Fueron siete horas en que la fiscal Nadia Espinoza formalizó a siete imputados, entre los que está el jefe comunal César Figueroa; el director de Salud del mismo municipio, Krysler Monroy; el empresario chillanejo Rodrigo Carmona y su colaborador y operador político, Rodrigo Sandoval. La persecutora decretó el secreto de la investigación.
Los ilícitos se habrían perpetrado en el marco de dos procesos de licitación realizados al interior del municipio liderado por César Figueroa desde noviembre del año 2022. La audiencia de formalización quedó fijada para el martes 18 a las 11.30 horas.
La Fiscalía Centro Norte formalizó a un cabo primero de Carabineros. Se le atribuyó haber recibido una coima para no cursar un parte a un conductor, quien posteriormente le pagaba una comisión por ayudarlo a negociar cigarros contrabandeados con un locatario chino en el barrio Meiggs. Además, el funcionario policial recibía dinero de parte de la dueña de una discoteque en la cual él realizaba labores de protección, incluso mientras estaba de turno en su comisaría.
Un tercer detenido -funcionario en retiro- quedó con las cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados en la causa. Se decretaron 100 días para la investigación.
La indicación fue aprobada por 11 votos a favor, siete en contra y una abstención. La norma, que pasará al pleno para su discusión, busca eliminar de la actual Constitución el artículo 81 que establece este derecho especial que actualmente tienen los magistrados. Asimismo, se visó la indicación que establece la responsabilidad de los jueces y juezas por los delitos de cohecho y administración torcida.
Un informe de la institución al que accedió La Tercera plantea que el jefe comunal no está confinado por padecer coronavirus, pero que sí está viviendo un cuadro de influenza. El informe médico refuta, en parte, lo señalado por su defensa en el día de ayer, que adujo que el exmilitante PS había dado positivo en su examen de PCR. Hoy, uno de sus abogados explicó que fue "un error" y no solicitarán un nuevo aplazamiento de la audiencia de formalización por delitos de corrupción que quedó pendiente.
Hasta la medianoche de este lunes tenía como plazo máximo la empresa para presentar un recursos de nulidad y pedir la realización de un nuevo juicio. Sin embargo, Corpesca decidió no hacerlo y aceptar la resolución judicial.
En total, Ramón Sepúlveda emitió 10 boletas por $ 25,9 millones entre 2017 y 2020. El abogado afirma que los pagos corresponden a representaciones judiciales al dueño de Itelecom en dos causas penales. “Jamás se me pasaría por la cabeza ofrecer dinero a Daniel Jadue”, afirmó en una declaración.
Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017 y que reside actualmente en Bélgica, fue condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho.
Indagatoria buscaba dilucidar si empresas ligadas al rubro pesquero en la región financiaron campañas políticas, en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca.
Se pone de manifiesto la incredulidad de que, tras 17 años de aprobación de la Convención en contra del Cohecho Transnacional, una arista del Caso Fragatas ha sido el único caso de corrupción transfronteriza que se ha acreditado.
El planteamiento buscaba reponer en el debate un nuevo tipo penal, con el fin de evitar que para que se configure ese delito, necesariamente, deba comprobarse una contraprestación como consecuencia del pago recibido por el funcionario público, como ocurre actualmente.
En primer lugar se menciona cuando en agosto de 2010 remitió al ministro de la Segpres de la época la propuesta de redacción del proyecto de ley de royalty que, a su vez, le había enviado el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse. Una propuesta -dice la fiscalía- que fue recogida e incorporada al proyecto que el gobierno envió al Congreso.
Fundación Ciudadano Inteligente sostiene que iniciativa que revisa comisión mixta no implicará un cambio significativo en materia de corrupción.
Ministro de Justicia, Hernán Larraín, asistirá hoy a la comisión mixta que revisa los cambios al Código Penal en materia de delitos funcionarios.
