La justicia determinó que el recinto privado debe pagar más de seis millones de pesos por los gastos en que debió incurrir en su defensa el ejecutivo que fue querellado por la clínica. La inusual cifra se debió a que los jueces determinaron que no había motivos para emprender las acciones judiciales que, además, dañaron la reputación del profesional.
El médico que denunció a CLC por la aplicación y cobro de medicamentos genéricos durante su quimioterapia por el cáncer de médula ósea que padece, reveló que la Superintendencia de Salud resolvió reabrir el proceso de fiscalización extraordinario en contra del recinto médico. Ello a pesar de que inicialmente el regulador había concluido que “no se evidencia que haya existido una eventual vulneración de los derechos del paciente”.
El grupo controlador aseguró cinco posiciones, más un independiente al que apoyan. Alejandro Gil se reeligió e incorporó a su grupo al abogado Emilio de Ioannes, asesor de Auguri. El segundo accionista de CLC, Segundo Gómez, reelegió a su actual director Christian Traeger, y sumó al jurista Juan Enrique Coeymans. Los doctores, en tanto, pusieron en la mesa de nueve integrantes a Marco Arancibia, quien obtuvo un 12,8% de los sufragios, la más alta votación de la elección.
Operaciones por más de $ 1.200 millones con la compañía de construcciones modulares Spacewise tienen al presidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, bajo el radar de la CMF. Accionistas minoritarios de CLC presentaron una denuncia y se activaron las primeras diligencias. Spacewise -ligada a un primo de Gil- hoy está a cargo de la ampliación del centro médico de Chicureo y de Lo Fontecilla, lo que ha sido cuestionado por los directores independientes de la compañía.
El médico Herbert Spencer entró al directorio de CLC en julio. “Ha sido una experiencia ingrata e insatisfactoria”, dice sobre este breve período. El controlador de CLC pidió revocar la mesa y reelegir a sus nueve integrantes en una junta que se hará el 19 de octubre. “Voy a repostular”, dice el profesional de 75 años, quien tiene una buena opinión de la gestión del presidente de CLC, Alejandro Gil, pero no de su estilo. “Le cuesta aceptar una opinión diferente y la crítica le viene muy mal”, afirma.
Una acción de tutela laboral, que busca el pago de casi $ 110 millones, presentó la exjefa a cargo del vacunatorio de Clínica Las Condes, quien fue desvinculada por informar sobre la aplicación de una tercera dosis de inyección contra el Covid que benefició al presidente del recinto médico, Alejandro Gil. En el documento la profesional entregó a la justicia un relato pormenorizado sobre los hechos y que revelan el miedo de las profesionales ante la autoridad del recinto asistencial privado.
Clínica Las Condes apeló en contra de la resolución que decretó el sobreseimiento de su exgerente general Freddy Jacial. El recinto médico privado decidió no hacer lo mismo en el caso del también exalto ejecutivo Jaime Hagel. La abogada del primero calificó la apelación en contra de su cliente como “pobre” e insistió en que no hubo administración desleal.
La compañía respaldó la aplicación de medicamentos genéricos en el tratamiento de un paciente con cáncer de médula ósea. El caso salió a la luz pública luego de que su médico tratante renunciara al enterarse que sus pacientes estaban recibiendo este tipo de remedios, pese a haber acordado el pago de fármacos originales. En paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al prestador privado que coordine y financie el tratamiento oncológico del paciente en la Clínica Santa María.
El Consejo de Defensa del Estado presentó sus descargos frente a la millonaria demanda de Clínica Las Condes por atención de pacientes Covid. En su presentación, acusó al recinto médico de pretender mostrarse como una víctima de una supuesta “requisición de servicios, institución con registros históricos inmediatos solo en la Unidad Popular o en la Dictadura”. Además, pidió que la clínica exhiba sus libros contables.
Tribunal ordenó pagar millonarias indemnizaciones a un grupo de 36 extrabajadores del recinto médico privado. Se trata de personas que estaban acogidas a un convenio de resguardo en sus domicilios durante la emergencia sanitaria debido a que pertenecen a los grupos de mayor riesgo, como embarazadas, tercera edad, con enfermedades de base, y que cumplían labores administrativas.
Sumario sanitario determinó que, además, el director médico de la institución, Rodrigo Mardones, deberá pagar cerca de $ 8 millones por su responsabilidad en el hecho.
El pasado 22 de julio, el recinto médico de salud privado contestó a la demanda laboral que presentó uno de sus seis sindicatos que solicita mayor seguridad en el transporte de pacientes. En su contestación CLC sostuvo destacó que la mantención mecánica a sus ambulancias la realiza periódicamente Kaufmann. Esto luego que uno de sus vehículos de emergencia perdiera una rueda en medio de un procedimiento camino a Chicureo. Mientras, una enfermera presentó una denuncia por acoso laboral y sexual en contra de la compañía. La joven se encuentra con licencia médica por estrés post traumático.
El indicador se incrementó inusualmente por un gran factor: la disputa con Fonasa por las atenciones prestadas, y aún no pagadas, a pacientes Covid por la pandemia.
Ante la propuesta, el presidente Nacional de Bomberos de Chile, Raúl Bustos, explicó que “ese es un ofrecimiento que no finiquita sus obligaciones para con el cumplimiento de la Ley ni menos para Bomberos de Chile, sino más bien para solucionar un trámite judicial que enfrentar la clínica".
En los primeros seis meses del año CLC, controlada por el grupo Auguri -liderado por la Cecilia Karlezi-, registró una utilidad de $14.831,5 millones, lo que se compara con pérdidas por $10.297,1 millones en igual periodo del año pasado. No se constituyeron provisiones por riesgo de pérdida sobre los montos adeudados por Fonasa.
