Se trata de las fundaciones Folab y Educc. Ambas ONGs recibineron del GORE de la Araucanía más de $600 millones destinados para la realización de cursos para mujeres de la zona, que no se realizaron completamente.
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El denominado "clan Mazza", finalmente, deberá cumplir en prisión una sentencia que pone la lápida a un caso que comenzó en 2004. Se incautaron propiedades por montos superiores a los US$ 3,5 millones.
El Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso de casación en contra de la resolución del 22° Juzgado Civil de Santiago, en que defiende la competencia del ente contralor para ordenar sumarios cuando no se cumplan las normas administrativas correspondientes. Según expusieron, en la institución uniformada se observó una "ausencia de medidas correctivas respecto a reiteradas inobservancias de determinados protocolos de actuación en materias de control y mantenimiento del orden público". El caso se elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Asociación de juristas de la entidad envió una carta al Presidente Gabriel Boric destacando su decisión de nombrar a una funcionaria de carrera y asegurando que "viene a materializar la promesa meritocrática, tantas veces plasmada en programas de gobierno y proyectos políticos".
"Han hecho abuso de la personalidad jurídica que les otorga la ley", dijo el titular de la cartera, Luis Cordero, quien reveló también que la secretaría de Estado está realizando una amplia investigación a más de cuarenta de esas entidades.
El ejecutivo tiene cinco días para presentar un recurso de reposición ante la Comisión para el Mercado Financiero a fin de que el regulador reconsidere la multa y, en particular, su cuantía que asciende a 15.000 UF. Al mismo tiempo, el próximo 16 de octubre expira el plazo para que interponga ante la Corte de Apelaciones de Santiago un reclamo de ilegalidad. El ejecutivo argentino alegará que el monto es desproporcionado y que no obtuvo un beneficio económico en la operación cuestionada.
Los diputados de oposición argumentaron que “no resulta comprensible que tras al menos tres meses de investigación y conociéndose resultados contundentes de dicho proceso investigativo, este CDE no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que fueren procedentes".
El Consejo de Defensa del Estado recibió un documento firmado por el general director de la institución uniformada, Ricardo Yáñez, en que se les pide querellarse en la investigación de asociación ilícita y robo de madera donde dos funcionarios fueron detenidos como integrantes del grupo delictual.
La abogada iniciará sus funciones el próximo 1 de octubre tras la renuncia de María Inés Horvitz.
Ante la renuncia de la consejera María Inés Horvitz, es el Mandatario quien debe nombrar al reemplazante. Y a juicio de los funcionarios, ese nombre debiese salir desde el interior de la institución y no de profesionales externos.
En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.
La abogada envió una carta de renuncia al presidente de la instancia, Raúl Letelier, donde expuso que su decisión se basaba en motivos personales. La profesional ingresó en 1990 al Consejo y dejó un puesto vacante en el Comité Penal, instancia que decide sobre las querellas del organismo. Será el Presidente Boric quien nombre a su reemplazante.
Raúl Letelier se refirió a la querella interpuesta en contra del ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras y el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, afirmando que los convenios sin garantía y con una fundación sin patrimonio, dificultan la restitución de los dineros.
El titular de Vivienda recalcó, además, que “lo que importa es que quienes cometieron actos irregulares y cayeron en corrupción, respondan al país”.
En su escrito, el Consejo de Defensa del Estado afirma que tales nexos no fueron advertidos a ninguno de los funcionarios del Serviu ni de la Seremi de Vivienda en el marco de la firma de los convenios, lo que sustenta, en parte, la acusación de fraude al Fisco por $391.768.516.
