Los tres sujetos fueron derivados a hospitales de alta complejidad y se encuentran esperando un trasplante hepático.
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En medio de la investigación por la compra del Cesfam, el Ministerio Público solicitó el alzamiento del secreto bancario de ocho personas, incluida la jefa comunal UDI.
El registro fue captado en el centro de Salud de Villa Prat de la región del Maule, según el Administrador municipal de Sagrada Familia, Rodrigo Olivares, ya se encuentran implementando medidas para erradicar la plaga.
A raíz de una denuncia presentada por un grupo de concejales, el ente fiscalizador determinó que la administración de Daniela Peñaloza no justificó la contratación directa de un estudio de abogados para realizar una auditoría al proceso de adquisición de inmuebles para construir el nuevo Cesfam. Además de eso, y basándose en la justificación del trato directo, no correspondía que los abogados contratados subcontrataran a otros para realizar dicho informe, en el cual se descartaron posibles delitos. A raíz de esto último se ordena el proceso administrativo. La alcaldesa, por su parte, defendió el servicio prestado, que además fue enviado al ente fiscalizador y a la Fiscalía como insumo.
Se estima que el recinto de salud será inaugurado en 2025.
El expediente del caso, que hasta hoy se mantenía bajo reserva, da cuenta de dos declaraciones clave para el Ministerio Público del jefe de control de la Municipalidad de Las Condes y el exjurídico, quienes indican todos los cuestionamientos que hubo en el proceso que llevaron a la administración a pagar, según denuncian los concejales, un alto precio por la cuestionada "casa 10", operación en la que intermedió la empresa Vulcon, la que hoy también está en la mira de las pesquisas por delitos de fraude al Fisco y eventual cohecho.
Órgano contralor emitió un informe donde indica que hay complejas inconsistencias y faltas a la probidad en la adquisición de un terreno. Entre ellas, incluso, que no fue posible comprobar la existencia de un proyecto propiamente tal.
Tras recibir una serie de denuncias por eventual pago de sobreprecio en la adquisición de un paño para la posterior construcción de un Centros de Salud Familiar, el organismo encabezado por Jorge Bermúdez advirtió una serie de falencias y descontrol en las gestiones encabezadas por la alcaldesa Daniela Peñaloza. Por lo mismo, ordenaron un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas y remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado ante eventuales delitos de fraude al fisco. Una vez conocido el dictamen del órgano contralor, Peñaloza aseguró que "ratifica que las medidas que hemos tomado como municipio y yo como alcaldesa van en la línea correcta”.
En el informe se critica, tanto la contratación de los servicios de AZ, como también el fondo de las pesquisas realizadas. "El documento materia de este análisis no aporta nuevos antecedentes e incluso podría afectar los procesos administrativos o judiciales que se están llevando a cabo, dado que se limita a emitir juicios de valor, sin estar suficientemente fundamentados", se lee en el informe. En municipio, en tanto, retruca que "esta contratación fue visada por la dirección de Control".
De los 19 centros de salud afectados, 15 están en Maule. Y en ese contexto, la cirujano dentista Marta Caro cuenta que sus mayores preocupaciones son las personas aisladas, ya que la mayoría no tiene acceso a tratamientos ni medicamentos.
A través del sitio web, las personas pueden ingresar una solicitud en distintos Centros de Salud Familiar del país, sin la necesidad de ir de forma presencial al recinto.
Con menos de un año de antigüedad en el corretaje de propiedades, una de las compañías encargadas de adquirir los terrenos e inmuebles para la instalación del tercer Centro de Salud Familiar de la comuna administrada por Daniela Peñaloza (UDI), está hoy bajo la lupa del Ministerio Público, que este jueves allanó el municipio. Todo esto, tras la denuncia presentada por los ediles que alertaron presuntas irregularidades e ilícitos en esta adquisición. Según su denuncia, la empresa obtuvo un pago de sobreprecios, y sostienen que habría existido ocultamiento de información por parte de la alcaldía.
De acuerdo con antecedentes del caso, los efectivos policiales habrían requisado equipos computacionales de funcionarios municipales. El caso se inició a raíz de una denuncia estampada por los concejales Catalina San Martín, Patricio Bopp, Leonardo Prat y Sergio Melnick.
El show de una bailarina de twerk al interior de un consultorio familiar de Talcahuano generó distintas reacciones. Incluso el alcalde de Talcahuano instruyó un sumario administrativo. Acá, dos instructoras explican en qué consiste el twerking y qué significa para quienes lo practican.
Conoce los detalles sobre la inscripción de usuarios que no pertenecen al Fondo Nacional de Salud a la Atención Primaria Universal.
