En un comunicado el Tribunal indicó que los ministros Sandra Álvarez (presidenta), Marcelo Hernández (titular en ciencias) y Alamiro Alfaro (suplente abogado) los que deberán determinar si configura o no el daño ambiental.
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Luego de que el CDE emitiera una solicitud para levantar la medida prejudicial precautoria con la que suspendieron los cobros y la ejecución de la boletas de garantía, Wom decidió avanzar en el proceso de arbitraje en el CIADI.
La medida del CDE busca que la empresa repare el "grave daño ambiental provocado al salar".
Rodrigo Reyes, quien tramitó emblemáticas causas de corrupción en los 22 años que estuvo en el CDE, cuestiona la lentitud con la que ha actuado el organismo que hoy es liderado por Raúl Letelier que aún no adopta decisión de querellarse tal como sí lo hizo el INDH. Asimismo, analiza las conductas que están en juego en un caso que toca a las más altas autoridades del Poder Judicial y adelanta un juicio, ya que según él ve podría haber cohecho en la relación del exjuez Poblete y su amiga la ministra María Teresa Letelier.
El organismo liderado por Raúl Letelier ha presentado siete querellas, nueve solicitudes de disolución contra fundaciones, además de 14 acciones de restitución de fondos.
“La decisión del órgano colegiado se funda en los antecedentes de la carpeta investigativa que dan cuenta de hechos constitutivos del delito de fraude al fisco en perjuicio del gobierno regional", señaló el CDE.
Durante esta semana, ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago se dio inicio a la etapa probatoria en que la abogada solicita se le indemnice por haber sido obligada a dimitir a su cargo de consejera, tras querellas presentadas en su contra y que abrieron investigaciones penales en la época. Estas últimas, todas se encuentran cerradas o sobreseídas. Durante las audiencias se presentaron excompañeros de trabajo de quien fuera ministra de Justicia, y dieron cuenta del ambiente que hubo en el organismo con su arribo y permanencia.
En el escrito el organismo expone una serie de situaciones que justifican la presentación de la acción judicial por la presunta autoría del alcalde de Recoleta en delitos como cohecho y fraude al Fisco.
El Consejo de Defensa del Estado concretó la acción en contra del jefe comunal de Recoleta, a un día de su formalización. En paralelo, el abogado del militante PC, activó una nueva jugada judicial.
Han pasado 24 horas desde el veredicto absolutorio dado a conocer este lunes 13 a favor del excomandante en jefe Juan Miguel Fuente Alba y su esposa, declarados inocentes de los cargos por lavado de dinero en los que la Fiscalía pedía 15 años de cárcel. Los acusadores, en los que está incluido el CDE, aún no salen del asombro de la batería de críticas que hubo respecto a la dirección de la indagatoria por parte del Ministerio Público y la deficiente calidad del peritaje contable desarrollado por la PDI. La resaca judicial aún resuena por los pasillos de tribunales, y no pocos buscan en qué punto falló la persecución penal de un caso que se inició hace una década.
Esto luego de que el Presidente Boric anunciara durante la jornada que el gobierno recurriría a esta instancia para que se hiciera parte en la investigación de la colusión de empresas en el mercado del gas industrial y hospitalario entre 2019 y 2021.
En un recurso en el cual apunto a la legalidad de lo decidido por el Tribunal Oral de Arica, el CDE solicitó a la Suprema revocar la comparecencia presencial de los 38 imputados en la audiencia, como lo falló la Corte de Apelaciones. Esto, con anterioridad a que el máximo tribunal decidiera suspender el juicio remoto para analizar la factibilidad de un juicio presencial.
El presidente de la institución responde las críticas que recibió por parte del alcalde Daniel Jadue (PC) -que lo acusó de operar en su contra al ser cercano al Frente Amplio- y aborda los logros que expuso esta semana en su cuenta pública. Uno de ellos, dice, es la creación de la Unidad Especializada en Corrupción de Alta Complejidad y Comiso.
La cifra es de casi 11 billones de pesos.
Aunque la petición aún no es presentada formalmente, Raúl Letelier confirmó a La Tercera que insistirán en conocer todas las conversaciones que pueden estar vinculadas a ilícitos. "Si en esas conversaciones hay rasgos de delito, nosotros tenemos que tener conocimiento y acceso a eso", comentó. Además aseguró que no tienen interés en conversaciones de índole personal o que se alejen del ámbito penal, ya que "no es su trabajo" revisar esa información.
