En el escrito el organismo expone una serie de situaciones que justifican la presentación de la acción judicial por la presunta autoría del alcalde de Recoleta en delitos como cohecho y fraude al Fisco.
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El Consejo de Defensa del Estado concretó la acción en contra del jefe comunal de Recoleta, a un día de su formalización. En paralelo, el abogado del militante PC, activó una nueva jugada judicial.
Han pasado 24 horas desde el veredicto absolutorio dado a conocer este lunes 13 a favor del excomandante en jefe Juan Miguel Fuente Alba y su esposa, declarados inocentes de los cargos por lavado de dinero en los que la Fiscalía pedía 15 años de cárcel. Los acusadores, en los que está incluido el CDE, aún no salen del asombro de la batería de críticas que hubo respecto a la dirección de la indagatoria por parte del Ministerio Público y la deficiente calidad del peritaje contable desarrollado por la PDI. La resaca judicial aún resuena por los pasillos de tribunales, y no pocos buscan en qué punto falló la persecución penal de un caso que se inició hace una década.
Esto luego de que el Presidente Boric anunciara durante la jornada que el gobierno recurriría a esta instancia para que se hiciera parte en la investigación de la colusión de empresas en el mercado del gas industrial y hospitalario entre 2019 y 2021.
En un recurso en el cual apunto a la legalidad de lo decidido por el Tribunal Oral de Arica, el CDE solicitó a la Suprema revocar la comparecencia presencial de los 38 imputados en la audiencia, como lo falló la Corte de Apelaciones. Esto, con anterioridad a que el máximo tribunal decidiera suspender el juicio remoto para analizar la factibilidad de un juicio presencial.
El presidente de la institución responde las críticas que recibió por parte del alcalde Daniel Jadue (PC) -que lo acusó de operar en su contra al ser cercano al Frente Amplio- y aborda los logros que expuso esta semana en su cuenta pública. Uno de ellos, dice, es la creación de la Unidad Especializada en Corrupción de Alta Complejidad y Comiso.
La cifra es de casi 11 billones de pesos.
Aunque la petición aún no es presentada formalmente, Raúl Letelier confirmó a La Tercera que insistirán en conocer todas las conversaciones que pueden estar vinculadas a ilícitos. "Si en esas conversaciones hay rasgos de delito, nosotros tenemos que tener conocimiento y acceso a eso", comentó. Además aseguró que no tienen interés en conversaciones de índole personal o que se alejen del ámbito penal, ya que "no es su trabajo" revisar esa información.
Autoridad, sin embargo, insistió en que el denominado “criterio Tohá” solo aplica a funcionarios de la administración central que hayan sido nombradas por el Presidente. El PC, en tanto, volvió a cerrar filas con Daniel Jadue.
El fallo sostiene que no se encontraron “hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República", como argumentaba el abogado Mario Vargas.
El jurista acusa que la entrega de las conversaciones constituiría una vulneración a sus garantías constitucionales de “igualdad ante la ley”, “respeto y protección a la vida privada” y la “inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada”. Asimismo, apunto contra el CDE por no tener competencias en investigar y contra la Fiscalía por las filtraciones del caso.
El legislador defendió la acción judicial presentada por el CDE en contra del militante comunista y afirmó que "acá el presidente del CDE (Raúl Letelier) no se querella en una causa de manera unilateral, o por un capricho o por una supuesta operación política”.
"Son declaraciones que no se compadecen ni con las instituciones involucradas, ni con los hechos que ha indicado el Ministerio Público", aseguró el titular de Justicia.
“No quiero entrar en una polémica sobre un tipo de acusación de esa envergadura, no es nuestro interés polemizar respecto a eso", indicó la vocera de gobierno luego de que el alcalde de Recoleta indicara que “hay tráfico de influencias” que provendría de sectores "aliados" en la determinación de someterlo a un proceso judicial por presuntos delitos de corrupción.
Alcalde de Recoleta indicó que con el caso que lo involucra se buscaría impedir que levante una nueva candidatura. "Uno podría decir, ¿quién podría estar interesado? ¿La derecha? Bien, pero también podría haber otros interesados, incluso dentro del conglomerado”, agregó. Además acusó al presidente del CDE de prejuzgarlo, y señaló que "es frenteamplista y parece ser bastante cercano a las más altas esferas de gobierno”.
