio económico en la operación cuestionada.
Los diputados de oposición argumentaron que “no resulta comprensible que tras al menos tres meses de investigación y conociéndose resultados contundentes de dicho proceso investigativo, este CDE no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que fueren procedentes".
El Consejo de Defensa del Estado recibió un documento firmado por el general director de la institución uniformada, Ricardo Yáñez, en que se les pide querellarse en la investigación de asociación ilícita y robo de madera donde dos funcionarios fueron detenidos como integrantes del grupo delictual.
