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Tras conocerse los hechos, el gobierno ingresó durante esta mañana una denuncia en el Ministerio Público contra el presidente del directorio del recinto asistencial por apropiarse indebidamente de una dosis de vacuna de Pfizer. "Gil habría realizado acciones directas destinadas a asegurar la impunidad de su actuar, consistentes en presentar un certificado médico, de fecha 5 de julio de 2021, dos días después de que ya había exigido la inoculación a su respecto con tercera dosis", se señala en el escrito.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana confirmó el inicio de un sumario a Clínica Las Condes por aplicar una tercera dosis de vacuna contra el Covid al presidente del directorio de la compañía, Alejandro Gil. El caso provocó la renuncia de la jefa de los Servicios Ambulatorios, Leticia Ortiz, que mantenía 15 años de experiencia en CLC.

La Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile presentó una medida prejudicial en contra de CLC, porque la compañía no habría entregado una serie de dividendos no cobrados, como lo establece la Ley de Sociedades Anónimas. Se trata de un conflicto más para la sociedad, que no solo se enfrenta a sus exejecutivos en tribunales, sino que también ha presentado acciones legales en contra de medios de comunicación y anunció una arremetida en contra del Estado por las atenciones médicas no pagadas durante la pandemia.

Frente a las demandas laborales de despido injustificado que han presentado sus extrabajadores, CLC lanzó una arremetida legal asegurando que "no ha pagado suma de dinero alguna por tales atenciones, provocando con ello que empeorara la grave crisis financiera de CLC presentada durante los años 2019 y 2020”. Mientras, el recinto médico privado —por expresa petición de su presidente— acaba de nombrar a un nuevo jefe de Urgencias. Se trata de Sebastián García Bacchiega, hermano del actual gerente general.

Querellas contra exgerentes, amenazas al Estado, acusaciones de hostigamiento y una seguidilla de renuncias y desvinculaciones. Un año y medio lleva Alejandro Gil al mando de la Clínica Las Condes. Y si bien sus números han mejorado, hoy el establecimiento destaca por sus conflictos. La compañía hoy no tiene director médico y el gerente general es el cuarto en 18 meses. El ambiente es tenso; mientras sus competidores se desmarcan de una de las mayores clínicas del país, las autoridades los llaman a terreno.

En una carta enviada a las autoridades de la cartera sanitaria, Clínica Las Condes acusó al coordinador de camas críticas de la red público-privada, Luis Castillo, de exceder sus facultades con actuaciones ilegales y arbitrarias, y ejercer presiones abusivas a funcionarios y ejecutivos. En su respuesta, el ministro de Salud y el subsecretario de Redes Asistenciales defendieron el actuar de Castillo y afirman que, cumpliendo su labor, ha promovido el aumento de camas críticas "en las instituciones públicas y privadas, sin distinción alguna". Asimismo, recalcan que "el actuar del ministerio ha estado enmarcado en el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes".

El gerente general envió una carta al ministro de Salud, Enrique Paris, para denunciar lo que calificó como actos contrarios a la probidad administrativa, del coordinador de camas críticas del Minsal.

El problema había surgido porque un grupo de médicos propuso al abogado socio de Guerrero y Olivos, Juan Enrique Allard, como director independiente de cara a la junta ordinaria de accionistas que realizará la clínica el próximo 26 de abril. Esta los había asesorado en una disputa anterior.

Desde la administración estiman que no hay independencia en la candidatura del abogado y esperan que así pueda manifestarlo la CMF.

Luego de una reunión "profunda e intensa" de los máximos ejecutivos de CLC con el subsecretario de Salud, Albergo Dougnac, y el encargado de las camas de urgencia en la pandemia, Luis Castillo, el recinto privado se comprometió a realizar mayores esfuerzos para habilitar camas para pacientes críticos: llegarían a 80. La situación denota un cambio de actitud de una clínica que ha mantenido una disputa pública con el Estado por el presunto no pago de atenciones a pacientes con coronavirus.

Clínica Las Condes y Red Salud –de la Cámara Chilena de la Construcción (ILC)- terminaron con pérdidas de $5.812 millones y $5.264 millones, respectivamente. Clínica Indisa, con un desplome de 70% en sus utilidades hasta $3.500 millones. Sin embargo, el cuarto trimestre mostró una fuerte mejora.

En un correo interno la agrupación que reúne a los doctores de Clínica Las Condes cuestionó duramente el despido del médico cirujano José Giordano, el infectólogo Ricardo Espinoza y el urólogo Norman Zambrano. "La carta recibida por el doctor Giordano es una afrenta para cada médico de CLC, es una humillación", sostuvo el comité ejecutivo.

Su estado de salud es una incógnita, pero en su entorno descartan que haya contraído el coronavirus. Acciones del holding y de su brazo de centros comerciales, Cencoshopp, abrieron al alza.

Esto ocurre, luego de que el 14 de enero CLC anunciara acciones legales contra el Fisco por el incumplimiento de Fonasa en el pago de las prestaciones asociadas a los pacientes Covid-19.

Desde la pandemia, en Clínica Las Condes 345 pacientes con examen positivo se han hospitalizado por SARS - CoV -2 y en Fonasa insisten en que han cumplido con todas sus obligaciones y está a la espera de que CLC firme el contrato. Sin embargo, al no firmarlo el recinto privado no puede recibir ningún fondo del Estado, pues de hacerlo estaría incumpliendo la normativa vigente de la Contraloría General de La República.