Se trata de dos inspectores que fueron aprehendidos por el Departamento de Asuntos Internos en el marco de una investigación que lidera la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
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El abogado habría solicitado coimas entre agosto y septiembre del 2023. Según el Consejo de Defensa del Estado, se trataría del primer caso en que un defensor público se ve involucrado en una situación de esta naturaleza.
Adicionalmente, el jefe comunal –quien también está siendo investigado por la Fiscalía- se sumó a la acción penal dirigida contra cuatro concejales de la comuna por el delito de cohecho, quienes habrían ofrecido a una empresa el servicio de aparcadero municipal, cuya licitación pública estaba siendo planificada en aquel momento.
El sujeto, al momento del control policial, ofreció el dinero a personal policial, pidiendo que lo dejaran ir debido a que tenía supuestas reuniones de negocios.
Hugo Guzmán (Ind.-RD), Emerson Avendaño (Ind.-PEV), María del Carmen Orueta (RN) y Valentina Cáceres (PEV) prestaron declaración ante la policía luego de que una empresa se querellara en su contra después que los ediles, según denuncia la compañía, les hayan exigido tener contacto para poder ganar una licitación.
El cabo segundo y el suboficial pertenecientes a la Novena Comisaría de Independencia fueron formalizados por el delito de cohecho. Según el testimonio de la víctima, llevaban cerca de ocho meses cobrándole por "no fiscalizarla".
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Según fuentes del caso, los imputados -que fueron aprehendidos por detectives de la PDI- exigían dinero al dueño de un local para no cursarle multas ni fiscalizarlo.
Susan Alarcón (RN), que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, fue formalizada por los delitos de fraude al Fisco reiterado y cohecho, luego de que se evidenciara que favoreció a las fundaciones Folab y Educc en la adjudicación de dineros y recibiera una retribución económica por tales ayudas.
El titular de Justicia valoró las investigaciones anunciadas por la Fiscalía y el SII, además de la del Colegio de Abogados, a raíz del audio revelado por CIPER donde el penalista junto al empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos discuten acerca del pago de coimas a funcionarios públicos.
El jefe comunal de Recoleta fue requerido para entregar su testimonio ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación por el presunto pago de coimas a la firma que durante la pandemia proveyó de insumos a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) a cambio de una "donación" al PC comunal.
El funcionario recibía dinero por parte de un grupo de internos para la comisión de los delitos. Los reclusos también fueron condenados por soborno, sumando días de condena y pago de multas.
Óscar Orlando Doussang Jara, quien se desempeñaba como “chofer y acompañante" del representante de Best Quality SPA que se autodenunció ante el Ministerio Público, reconoció haber presenciado el momento en que el jefe comunal pidió "una bonificación" a la empresa. Según relató, además, fue él mismo quien llevó los productos que se "donaron" hasta la sede del Partido Comunista ubicado en Recoleta.
Un caso que se inició con acusaciones de estafa por parte de un proveedor de mascarillas contra Achifarp dio un giro tras la revelación de que Jadue solicitó una donación fuera de contrato para el PC. Fiscalía y CDE entraron en etapa decisiva para imputar al edil.
La aprehensión se enmarca en la "Operación Columbia ll", la cual también permitió la incautación de diversas evidencias tras el allanamiento a ocho viviendas.
Fueron siete horas en que la fiscal Nadia Espinoza formalizó a siete imputados, entre los que está el jefe comunal César Figueroa; el director de Salud del mismo municipio, Krysler Monroy; el empresario chillanejo Rodrigo Carmona y su colaborador y operador político, Rodrigo Sandoval. La persecutora decretó el secreto de la investigación.
