La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, abordó el anuncio del presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raul Letelier, quien señaló que se está evaluando la presentación de querellas contra el alcalde de Recoleta.
El 28 de enero se reunió el Consejo para resolver qué decisión tomar en cuanto a la situación judicial del general director de Carabineros. Allí se expusieron los antecedentes que remitió la fiscal Ximena Chong, como también las acciones de mando de los generales para mejorar los protocolos de actuación durante el estallido social. Con todos estos antecedentes, finalmente, se acordó no hacerse parte del caso, por 7 votos contra 2.
Raúl Letelier aseguró que el organismo ha "percibido conductas ilícitas” en el actuar del jefe comunal en el caso que involucra a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares y la empresa Best Quality SPA. La autoridad recoletana hizo sus descargos en redes.
"Aquí el Consejo de Defensa del Estado es el que toma la decisión de si corresponde o no corresponde tomar acciones. Si lo ha hecho, es porque hay algo que amerita ser investigado y esclarecido y en bien del interés público es importante que así sea", afirmó la titular de Interior.
El presidente del CDE, Raúl Letelier, dijo en una entrevista televisada que el comité penal del organismo ya ha analizado “en 3 o 4 oportunidades” el caso y “hasta ahora no se ha encontrado nada”.
Raúl Letelier indicó que en el caso que involucra al actual jefe comunal de Recoleta “ya hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas" por lo que "va a tener seguramente novedades en el corto plazo”.
El Consejo de Defensa del Estado prepara una solicitud para acceder al informe de más de 777 mil páginas que contiene todas las conversaciones del abogado. El objetivo es revisar dónde hay existencia de ilícitos para, eventualmente, presentar nuevas querellas que involucren a funcionarios públicos.
El CDE acordó en su comité penal presentar una querella debido a los antecedentes que contiene la carpeta investigativa. Sergio Muñoz será formalizado el próximo martes por cometer presuntos delitos de violación de secreto.
La solicitud surge luego de que la seremi de Desarrollo Social de esa región, Claudia Espinoza, revelara que en las últimas semanas se han realizado cerca de 900 fichas FIBE y que el 95% corresponde a personas que no fueron afectadas.
En la querella, la entidad acusa que la fundación "distrajo y se apropió indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico", los que estarían estipulados en cinco convenios suscritos con la Seremi de Vivienda.
“Nuestro objetivo como ministerio es resguardar el territorio, por lo que si hubo algún tipo de daño, nuestra principal función es revisar si existe algún tipo de intencionalidad”, sostuvo la ministra Sandoval.
A las 9.30 horas está fijada la audiencia donde la exjefa comunal de Maipú y otros exfuncionarios enfrentarán los cargos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, los que se tradujeron en un déficit fiscal cercano a los 31 mil millones de pesos.
Funcionarios de la Municipalidad de Maipú dan cuenta de cómo tras ganar como alcaldesa, la ex figura televisiva -que postuló en un cupo de la UDI- restructuró el funcionamiento del organismo para evitar controles y fiscalizaciones. El 16 de enero será imputada por fraude al fisco reiterado que redundó en un déficit para la comuna de $31 mil millones.
La querella presentada por el organismo acusa directamente a la otrora jefa comunal (IND-UDI) y sus colaboradores de "la realizaron una serie de actos constitutivos de delito que ocasionaron un sobreendeudamiento del municipio en más de 30 mil millones de pesos". La exfigura televisiva enfrentará la próxima semana su formalización en la que se solicitará prisión preventiva. "Las maniobras dolosas desarrolladas permitieron aparentar una solidez financiera que no era tal, rebajando arbitrariamente e ilegalmente el resguardo de recursos a proyectos aprobados por el Concejo municipal y redistribuyéndolos para financiar actividades propias del programa de la exalcaldesa", se lee en el libelo al que accedió La Tercera.
La acción judicial indica que los imputados "habrían participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal y/o de falsedades, ocasionado con ello un enorme perjuicio económico", el cual, de acuerdo a la investigación penal, superaría los $ 30 mil millones. Esto, a pocos días de que la otrora autoridad comunal sea formalizada por la Fiscalía por los mismos cargos.
