A raíz de una denuncia presentada por un grupo de concejales, el ente fiscalizador determinó que la administración de Daniela Peñaloza no justificó la contratación directa de un estudio de abogados para realizar una auditoría al proceso de adquisición de inmuebles para construir el nuevo Cesfam. Además de eso, y basándose en la justificación del trato directo, no correspondía que los abogados contratados subcontrataran a otros para realizar dicho informe, en el cual se descartaron posibles delitos. A raíz de esto último se ordena el proceso administrativo. La alcaldesa, por su parte, defendió el servicio prestado, que además fue enviado al ente fiscalizador y a la Fiscalía como insumo.