El CDE acordó en su comité penal presentar una querella debido a los antecedentes que contiene la carpeta investigativa. Sergio Muñoz será formalizado el próximo martes por cometer presuntos delitos de violación de secreto.
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La solicitud surge luego de que la seremi de Desarrollo Social de esa región, Claudia Espinoza, revelara que en las últimas semanas se han realizado cerca de 900 fichas FIBE y que el 95% corresponde a personas que no fueron afectadas.
En la querella, la entidad acusa que la fundación "distrajo y se apropió indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico", los que estarían estipulados en cinco convenios suscritos con la Seremi de Vivienda.
“Nuestro objetivo como ministerio es resguardar el territorio, por lo que si hubo algún tipo de daño, nuestra principal función es revisar si existe algún tipo de intencionalidad”, sostuvo la ministra Sandoval.
A las 9.30 horas está fijada la audiencia donde la exjefa comunal de Maipú y otros exfuncionarios enfrentarán los cargos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, los que se tradujeron en un déficit fiscal cercano a los 31 mil millones de pesos.
Funcionarios de la Municipalidad de Maipú dan cuenta de cómo tras ganar como alcaldesa, la ex figura televisiva -que postuló en un cupo de la UDI- restructuró el funcionamiento del organismo para evitar controles y fiscalizaciones. El 16 de enero será imputada por fraude al fisco reiterado que redundó en un déficit para la comuna de $31 mil millones.
La querella presentada por el organismo acusa directamente a la otrora jefa comunal (IND-UDI) y sus colaboradores de "la realizaron una serie de actos constitutivos de delito que ocasionaron un sobreendeudamiento del municipio en más de 30 mil millones de pesos". La exfigura televisiva enfrentará la próxima semana su formalización en la que se solicitará prisión preventiva. "Las maniobras dolosas desarrolladas permitieron aparentar una solidez financiera que no era tal, rebajando arbitrariamente e ilegalmente el resguardo de recursos a proyectos aprobados por el Concejo municipal y redistribuyéndolos para financiar actividades propias del programa de la exalcaldesa", se lee en el libelo al que accedió La Tercera.
La acción judicial indica que los imputados "habrían participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal y/o de falsedades, ocasionado con ello un enorme perjuicio económico", el cual, de acuerdo a la investigación penal, superaría los $ 30 mil millones. Esto, a pocos días de que la otrora autoridad comunal sea formalizada por la Fiscalía por los mismos cargos.
En la respuesta a la acción judicial presentada por la exautoridad, el CDE descarta que desde la Cancillería hayan incurrido en actos que atenten contra los derechos de la demandante. Sin embargo, desde el organismo acusan a Herrera de actitudes no correspondientes con su cargo y de "perseverar en su interés particular" en desmedro de la lealtad que le debía al país.
Según el consejo, en cuanto al perjuicio, se defraudó al Estado en una suma total de $293.093.681, intentando defraudar, además, en un monto de $110.000.000.
El organismo liderado por Raúl Letelier pidió al Ministerio Público realizar una serie de diligencias en torno a la entidad liderada por Alberto Larraín, y también sobre sobre sus principales directivos. De acuerdo con lo expuesto, se busca determinar dónde se ejecutaron o fueron a parar los dineros que recibió la ONG desde organismos estatales. Se estableció que solo en Antofagasta han sido requeridos para devolver $873.002.500 y no lo han hecho.
Este jueves sesionó la instancia y tras revisar los antecedentes que se tienen a tres semanas de que estalló el caso, los consejeros decidieron emprender acciones legales para perseguir presuntos delitos vinculados a funcionarios públicos.
El Consejo de Defensa del Estado pide que se restituya la suma total de $391.768.516. Desde la fundación afirman que “la demanda del CDE desconoce, prescinde, omite en su cálculo (...) las rendiciones de cuentas realizadas por la fundación por una cantidad total de $97.384.285 ”.
La cartera encabezada por el abogado envió esta semana seis oficios al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicien el proceso de cierre de Kimün, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Fundación Local, Fundación En Ti, Espacio Coigüe y Fundelin. Aquello, como se determinó en el proceso de análisis, porque dichas entidades abusaron del objeto social para el cual se constituyeron.
Tras solicitar la retención de los recursos, se comprobó que la entidad fundada por Alberto Larraín mantenía cero pesos en la cuenta creada para los cuatro convenios que suscribieron con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Pese a eso, el CDE busca alternativas para retener otros bienes y también solicitó al Ministerio Público que indague cuándo se movieron los dineros. Desde Vivienda, en tanto, el ministro Carlos Montes indicó: "Vamos a recurrir a todas las herramientas que nos entrega la ley para recuperar los recursos que han sido mal utilizados por algunos inescrupulosos".
